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EL JUEZ ACAYRO OBLIGA AL AYUNTAMIENTO A LA REPETICIÓN DEL PLENO PARA LA APROBACIÓN DE LA RECALIFICACIÓN DE LA FÁBRICA DE ANCHOAS LOLÍN CON EL PESO DE RESPONSABILIDADES PENALES PARA LOS CONCEJALES QUE VOTEN EN CONTRA

El próximo lunes, 4 de mayo, se celebrará en el Ayuntamiento de Castro Urdiales el primer pleno tras la declaración del estado de alarma hace seis semanas. Quizás esto no sea digno de atención, pero resulta llamativo que este primer pleno telemático de la historia de la ciudad lo sea para resolver la aprobación del Modificado nº 23 del Plan General, es decir, una cuestión de la “máxima urgencia” para la población de Castro Urdiales, y que este pleno sea el segundo en el que se trata el mismo asunto (la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU) que ya había sido rechazada por falta de la mayoría para aprobar el Modificado y con ello la recalificación de la fábrica de anchoas Lolín. En aquel pleno de 4 de febrero de este año el Modificado no había obtenido la mayoría absoluta necesaria (11 concejales) a pesar de los votos afirmativos de sus valedores, CastroVerde y El PRC (3 + 5 concejales), debido a la abstención de los seis concejales del PSOE y de los dos de Ciudadanos, y el voto en contra del único concejal de Podemos. El sexto concejal ausente del PRC, el dueño de la empresa Anchoas Lolín, Jesús Gutiérrez no asistió al pleno al tener interés directo en el asunto en cuestión. Tampoco comparecieron los tres concejales del PP.

El asunto parecía estar resuelto, pero poco tiempo después, el 6 de marzo, aparece en escena el juez Acayro Sánchez y dicta un auto que podríamos calificar como “pintoresco” si no fuera por los intereses que hay en juego en este asunto que, ahora, ya trascienden la mera recalificación de la fábrica de Anchoas para cuestionar los acuerdos que toma el órgano representativo de la democracia local. Un caso inaudito en la democracia española.

El dueño de la fábrica de Anchoas Lolín, portavoz del PRC en el Ayuntamiento y líder de la formación en Castro Urdiales, decide impugnar el pleno, pero sorprendentemente no lo hace yendo por la vía contenciosa contra el acuerdo plenario, sino presentando un incidente de ejecución de una sentencia trece meses anterior que resolvió un recurso contencioso contra el Ayuntamiento que presentaron los dueños del supermercado DIA que se encuentra frente a la fábrica de anchoas. Debe aclararse que aquella sentencia, dictada por Acayro, no lo era contra la aprobación del Modificado del PGOU sino contra la aprobación definitiva del convenio urbanístico en el que se decidió que el Ayuntamiento debería a tramitar el Modificado. (Hago un paréntesis para explicar que el famoso convenio Lolín fue ya tramitado con el compromiso por parte del Ayuntamiento de la redacción de la memoria urbanística; la aprobación inicial del modificado nº 2 del PGOU; el trámite de información pública; la aprobación provisional; y cuando se sometió a aprobación definitiva con otro gobierno municipal, tras las elecciones de mayo de 2019, no obtiene la mayoría absoluta necesaria que exige la legislación para aprobar un instrumento urbanístico). 

Con la desestimación de aquella sentencia y la ratificación del convenio para seguir el trámite urbanístico ya se dio satisfacción a la parte demandada, por lo tanto es un disparate exigir en un incidente de ejecución de sentencia que se apruebe definitivamente el Plan General cuando ese plan ya ha sido rechazado. ¿Si el convenio ya se ha tramitado cumpliendo con las cláusulas que comprometían al Ayuntamiento, qué razón hay para solicitar una ejecución de sentencia de un procedimiento, el del convenio, distinto al del trámite urbanístico? Hay una razón que lo explica y ella tiene que ver con la irrupción en escena del juez Acayro, llamado a ser el actor principal para sacar adelante este Modificado nº 23.

El juez Acayro alimenta su posición señalando en su auto que el Ayuntamiento debió no solo tramitar el Modificado, sino aprobarlo, independientemente de que tras las últimas elecciones se produjera un cambio en el equipo de gobierno y en la representación política municipal. Si esto es así, la potestad municipal de planificar el urbanismo no sería el resultado de las deliberaciones en el pleno, de los informes técnicos, del trámite de información pública, o del cambio de criterio en cómo planificar la ciudad. La potestad municipal debería quedar sacrificada por la decisión de un juez, que reclama insistentemente con los dueños de la fábrica el cumplimiento de aquel convenio. Un auténtico disparate. El disparate es aún mayor toda vez que el juez afirma que la posición del nuevo Ayuntamiento es arbitraria, y cuestiona el propio informe de la secretaria municipal en el que se señala que el Ayuntamiento no puede aprobar el Modificado porque el dueño de la fábrica no cumplió la parte que le compromete en el convenio, aquella que decía que debía demostrar que el promotor adquiere una propiedad en el polígono industrial de Vallegón para proceder al traslado de la fábrica y con ello salvaguardar los puestos de trabajo. También se señala en este informe de la secretaria que la zona es inundable y por tanto no podría darse licencia urbanística al nuevo centro comercial que suplantaría la vieja fábrica de anchoas. Esta fue la argumentación expuesta por los concejales que decidieron no aprobar definitivamente el Modificado sobre los que el juez advierte en su auto de responsabilidades penales y multas coercitivas si impiden la aprobación del convenio que, según Acayro, debe significar la aprobación del Modificado. (Abro un segundo paréntesis para decir que los grupos políticos y concejales díscolos con este Modificado siempre mantuvieron una posición contraria o abstencionista, ya fuera en fase aprobación del Convenio, ya lo fuera en fase de tramitación del Modificado; es decir, en las cinco veces que han podido posicionarse nunca votaron a favor de esta operación urbanística que solo ha salido adelante con los único votos de PRC y CV).

El pleno se celebrará el lunes 4 de mayo, después de un insistente trasiego de recursos del Ayuntamiento y autos desestimatorios, el último con la amenaza explícita de multar a la alcaldesa con 1000 euros diarios si no se celebra el pleno. La gran paradoja es que a pesar de la celeridad en resolver por parte del juez Acayro, con varios autos y providencias que reclaman la obligación de convocar y celebrar el pleno a pesar del estado de alarma, el recurso contra el primer auto que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria duerme confinado. ¿Qué pasaría si el TSJC resuelve declarar nulo el auto del juez Acayro mientras el Ayuntamiento acuerda una decisión diferente de la tomada en aquel pleno, es decir, aprobar el Modificado? ¿Por qué tiene que celebrarse un pleno en cumplimiento de un auto de un juez que ha sido recurrido al TSJC?

El lunes, 4 de mayo, a las 12, los concejales deberán ratificar telemáticamente el carácter extraordinario del pleno, y seguramente lo harán, impelidos por el mandato del juez. En el segundo punto del orden del día tendrán que aprobar las normas de procedimiento telemático del pleno, condición para que éste sea válido. Y en el tercer punto se somete, por segunda vez, la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU.

Ignoro lo que harán los concejales, pero este es un caso de conciencia y de inteligencia política que les somete al dilema de sus vidas políticas, en el que el asunto urbanístico queda ya en un segundo plano. La cuestión es si su voto, es el resultado de su voluntad y de sus convicciones o bien es el resultado de la coacción impuesta por un juez[1]. Puede que a algunos lectores les parezca muy fuerte que hable de “coacción”, pero es que es muy fuerte lo que está aconteciendo, y no puede entenderse el auto del juez sino como una imposición contra la propia voluntad de los concejales, so pena de responsabilidades penales y administrativas. Se ha llegado a augurar que algunos concejales podrían cambiar su voluntad de abstenerse o de votar en contra del Modificado, y voten a favor por “imperativo del juez” lo que nos coloca en una situación tan inédita como estrafalaria. Imagino que los concejales, que siempre mantuvieron su posición contraria o abstencionista, estarán bien asesorados y sepan que su voto es tan legal y coherente como cualquier otro, y debe ser emitido sin otro impedimento que el que les dicta su razón.

Como decía al principio, la recalificación de la fábrica de anchoas ha entrado en un proceso que va más allá de la operación urbanística y sus consecuencias para la ciudad. Esto ya no va de Urbanismo, esto va de Democracia. Se cuestiona el propio funcionamiento democrático de las instituciones municipales en la que los representantes de la soberanía popular ejercen su voluntad política libremente expresada.

Juantxu Bazán

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[1] Acepciones de la palabra COACCIÓN que da la RAE:

1. Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad.
2. Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción.

La federación de industria de Comisiones Obreras de Cantabria ha entrado en el escenario del Convenio Urbanístico y Modificación del Plan General de la fábrica de anchoas Lolín “exigiendo a los políticos que pongan toda la carne en el asador y se impliquen para aclarar la situación, desatascar el problema y velar por el futuro de las 50 familias que trabajan en la conservera”. El desatasco según el sindicato implica la “la materialización del convenio”, es decir, su aprobación, y si no se busquen alternativas para conservar los puestos de trabajo.

Hace bien Comisiones Obreras en ocuparse y preocuparse del futuro de los puestos de trabajo de Conservas Lolín. Esa es su función. Ojalá todos los participantes en el affaire para recalificar la fábrica hubieran mostrado su preocupación a su debido tiempo. Pero creo sinceramente que Comisiones Obreras está errando en la dirección a la que tiene que dirigir sus exigencias.

En el asunto de la recalificación de la parcela de la fábrica de Lolín, ha habido objetivos principales, y secundarios. El objetivo principal del convenio urbanístico ha sido siempre la recalificación, a través del modificado del PGOU, para cambiar el uso de la parcela de la fábrica de anchoas de Industrial a Comercial y permitir con ello la construcción de un centro comercial, Mercadona según se dice. En este asunto el objetivo secundario ha sido el futuro de los trabajadores. El propio convenio lo denomina “actuación accesoria a la calificación urbanística”: trasladar sus instalaciones a una nueva fábrica que se construiría en el polígono de Vallegón, aspecto que se concreta en la primera de las cláusulas obligacionales en la que se dice ”el Ayuntamiento no vendrá obligado a aprobar definitivamente la modificación del PGOU hasta que por parte de la propiedad y/o la mercantil titular de la industria se acredite la adquisición de la propiedad o usos de una parcela en El Vallegón, para trasladar la industria existente actualmente en la parcela objeto de este convenio; y que dispone de financiación o recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales de Vallegón”. Sin embargo, más tarde se añade otra cláusula que permite al empresario un plazo máximo de tres años desde la aprobación definitiva de la modificación del PGOU para poner en funcionamiento la nueva fábrica.

Es decir, por una lado se quiere amarrar un compromiso del empresario para sostener la industria, y por otro se desanuda para dar un plazo de tres años para la puesta en marcha de la fábrica en Vallegón ¿Y en ese plazo adónde se supone que deberían ir los trabajadores? No dudo de que el equipo de gobierno anterior hiciera votos para que la recalificación no pusiera en riesgo los puestos de trabajo, y posiblemente llegó a pensar que el convenio urbanístico era la condición para garantizar el sostenimiento de la fábrica y de sus trabajadores. Un error garrafal;  el convenio trata de otra cosa, muy alejada del sostenimiento de los puestos de trabajo, porque esa es una condición que nunca puede depender de la política urbana puesto que está sometida a decisiones empresariales y de mercado que un Ayuntamiento no puede controlar: ¿hay alguna manera de qué un Ayuntamiento pueda evitar un ERE y los consiguientes despidos de parte de la plantilla, si se dieran las condiciones para ello?

En este convenio urbanístico no se habla de trabajadores, ni de sostenimiento de los puestos de trabajo, ni de las 50 familias que según se dice dependen de la fábrica. Y esto, que, como digo, fue cuestión secundaria en la parte dispositiva del convenio, ahora, cuando el Modificado del Plan General se cuestiona seriamente y adolece de la mayoría necesaria para ser aprobado, se convierte en la cuestión principal: el futuro de las 50 familias como ultimátum para doblegar la voluntad de la corporación.

Mucho antes de que CC. OO. saliera a la palestra, CastroVerde y PRC armaron este enorme lío que ahora pesa sobre los puestos de trabajo, y acecha con una inadmisible presión del empresario conservero a los concejales de PSOE, PP, C’s y Podemos del Ayuntamiento de Castro Urdiales amenazando con responsabilidades personales, civiles y penales, si no dan su aprobación, o se abstienen, en la tramitación del PGOU nº 23. Para entender este dilema hay que decir que el convenio urbanístico se prueba en la anterior legislatura con los únicos votos favorables de CastroVerde y PRC, quienes también aprobaron inicial y provisionalmente el modificado nº 23 del PGOU con la recalificación pactada, y esto fue posible porque ambos partidos sumaban mayoría absoluta. Pero las circunstancias políticas ahora son otras; quien tiene el poder municipal es el PSOE, en coalición con Ciudadanos, que junto con el voto negativo de Podemos y posiblemente del PP, impedirían la aprobación del Convenio. Estos partidos nunca votaron a favor del Convenio ni del Modificado del PGOU, y no soportan ninguna obligación política sobre un Modificado del PGOU que presenta serias dudas jurídicas, sobre todo por la ubicación de la parcela en zona inundable.

En estas circunstancias la exigencia de CCOO dirigida a los políticos para que garanticen los 50 puestos de trabajo “independientemente de lo que pase” llega a mi modo de ver muy tarde y está muy mal dirigida, porque si de lo que se trata es de garantizar los puestos de trabajo en modo alguno estos debieran ser los paganos de la aventura especulativa del dueño de la empresa. No son las decisiones del Ayuntamiento las que ponen en riesgo los puestos  de trabajo. Es el empresario el responsable garantizar los puestos de trabajo sea cual sea el futuro de la recalificación de la fábrica. Porque si no es así, nos colocamos en una disyuntiva inadmisible: si hay recalificación se sostienen los puestos de trabajo, y si no hay recalificación se pierden los puestos de trabajo; un ejemplo estupendo para que las empresas desmantelen sus industrias y se dediquen a la especulación urbanística. Comisiones Obreras sabe perfectamente de lo que estoy hablando, y en Cantabria se están dando ejemplos que avisan de estos fraudes.

Si finalmente el Modificado del PGOU es rechazado, quiero pensar que el problema de los trabajadores sea la cuestión principal, es decir, que su futuro no dependa de una cláusula urbanística que ellos no han negociado, ni en la que han sido partícipes. Para ello, el empresario y los trabajadores, con la colaboración de la administración competente, deben garantizar que las instalaciones actuales de la fábrica de Lolín sigan siendo operativas para mantener los puestos de trabajo, durante el tiempo que sea menester hasta que el Ayuntamiento, con la mayoría necesaria, vislumbre un futuro para el conjunto de la zona industrial de Brazomar útil para la ciudad y en la que no se arriesgue la situación laboral de los trabajadores.

Juantxu Bazán

2 de febrero de 2020

Artículo publicado en el diario.es Cantabria:https://m.eldiario.es/cantabria/primerapagina/Modificacion-PGOU-Castro-Urdiales-Lolin_6_991860805.html

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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL CARGADERO DE DÍCIDO Y ENTORNO EL 1 DE ENERO DE 202O

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Más información sobre el cargadero de Dícido:

En este enlace reportaje se expone la situación del cargadero y su entorno

Otros enlaces con información:

https://juantxubazan.com/2015/02/08/imagen-del-cargadero-de-dicido-despues-del-temporal/

https://juantxubazan.com/2015/12/26/calendario-2016-para-recordar-que-hay-que-salvar-el-cargadero-de-dicido/

http://www.viasverdescastrourdiales.es/index660e.html?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=22

https://juantxubazan.wordpress.com/2013/12/02/75o-aniversario-del-cargadero-de-dicido-conferencia-de-maria-luisa-ruiz-bedia/

https://juantxubazan.wordpress.com/2013/12/02/75o-aniversario-del-cargadero-de-dicido-conferencia-de-joaquin-carcamo/

Durante estas últimas semanas se acentúan las presiones al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE – C,s) para que aprueben el Modificado nº 23 del PGOU a la vista de que, según se dice, ya se conocen los informes favorables de las administraciones sectoriales, y por tanto el Ayuntamiento debiera aprobarlo sin más demora.

PRC, CastroVerde (otrora impulsores de este proyecto), y los propios representantes de los trabajadores de la fábrica de anchoas claman porque se apruebe ya el Modificado del Plan General, y se llega a decir que solo la animadversión al promotor (Jesús Gutiérrez, portavoz del grupo local del PRC) está impidiendo que se dé más celeridad a este asunto que según se dice lleva casi cinco años en tramitación. No tanto. Cierto es que el Convenio con Lolín para la recalificación de la fábrica de anchoas se remonta al año 2016, y es aprobado definitivamente en junio de 2017; pero en el marco de la Modificación Puntual del Plan General, la aprobación inicial fue en diciembre de 2018. Tan solo el informe de la CROTU ha tardado casi ocho meses.

Pero más allá de las prisas por sacar adelante el centro comercial Lolín – Mercadona, la recalificación de la fábrica de anchoas navega, desde mi punto de vista, entre un mar de imprecisiones e irregularidades urbanísticas que todavía no han sido contestadas por el Ayuntamiento, y que hacen zozobrar un centro comercial que quiere construirse en zona inundable. 

EL INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA ADVIERTE AL AYUNTAMIENTO DE QUE LA PARCELA DE LA FÁBRICA DE ANCHOAS ESTÁ EN ZONA INUNDABLE

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico en informe (solicitado por el Ayuntamiento en el trámite de consulta a las administraciones públicas previo a la aprobación inicial del Modificado nº 23, repito, “solicitado por el Ayuntamiento”) dice dos cosas, una, que la parcela no está en el ámbito de dominio público hidráulico (a la orilla del río), toda vez que la parcela se ubica en ámbito de dominio público marítimo terrestre (a la orilla de la ría); y la otra, la más importante, es una advertencia al Ayuntamiento (pág. 2 y 3 del informe) en la que dice:

Si bien el ámbito de actuación no se emplaza en la zona de policía del dominio público hidráulico, el mismo resulta íntegramente inundable para las avenidas de 100 y 500 años de periodos de retorno, así como en la zona de flujo preferente definida en el art. 9 de RDPH (RD 849/1986, de 11 de abril), según los datos del estudio correspondiente al Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación ARPSI ES018-CAN-1-2 (esquema cartográfico adjunto).

La parcela de la fábrica Lolín, objeto del modificado nº 23 del PGOU es íntegramente inundable tal y como se deduce de los mapas de inundabilidad que se adjuntan al informe:

Habida cuenta de la importancia para gestión, y las consecuencias futuras de los riesgos y peligros de inundabilidad, la CHC ha considerado extenderse en su informe que inexplicablemente ha sido obviado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales. El informe detalla las AFECCIONES POR INUNDABILIDAD advirtiendo lo que dice el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (RD 1/2016) y recordando las limitaciones en zona inundable exterior que viene recogidas en al art. 40.2 del RD 1/2016 y que resumo: No pueden ser autorizadas nuevas edificaciones “cualquiera que sea su uso” (y el centro comercial propone una nueva edificación adherida a la fábrica), ni tampoco “obras de reparación que supongan alteración de la ocupación en planta o de su volumen o cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad frente a las mismas” (la recalificación de la fábrica en centro comercial implica un uso más vulnerable al provocar una mayor densidad de personas y bienes en zona inundable, y un considerable aumento de la permeabilidad de la zona).

La CHC señala en su informe que estas limitaciones “serán aplicables al planeamiento general y territorial que se apruebe a la entrada en vigor de ese decreto”.  Es decir la CHC está recordando que el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y los Planes Hidrológicos son de obligado cumplimiento para las administraciones con competencia urbanística. No es la CHC quien tiene que hacer cumplir tales limitaciones sino el Ayuntamiento:

“A las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo que deban autorizar los distintos usos y actividades en zona inundable exterior a las zonas de policía del dominio público hidráulico y de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, les corresponde velar por el cumplimiento de las limitaciones a las que hace referencia el apartado 1.”

Incluso el informe (favorable) de la CROTU que, a pesar de ser una frivolidad indigerible (quitándose el muerto de encima sin entrar siquiera en el grave incumplimiento de las normas de aplicación directa de la ley del Suelo de Cantabria) hace constar que debe darse cumplimiento al informe de la CHC “precisando la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en al art. 41 del RD 1/2016, dad la afección T100 y T500 del ámbito de la modificación puntual”.

¿Y entonces por qué el Ayuntamiento no cumple con su obligación?

El Ayuntamiento toma nota, se da por enterado, pero sorprendentemente dice que no reconoce la competencia de la CHC y señala expresamente que la competencia es de Costas. Y sin embargo Costas no se ha pronunciado ¿por qué? porque la competencia no es ni de la CHC, ni de Costas; la competencia para autorizar actividades en zona inundable es del propio Ayuntamiento, como se dice meridianamente claro en la legislación de aguas, y se reitera por la CHC en su informe: es el Ayuntamiento quien tiene que aplicar las limitaciones que impone el normativa de aguas en zona inundable. Pido disculpas por la reiteración.

Con el cambio de corporación, y nuevas mayorías (la suma de concejales de PRC más CastroVerde que eran los únicos partidos que dijeron si a la recalificación es insuficiente para aprobar definidamente el Modificado nº 23), precisa de más apoyos para conseguir la necesaria mayoría absoluta, y se señala al PSOE, socio de gobierno del PRC en Cantabria, para que cambie su hasta ahora posición abstencionista por el voto a favor de la recalificación.

Pero más allá de la aritmética política y juegos de funambulismo político, la cautela, el rigor y el sentido de la responsabilidad debe pesar sobre una promoción, la del centro comercial Lolín – Mercadona que navega entre turbulencias en zona inundable.

Juantxu Bazán

14 de diciembre de 2019

El artículo, publicado en eldiario.es Cantabria:

https://www.eldiario.es/cantabria/primerapagina/centro-comercial-Lolin-Mercadona-inundable_6_974012603.html

Informes que se mencionan en este artículo:

Informe de la CHC advirtiendo de la inundabilidad del Modificado nº 23

Informe de la CROTU de noviembre de 2019

Informe de Costas de septiembre de 2019

Más información sobre el Convenio Lolín y el Modificado nº 23 del PGOU:

“LO QUE ES BUENO PARA LOLÍN ES BUENO PARA CASTRO” (O VICEVERSA)

Casi toda la información sobre el CONVENIO LOLÍN

El Ayuntamiento contesta a las alegaciones presentadas al Convenio Lolín omitiendo posicionarse sobre la presunta usurpación de suelo público en la parcela de la Fábrica de Anchoas.

Modificado nº 23 en zona inundable: EL CENTRO COMERCIAL LOLÍN INUNDADO DE INTERROGANTES

Información sobre el Modificado nº 23 del PGOU de Castro Urdiales

Expongo a continuación toda la información a la que he tenido acceso como ciudadano y alegante (Equo Cantabria) a la Modificación del PGOU de Castro Urdiales que viene como consecuencia del Convenio Lolin para la recalificación e al parcela de la fábrica de Anchoas.

En este mismo blog puede encontrarse la información relativa al convenio Lolín.

También he publicado la información relativa tras la aprobación inicial, y a ella puede accederse en el artículo que publiqué en enero de 2019: Modificado nº 23 en zona inundable: EL CENTRO COMERCIAL LOLÍN INUNDADO DE INTERROGANTES

El asunto relativo a la inundabilidad ha sido muy controvertido, y en el artículo anterior expongo mi punto de vista.

En ese mismo artículo se expone el escrito de alegaciones de 21 de enero de 2019 a la aprobación inicial del modificado del PGOU.

Contestación (informe jurídico) a las alegaciones a la aprobación inicial.

Aprobación provisional del modificado nº 23 del PGOU de 30 de abril de 2019. En la aprobación provisional se reproduce el informe de Costas (no publicado en la web municipal) en el que se señala que «respecto de la servidumbre de protección, en relación con el edificio existente se considera compatible el cambio de uso propuesto siempre que no se plantee un aumento de volumen, altura y superficie de la misma…». En el segundo escrito de alegaciones a la Aprobación Provisional se demuestra que el edificio existente se reforma modificando la cubierta y la estructura del mismo, aumentando el volumen, altura y se amplia la superficie de la planta baja para añadirla a la nueva edificación en la que se ubica el nuevo centro comercial.

En el mismo informe de Costas se dice en relación con la nueva edificación comercial: «deberá conformar un cuerpo constructivo independiente de la edificación existente afectada por la servidumbre de protección, no pudiendo estar ni estructural ni funcionalmente relacionadas dichas edificaciones al amparo del apartado 3 de la DT 4ª del RGC.». En el segundo escrito de alegaciones a la aprobación provisional se insiste en este aspecto.

Escrito de alegaciones tras la aprobación provisional

Posteriormente han llegado dos informes:

El informe de Costas de 25 de septiembre de 2019, favorable con condiciones

El informe de la CROTU de 4 de noviembre de 2109: favorable

Tras los informes, la falta de contestación a las alegaciones vuelvo a registrar un nuevo escrito recordando que una parte de las alegaciones no han sido contestadas, y además la obligación de que el Ayuntamiento ejerza su competencia y haga cumplir con las limitaciones que impone el Reglamento Público Hidráulico.

Escrito presentado en el Ayuntamiento el 12 de diciembre de 2019

Juantxu Bazán

Noviembre, diciembre de 2109

Tenía cierta esperanza en que tras la denuncia sobre la tala del arbolado protegido de la Casa Garma se impusiera la cordura, y en tiempo razonable se hubiera restaurado la legalidad, al menos, con la reposición de ejemplares del tamaño más grande posible. Sabíamos que nunca se iba a satisfacer plenamente el daño causado, pero a la vista de como se ha concluido el expediente, después de año y medio de aquel estropicio, hoy me siento contrariado, decepcionado, y con una sensación muy próxima a la humillación de quien ha sido timado.

Vamos a ver como lo explico. Hace algo más de un mes he recibido la notificación de decreto de alcaldía por el que se acuerda dar por cumplida la restauración de la tala ilegal de arbolado protegido en la Casa de Garma, en Castro Urdiales, cuestión sobre la que informé en este blog  en marzo de 2018. Dieciséis meses para resolver una infracción urbanística, en la que este último decreto desdice al anterior de 25 de septiembre de 2018 que ordenaba la reposición del arbolado talado, un arbolado que llamaba por la atención por la salud y vistosidad de sus ejemplares: un cedro ejemplar de unos quince metros de alto, un magnolio adulto de unos seis metros, dos palmeras de casi siete metros, y una hermosa dracena de cinco o seis metros. Para ver el estropicio, reproduzco las fotos publicadas entonces (las fotos de la tala están cedidas por CastroPuntoRadio):

El Ayuntamiento atendió la denuncia de EQUO Cantabria y dictaminó que se había producido una infracción urbanística por incumplimiento del Plan General, al estar los árboles protegidos por la ficha del Catálogo de Protección del PGOU que incluye la casa Garma y su jardín. Con rara celeridad se abrió un expediente sancionador (URB/640/2018) por posible infracción urbanística grave. Esto fue en abril de 2018. Nuestra expectativa de que este arboricidio iba a ser sancionado convenientemente ha quedado finalmente frustrada, pues el expediente, después de notificarse su apertura a los interesados, no se mueve, no se instruye y se hunde en el olvido. Hoy está caducado.   

En septiembre de 2018, en otro expediente (URB/446/2018), de restauración de la legalidad, se aprueba decreto de alcaldía que ordena “la reposición del arbolado por otro de similares características”, para lo que se le da al infractor un plazo de dos meses. El Ayuntamiento entiende, de acuerdo con el informe del Ingeniero Agrónomo, que “similares características” son las siguientes: Un ejemplar de Cedro atlántica de 8 m. de altura; un ejemplar de Magnolio grandiflora de 5 m.; 2 unidades de Trachycarpus fortuney (las palmeras) de 4 m., y 1 unidad de Dracaena indivisa de 3-4 m. Un planteamiento, a mi entender, excesivamente generoso para el propietario que deja muy menguada la restauración, pero quizás ajustado a las plantas existentes en el mercado. Cuando pude expresarme sobre esta cuestión dije que lo justo es que debería aumentarse el número de ejemplares para que al menos la cantidad de copa arbórea fuera repuesta, y de esta manera compensar la imposibilidad de recuperar exactamente el estado original. Ello hubiera implicado que en vez de un cedro de 12 m. se hubieran plantado al menos 2 cedros de 8 m.; y así sucesivamente para en cierta medida recuperar el volumen de vegetación violentamente eliminada, y con ello recuperar en la medida de lo posible la calidad ambiental del entorno. Reproduzco a continuación las fotos  sacadas del primer informe del Ingeniero Agrónomo de dos de los ejemplares con los tamaños que se exige al promotor para su reposición:

Sin embargo, el propietario promotor recurre y plantea una “propuesta alternativa” en la que en vez  de los árboles del tamaño indicado por el Ayuntamiento propone otros más pequeños. Un cedro de 4 m.; un magnolio de 3,5 – 4 m.; dos palmeras de 3,5 – 4 m.; y una dracena de 3-3,5 m. El Ayuntamiento rechaza la propuesta en cuanto al cedro y al magnolio. Vuelve el propietario a la carga y en su último ejercicio de magnánima racanería ofrece dos cedros de 4 m., dos magnolios de 3,5-4 m.; dos palmeras de 3,5 m., y una dracena de 3-3,5 m. Esta es la “propuesta alternativa” finalmente aceptada por el Ayuntamiento, y la que se ha ejecutado.

Por si ya se han liado con esta maraña de medidas, expongo el itinerario seguido en esta menguante exigencia de restauración de los ejemplares ilegalmente talados:

Si uno se lee el expediente con un poco de ecuanimidad quizás se quede sorprendido de este increíble toma y daca que recuerda a un regateo impropio de un expediente restauración iniciado por una administración pública. El resultado deja en muy mal lugar al Ayuntamiento, con escasa autoridad sobre quien eliminó árboles protegidos sin licencia y cometiendo una infracción urbanística, allanándose a las pretensiones del infractor  sin ningún tipo de justificación, plegándose a una “propuesta alternativa” en la que se ha dado por bueno algo tan inverosímil en jardinería como que dos cedros de 4 metros equivalen a uno de 8. Alucinante.

Es falso que en los viveros de plantas no haya plantas más grandes que las que se ha exigido plantar al promotor infractor

Inmobiliaria Izarra en todo este proceso ha estado insistiendo en la imposibilidad de responder a las exigencias del Ayuntamiento, sobre la base, según el promotor inmobiliario, de que “no ha sido posible encontrar el arbolado solicitado en los viveros de la zona”. Es falso. Hubiera bastado con recoger información de las decenas de viveros de grandes árboles que hay en España, haberse dedicado a ello. Como ya exponía el ingeniero agrónomo en su primer informe en el mercado de viveros hay árboles muy grandes (no tanto como los que se cargó el dueño de la casa Garma) pero razonablemente grandes como para compensar en cierta medida la ilegalidad cometida. Hay árboles grandes en viveros en Euskadi, La Rioja, Madrid, Cataluña… árboles que se venden en contenedores de 1500 litros: cedros de 6 y 8 metros de altura de tronco, magnolios de 5,5 metros, palmeras de 7 metros, Dracenas de hasta 6 metros. Francamente, desconocía que pudieran venderse árboles tan grandes, pero así es, solo hay que buscarlos, sólo en internet hay una extensa red de viveros de árboles grandes que ofrecen gran variedad de especies y tamaños. El coste total de árboles pudiera suponer unos cinco mil euros, y el transporte puede estimarse entre 500 y 800 euros dependiendo del lugar de origen. Expongo a continuación algunas fotos enviadas por algunos proveedores de árboles grandes:

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Así que es falso que “no sea posible encontrar arbolado en la zona…” a no ser que se quiera satisfacer la compra del arbolado adulto en la floristería de la esquina. No hace falta irse a la cordillera del Atlas para encontrar cedros de tamaño considerable, y esto es sabido por Inmobiliaria Izarra, y por el Ayuntamiento, por lo que no tiene ningún sentido dejarse timar sobre todo cuando lo que se espera es que se restaure la legalidad, y esto hay que hacerlo con seriedad y con respeto a la ciudadanía.

La pseudorestauración al estado original ya está hecha y entregada, y con el visto bueno del técnico una vez supervisada la plantación en la finca de Inmobiliaria Izarra. El efecto es irrisorio. Para nada compensa el objeto del expediente abierto al promotor, es decir, “la reposición de arbolado por otro de similares características”, porque no es cierto que se haya repuesto con los arbolitos liliputienses las características de lo ilegalmente talado. El resultado es que aquello que se debería proteger, el carácter histórico artístico de la finca de la casa Garma ahora está devaluado, y la restauración de la legalidad se asemeja a la del timo del arbolito.

En este último mes han sido varias personas las que han expresado su incredulidad, su indignación, y su interrogante ¿cómo es posible?, me dicen, y añaden ¿se puede hacer algo? Y comprendo como nadie su vergüenza, su decepción, y lo peor, su falta de confianza en un Ayuntamiento que en esta ocasión ha estado tan minúsculo como los arbolitos que posan en la finca de la casa de la Garma. Pero no, no es posible hacer nada, no lo creo. Sabemos que con el tiempo los árboles crecerán con salud, eso esperamos, cumpliendo su función de mejorar la calidad del paisaje urbano, y quizás también, con el tiempo tengamos un Ayuntamiento que no permita nunca más una tala salvaje de arbolado como la que se produjo en la casa Garma de Castro Urdiales, un Ayuntamiento que aprenda a exigir convenientemente la restauración de la legalidad a aquellos que la perturben.

Juantxu Bazán, 11 de agosto de 2019.

Algunos documentos del expediente y enlaces importantes:

denuncia de EQUO Cantabria sobre la tala del arbolado protegido de la Casa Garma

Enlace con artículo en mi blog denunciando el arboricidio de la casa Garma: https://juantxubazan.com/2018/03/03/arboricidio-en-la-casa-garma-de-castro-urdiales/

Enlace con artículo en mi blog sobre la necesidad de regular mediante ordenanza el arbolado urbano: https://juantxubazan.com/2018/03/25/el-arbol-el-arbolado-el-arbolado-urbano-la-proteccion-del-arbolado-urbano/ El mismo artículo publicado en eldiario.es Cantabria: https://www.eldiario.es/norte/cantabria/primerapagina/arbol-arbolado-urbano-proteccion_6_753884620.html

Decreto de 19 de abril de 2018 ordenando a apertura de un expediente sancionador que no ha sido instruido

Decreto de 25 de septiembre de 2018 por el que se ordena la reposición del arbolado y que se recurre por el promotor presentando “propuesta alternativa” que finalmente fue aprobada

Decreto de 5 de abril de 2019 por el que se acepta la propuesta alternativa de Inmobiliaria Izarra

Decreto de 10 de junio de 2019 por el que se considera cumplida la restauración de la legalidad

El ecosistema político en España se ha transformado por la aparición de nuevas especies, nuevos partidos, que han teñido de diversidad su hábitat con la consiguiente modificación en sus relaciones. Saludo este cambio como una oportunidad para la cooperación, frente a la beligerancia y la competitividad que normalmente caracterizan las relaciones entre partidos. Cooperación para hacer posible la aplicación de programas apoyados por la mayoría de la ciudadanía. Esto es de sentido común en democracia y a mí me parece que es una oportunidad, pero para otros es una gran dificultad.

En las elecciones municipales de 2015 fue posible construir una mayoría de izquierdas en Castro Urdiales gracias al apoyo popular a CastroVerde (4265 votos que significaron 7 concejales), y al PSOE (2227 votos que se tradujeron en 4 concejales), lo que permitió formar mayoría absoluta con equipo de gobierno, elección de alcalde y, lo más importante, un programa de gobierno de izquierdas. Obvio es que para poder llevar a cabo el programa de gobierno era condición sine qua non mantener la mayoría, pero CV decidió cargarse el pacto por disensiones serias con sus socios, y mantener durante los dos últimos años un gobierno solitario con el apoyo del PRC. No voy a entrar a valorar ahora los entresijos de aquella ruptura, sobre la que ya me manifesté en su momento, pero si voy a reflexionar sobre la enorme importancia que aquel hecho va a tener en la continuidad de la vida política municipal, cuyas consecuencias trascienden y se van a hacer patentes para el futuro. Ahora, en las elecciones municipales de 26 de mayo 2019, parece probable que CastroVerde empeore sus resultados, y el PSOE pueda mejorarlos, y además, entre en escena Podemos. Más difícil será que Acuerdo por Castro pueda sacar representación, pero no cabria descartarlo.  El dilema es que una mayoría de izquierdas que podría ser aritméticamente posible, se antoja prácticamente imposible a la vista de las pésimas relaciones entre CastroVerde y PSOE que mantienen en sus cabezas de lista a quienes protagonizaron aquella ruptura. Quizás la presencia de Podemos pudiera deshacer algunos prejuicios y provocar un entendimiento a tres, pero lo dudo. Mucho tendría que cambiar la conducta de estos partidos, empezando por corregir actitudes de soberbia (por ambas partes) que condujeron a romper unilateralmente un pacto que, de justificarse su rompimiento, también debiera haberse hecho de forma negociada.  Reaprender de los errores del pasado: siempre hay que prever en toda cooperativa un sistema organizado y eficiente de resolución de conflictos. Es curioso constatar cómo algunos predican la mediación para resolver los problemas de los demás, pero cuando les concierne a ellos la ignoran y prefieren la imposición a cualquier otra técnica de relación entre iguales. 

Así pues, no mantengo esperanza de que se reproduzca un pacto de izquierdas en Castro. Pesa además la tentación de que CastroVerde se avenga a congeniar con el PRC, si se dieran las condiciones para ello, habida cuenta del buen entendimiento entre ambas formaciones después de aquella ruptura. Tampoco sería descartable que el PSOE y PRC sintonicen siguiendo la llamada de una posible mayoría electoral en el Parlamento de Cantabria entre estos partidos. Y también puede haber un acuerdo de las derechas con el PRC. Hay muchas variables en juego que anticipan cruces complicados de aritmética, geometría, y ética. Pero nada avisa de que el próximo gobierno municipal sea de izquierdas, y a mí esto me preocupa especialmente porque ello es debido al empecinamiento de sus dirigentes, y ajeno a la voluntad de los votantes. Por eso es muy importante reflexionar para que esa remota esperanza, la del pacto de izquierdas, se transforme en algo real, y para ello se tiene que dar un requisito, acaso una exigencia, que espero sea requerimiento para los partidos de izquierda si los resultados acompañan el próximo día 26.

Hace un par de párrafos, recordando las elecciones de 2015 he hablado de votos que significaban concejales. Votos emitidos por el electorado que apoya a cada candidatura. Es el pueblo el que permite una representatividad que no podría existir sin el ejercicio de su soberanía. En eso consiste la democracia. El pueblo debe saber que su voto va a ir dirigido al cumplimiento del programa electoral votado, y también cómo se va a gestionar su decisión, es decir, con quién se va a acompañar en la tarea para hacerlo posible. Esta es una cuestión sobre la que los partidos no se quieren pronunciar, por si acaso, para que por la boca no muera el pez, pero comprenderán que esto es de enorme importancia. Es natural presagiar que las diferentes opciones que se negocien tras las los resultados van a depender de los resultados electorales.  Pero pensemos. Pensemos de forma democrática, al modo en que lo harían los ciudadanos en el ágora de la Polis, haciéndonos una pregunta: ¿los pactos del futuro gobierno en la ciudad no debieran ser el resultado de la voluntad de la ciudadanía que otorga la legitimidad a nuestros futuros representantes en el Ayuntamiento?

Si esto es así, no debiera resultar extraño demandar que PSOE, CastroVerde, y Podemos, pregunten a sus votantes si les parece deseable construir un pacto de izquierdas, incluso un pacto más amplio si fuera menester, que permita una mejor gobernabilidad, y una mayor legitimidad para poder aplicar un programa de gobierno que sea apoyado por una mayoría de ciudadanos. No hay mayor antídoto contra el despotismo de algunos dirigentes que una buena inyección de democracia. Pregunten a la ciudadanía.

Quizás así, aquello que se dibuja como imposible, un gobierno municipal de izquierdas, pueda ser probable, acaso posible, y a lo mejor realizable.

Juantxu Bazán

19 de mayo de 2019

Quiero empezar mi reflexión con la pregunta enunciada: ¿Por qué el Club Náutico de Castro Urdiales es privado cuando podría ser público?

Más que un respuesta precisa me interesa abrir un espacio a la necesidad de hacerse preguntas allí donde todo parece ya asentado por una realidad incuestionable justamente por no hacerse preguntas.

La noticia es que Puertos de Cantabria, más concretamente la Dirección General de Obras Públicas de Cantabria ha sacado a licitación la concesión del Club Náutico de Castro Urdiales por 35 años. La “no noticia” es el desinterés de grupos políticos y población en general por este asunto. Me propongo acentuar justamente aquello que no es noticiable, que la ocupación del dominio público del Puerto de Castro Urdiales le importe un bledo a todo el mundo excepto a las empresas o sociedades con capacidad para hacerse con el edificio del Club Náutico, el embarcadero, y los amarres, una superficie muy considerable de la lámina de agua del Puerto de Castro Urdiales. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que la sociedad castreña se revolvió contra la ocupación del dominio público de la bahía de Castro, cuando se plantó frente al intento del Gobierno de Cantabria de rellenar de hormigón buena parte de la dársena con aquel proyecto de puerto deportivo que de momento descansa en paz, alejado del vigente Plan de Puertos de Cantabria. Todo lo que acontece en la bahía de Castro es de máximo interés, pero lo que sucede puertas adentro del Club Náutico escapa de nuestra atención, como si fuera otra jurisdicción.

Entiendo que el hecho de que el Club Náutico siga siendo privado durante 35 años más no es un asunto que preocupe, puesto que así ha sido siempre en la vida de este Club, desde 1955. La escenografía del Club Nautico, enclavado en un magnífico edificio, es la de una pasarela a la que solo pueden acceder los socios, o personas que gozan de alguno de sus casi doscientos embarques. Ciertamente, en los últimos años, se ha permitido el paso a clientes que de lunes a viernes han comido en su restaurante (accediendo solo al restaurante, y nunca en los meses de verano), y también los alumnos matriculados en el curso de vela que durante el verano se imparte en estas aguas. Pero lo cierto es que el Real Club Naútico de Castro Urdiales tiene derecho de admisión, es un club privado en el que la masa social son sus propios socios, unos ochocientos, por lo general personas de clase alta, o medio alta, entre los que apenas hay cien familias castreñas. Es el propio Club quien gestiona sus actividades, y se nutre de las cuotas de sus socios, inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos. En resumen, son muy pocas las personas que utilizan el dominio público, tan pocas que haciendo suyo lo que es público, resulta que no lo es.

Esta forma de gestión indirecta y privatizada del dominio público, para contribuir, se dice, a las actividades náuticas y de recreo, es bastante habitual en España (de hecho me dicen que el Real Club Deportivo de Santander es aún más elitista). Pero no es la única. La tendencia en algunas ciudades es plantear otro modelo de gestión pública (gestión directa, o bien a través de una empresa pública, o una empresa mixta) sobre la base de promover que los clubes náuticos sean un espacio abierto para la promoción de los deportes náuticos, de la pesca deportiva, del buceo, de la cultura del mar y del cuidado de la costa, y con ello contribuir a que esta parte del dominio público sea un magnífico recurso para la ciudadanía, además de un referente del turismo deportivo sostenible para las ciudades costeras. En el caso de Castro, me gustaría añadir, el dominio público resulta estar ocupado también por una caótica red de amarres sin concierto ni control que han ido paulatinamente ocupando la mayor parte de la lámina de agua quitando espacio a las actividades deportivas y pesqueras del Puerto de Castro.

Sin embargo, la entidad publica empresarial Puertos de Cantabria no se ha planteado otra forma de gestión que quizás pudiera cumplir mejor con el objetivo de preservar y mejorar una gestión eficaz del dominio público portuario, y acaso también, para cumplir el propio Plan de Puertos de Cantabria que, en el capitulo referente a las actividades náutico deportivas, se plantea “potenciar la actividad recreativa como alternativa económica”, “diversificar la demanda”, “la interacción con la ciudad”, “mejorar las instalaciones para atender nuevas necesidades,…”, no sigo. Todo resulta vacuo y falso si observamos que lo que hace Puertos de Cantabria es simplemente privatizar el dominio público para obtener unos escasos ingresos y quitarse de encima la obligación de hacer una gestión más adecuada del dominio público. Con esta licitación se introduce además la posibilidad de que la sociedad sin ánimo de lucro que ha gestionado hasta ahora el Club Náutico se vea apartada por una empresa privada más interesada en las plusvalias económicas que pueda implicar su gestión. En cualquier caso, el Club Náutico será privado, descartando la gestion directa por una entidad pública, y obviando otro tipo de iniciativas con la participación del Ayuntamiento, de las asociaciones deportivas de remo y piraguismo, de la cofradía de pescadores, de la red de microempresas cada vez más creciente… en fin de eso que denominan unos “masa social”, “demanda diversificada” para otros, y que yo prefiero pensar que son ciudadanía, sin comillas, siempre ausente en estos procesos.

Se me antojan muchas razones por las que el Club Náutico de Castro Urdiales podría ser un magnifico recurso público para la bahía de Castro, y para la ciudad de Castro Urdiales, y se me ocurren unas cuantas preguntas dirigidas a entidades y personas que han dejado pasar esta oportunidad. Pero no sé por qué me extraño, por qué me hago preguntas, como si estuviéramos en una clase de filosofía de bachillerato. El Club Naútico seguirá siendo privado porque nadie se ha preguntado que acaso podría ser público.

Juantxu Bazán

17 de marzo de 2019.

El artículo publicado en el diario.es Cantabria

Anuncio BOC publicado por la Consejería de Obras Públicas para la concesión de la ocupación y explotación del Club Náutico de Castro Urdiales:

Pliego con las Bases para licitar en el concurso:

Pliego que regula las condiciones particulares de la concesión: