EL MIRAMAR SERÁ DEMOLIDO PORQUE NO TIENE “INTERÉS COMERCIAL”

Cuando leo la ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y dice que

los poderes públicos garantizarán la protección, conservación, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria”

…y sigo leyendo que

“la Consejería de Cultura y los Ayuntamientos, en su ámbito de acción, velarán por la pervivencia de todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria”

… quiero creer que esto es así, y que, pensando en el edificio del Miramar de Castro Urdiales, las administraciones públicas han velado por su protección, pervivencia y conservación. El actual delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, me devuelve a la realidad para recordarme que es cuestión de tiempo su demolición y lo justifica porque el edificio “una vez descartado el uso hotelero no ha tenido interés comercial” (declaraciones a la emisora SER Castro Urdiales el 17 de julio de 2018). Y tras este autorizado dictamen me revuelvo y llego a la conclusión de que los poderes públicos no han entendido cuáles son sus obligaciones en relación con el patrimonio cultural, y sin desmerecer que ha habido algún esfuerzo por intentar salvar el edificio, los ensayos no han ido en la dirección adecuada, y ha faltado la condición primordial, no tanto el “interés comercial” del edificio como el interés cultural y la necesaria sensibilidad para salvarlo.

En sentido estricto el antiguo balneario hotel Miramar no es patrimonio cultural. Si lo es, pero no lo es. Quiero decir que es un edificio muy relevante arquitectónicamente, de gran importancia histórica y cultural, un edificio representativo de la arquitectura moderna racionalista, y cuya importancia ha sido puesta en relieve por diferentes colectivos. Es un edificio que también está en la memoria, y en la nostalgia de unas cuantas generaciones de castreños y castreñas. Pero no es un edificio protegido. Ni es un BIC (Bien de Interés Cultural) ni está inventariado como Bien de Interés Local, ni siquiera está dentro del Catálogo de Protección del Plan General de Ordenación; y es esta la razón por la que va a ser demolido, y antes de que así sea quiero explicar mi punto de vista y protestar por la inevitable destrucción del Miramar.

En el año 93, cuando se abrió el periodo de información pública previo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales presenté una veintena de alegaciones; en una de ellas solicitaba que el Miramar se incluyera en el Catálogo de Protección, junto con otros edificios relevantes de la arquitectura moderna, entre ellos el club náutico, el edificio de La Pesquera de Ricardo Lorenzo y varias viviendas unifamiliares…). La alegación fue parcialmente tenida en cuenta, pero el Miramar no fue incluido finalmente en el Catálogo de Protección del Plan General. Alguien consideró que no era merecedor de protección. En esa época el Miramar todavía presentaba una imagen atractiva, pero es cierto que este edificio ha tenido añadidos que al día de hoy desmerecen el diseño original. Por eso cuando los detractores de su mantenimiento dicen que ya no merece la pena por ser un edificio feo y vetusto hay que recordarles que en la propuesta del Colegio de Arquitectos a la Dirección General de Cultura para la protección del Miramar se plantea devolverle el aspecto original, recuperando su volumen, fisonomía, terrazas, color y materiales que hicieron de este edificio un referente en la arquitectura cántabra de postguerra. Además del Colegio de Arquitectos, el grupo Alceda para la protección del Patrimonio Cultural de Cantabria hizo votos y solicitó el indulto para el Miramar, y siguiendo su estela la Plataforma para Salvar el Miramar mostró su protesta y reunió unos cientos de personas en uno de los días más lluviosos del otoño de 2017. Así pues profesionales de la arquitectura, historiadores y amantes de la cultura y del patrimonio, y una parte de la ciudadanía han entendido la necesidad de salvar este edificio, sin que se haya sentido, yo al menos no lo he percibido así, un clamor por la salvación de este trozo de patrimonio cultural de los castreños.

Portada del folleto de promoción turística de Castro Urdiales de 1946.

¿Y qué ha hecho la Administración por salvar el edificio del Miramar?

Sería injusto decir que no se ha hecho nada, pero lo cierto es que lo hecho no ha obtenido resultados favorables. La Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente) trasladó la responsabilidad al Ayuntamiento, a la vista de que el edificio, ya con sentencia de derribo, debiera cambiar el uso (no podría ser hotelero, residencial o habitacional, pero si admitir usos que presten servicios consustanciales con la naturaleza del dominio público). El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales aprueba por unanimidad en julio de 2015, a propuesta del PRC, el cambio de uso del edificio lo que implicaba la tramitación del modificado del PGOU, pero el mandato del pleno no se lleva a efecto. En su lugar, el equipo de gobierno se mete en un enredo absurdo, y el alcalde inicia un periplo para buscar posibles inversores que salvaran el edificio, sobre la base de que el Ayuntamiento no estaba en condiciones de asumir una inversión tan importante para rehabilitar el Miramar como equipamiento público. Esta iniciativa puede ser plausible, pero ¿por qué se abandona el mandato del pleno de hacer el modificado del PGOU?

Aquí me detengo. En mi opinión el modificado del PGOU era justamente la salvaguarda para evitar el derribo del Miramar, pero no solo cambiando los usos en concordancia con la ley de Costas, sino incluyendo el edificio en el Catálogo de Protección Arquitectónica del PGOU. Es la protección formal del edificio, lo que realmente puede impedir su derribo, y a partir de aquí darle el uso adecuado como equipamiento público (de acuerdo con la ley de Costas en dominio público solo son admisibles “actividades o instalaciones que no puedan tener otra ubicación”). El mandato que tienen las administraciones públicas es la protección del patrimonio, y este mandato no tiene que estar determinado por la viabilidad económica, o porque el edifico albergue un negocio rentable, o ninguna empresa haya mostrado su “interés comercial”, según la expresión utilizada por el Delegado de Gobierno. Eso es algo que puede suceder o no puede suceder, pero ni siquiera esta contingencia va a ser desvelada si no se salva el edificio de su demolición con la necesaria protección. Ni el Castillo Faro, ni la ermita Santa Ana son económicamente rentables; tampoco lo es el polideportivo Peru Zaballa salvado in extremis para uso deportivo dentro del dominio público marítimo terrestre.

Pero también hay que ser comprensible con la postura de un Ayuntamiento como el de Castro, desarmado económicamente, y falto de las ayudas necesarias para vislumbrar un futuro para el Miramar como equipamiento público socialmente útil para el municipio. Si este edificio estuviera en Santander hoy no estaría amenazado de derribo. Estaría convenientemente protegido y sobre él ya se habrían definido los usos y cuantificada la financiación para rehabilitarlo con la participación de las tres administraciones (Costas, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento). En Cantabria la protección de patrimonio cultural es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Hay un patrimonio periférico que, como en el caso del Miramar, no interesa. La Dirección General de Cultura ha sido sorda e inoperante a pesar de la insistente solicitud del Ayuntamiento de Castro, del Colegio de Arquitectos, y otros colectivos y profesionales, para que se acuerde la protección del Miramar. Hay quien dice que esta institución no tiene la necesaria sensibilidad. Quizás lo correcto sea decir que es ignorante sobre el patrimonio que merece ser protegido. O quizás lo que hace la Dirección General de Cultura es escaquearse de una de sus principales competencias en materia de protección del patrimonio cultural:

“Asegurar su conservación, bien llevando a cabo las obras necesarias y adoptando las medidas oportunas en cada caso, bien facilitando a entidades públicas y personas físicas y jurídicas privadas las ayudas pertinentes para el cumplimiento de dichos fines”

La historia reciente de Castro Urdiales nos muestra auténticas aberraciones que han mutilado un paisaje urbano y rural excepcional por la riqueza de su patrimonio arquitectónico y arqueológico, desde el Paleolítico hasta nuestros días. Lo lamentable es que la pérdida del Miramar se produzca en un momento en el que yo creía que las administraciones iban a ser coherentes con las leyes que nos hemos dado para salvaguardar nuestro patrimonio cultural, y peor aún, que la desaparición se produzca por algo tan banal como lo que nos ha recordado el delegado del Gobierno: “que el Miramar no tiene interés comercial”.

Juantxu Bazán, 22 de julio de 2018.

Una de las páginas interiores del folleto turístico de Castro Urdiales, de 1946.

 

El artículo publicado en el diario.es Cantabria el 22 de julio de 2018.

El artículo publicado en el blog del Grupo Alceda para la defensa del patrimonio Cultural de Cantabria. 

En el blog de CastroVerde, Alternativa Verde de Castro Urdiales, se publica un trabajo con un título demasiado premonitorio:  Historia de un balneario y hotel que forma parte del pasado de Castro. En él se hace un recorrido exhaustivo sobre lo acontecido con el Miramar que ayuda a entender el itinerario seguido por el Miramar. Un buen trabajo en el que falta la mención de los colectivos que han impulsado su protección y rehabilitación, especialmente el posicionamiento del Grupo Alceda y del Colegio de Arquitectos de Cantabria.

BANDERA AZUL OSCURA CASI NEGRA

Perdonen la frivolidad. Voy a hablar de banderas. Sé que hay temas mucho más acuciantes para una humanidad azotada por la aniquilación de los derechos humanos, la ausencia de paz, o los daños infringidos sobre nuestro planeta. Pero de eso se trata, de deshacer algunas de las frivolidades con las que nos salpica de vez en cuando una realidad aireada con banderas.

Hace unos días nos hemos enterado de la concesión de dos nuevas banderas azules a las playas de Cantabria: a la playa de Cuberris, en Bareyo, y a la llamada “playa de Ostende” (en realidad “playa de Urdiales”), en Castro Urdiales. El galardón reconoce los servicios y la calidad ambiental de ambos arenales, y se incorporan a lo que se considera un selecto club que da prestigio turístico al municipio que lleva la marca de la bandera, un emblema que en España otorga la fundación ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) que pertenece a la FEEE (Foundation for Environmental Education in Europe). Por muy azul que sea esta bandera debe aclararse que desde el año 1999 la Unión Europea se ha desmarcado de este organismo y deja de financiarlo por discrepancias con los procedimientos en el otorgamiento de las banderas así como por la falta de rigor en sus concesiones. Desconozco cómo se financia la ADEAC en su totalidad, pero sé que una parte de sus fondos proviene de subvenciones de comunidades autónomas españolas. Así, la Xunta de Galicia subvencionó en el año 2017 con 40.000 € a esta fundación que en ese año entregó 113 banderas azules a las playas de Galicia, y 18 banderas azules a sus puertos deportivos. Galicia es la comunidad autónoma española con mayor densidad de banderas azules.

Lo cierto es que la bandera azul se reconoce como marca de calidad para buena parte del mundo. Un emblema esencialmente turístico, no esperen encontrar entre estas playas las más bellas del mundo, o las de mayor calidad ambiental. Por ejemplo, municipios como Llanes, de los que nadie dudaría de la calidad y belleza de sus playas, se han desmarcado desde hace años en solicitar la bandera azul. Algunas asociaciones ecologistas han cuestionado la validez de las banderas azules, sobre todo, por el incumplimiento de los parámetros ambientales que se predican de este distintivo (la calidad de sus aguas, o el impacto de sus infraestructuras), y, por poner un ejemplo, EQUO Verdes de Rota se ha quejado de la concesión este mismo año de banderas azules en algunas playas de este municipio andaluz en la que se están produciendo vertidos de fecales, lo que implica una inexistente gestión ambiental en estas playas, y el incumplimiento de la calidad de las aguas en las zonas próximas a los efluentes de los vertidos.

No dudo de que buena parte de las banderas azules se correspondan con playas de calidad. Playas accesibles, con servicios, con la seguridad que se predica de las zonas de baño, playas limpias y bien señalizadas. Pero si los criterios ambientales deben pesar en la concesión de una bandera azul (así lo contempla la normativa), en el caso de la playa de Ostende la bandera azul es un sarcasmo, un ejemplo que pone en entredicho la propia institución de las banderas azules. Esta bandera ondea impulsada por aires de cinismo que me producen irritación.

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A la izquierda, zona oeste de la playa de Ostende en una foto tomada por Foto Pérez en 1986, antes de ser ocultada por las toneladas vertidas de arena de cantera. A la derecha aspecto de la playa desde un lugar similar en mayo el 12 de mayo de 2018.

La playa de Ostende es una playa artificial construida en 1986 (mientras se pensaba en la ley de Costas que entró en vigor dos años después). Para ello se destruyó una de las ensenadas naturales más bellas del litoral cántabro formado por calas, pequeños arenales, pedregales, en los que los castreños hemos gozado bañándonos, pescando, y que era un criadero natural de todo tipo de especies que se dan en el sistema intermareal. La Dirección General de Costas de entonces con el beneplácito del Ayuntamiento, y sin apenas oposición popular (con la excepción de un grupo de vecinos y vecinas que lo intentaron todo en su discrepante soledad) decidió cargarse la ensenada echando 223.000 toneladas de arena de cantera, proveniente de las canteras de Santullán, es decir, mientras se destrozaba la Peña de Santullán. Una playa artificial que costó unos mil millones de pesetas.

En el año 2011, Ecologistas en Acción le puso Bandera Negra a la Playa de Ostende. En la memoria se decía: “Se trata de una playa artificial formada a partir de áridos procedentes de la cantera de Santullán. El aspecto lechoso del agua se debe al hidróxido de cal y carbonatos cálcicos que componen estos áridos, que se extienden centenares de metros mar adentro, y cuya intensidad aumenta en proporción al movimiento del mar. A esta playa desembocan dos arroyos, el de Campijo y el del Chorrillo, que aportan aguas residuales por efecto de un urbanismo que los ha convertido en cloacas”. Hoy es más o menos parecido: los días en los que la mar está en calma, el color del mar adquiere un azul turquesa caribeño, mientras que los días en los que hay mar de fondo (la mayoría del año) las aguas adquieren un color lechoso que impregna la imagen de este lugar.

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Ensenada de Urdiales y playa de Ostende, foto de 2008.

Después de más de treinta años, sigo pensando que la playa de Ostende-Urdiales es una playa vertedero, y no nos beneficia para nada complacernos en un pseudopremio que no se corresponde para nada con lo que significa esta playa artificial: la destrucción de un lugar de altísima calidad ambiental. No, no es una bandera azul la que se merece esta playa, sino una de color azul oscuro casi negro, un color negro que nos recuerde que este espacio necesita no falsas distinciones sino una intervención para regenerar y acaso recuperar los valores ambientales de la ensenada de Urdiales.

 

Juantxu Bazán

13 de mayo de 2018

Publicado en Primera Página de eldiario.es de Cantabria.

EL ÁRBOL, EL ARBOLADO, EL ARBOLADO URBANO, LA PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO.

Hace una semana he denunciado la corta de arbolado en una finca de Castro Urdiales, la casa de Garma, uno de los ejemplos de arquitectura ecléctica de lo que fuera una hermosa y singular ciudad jardín, hoy adulterada por efecto de un crecimiento urbanístico que ha permitido que las plusvalías económicas del suelo estropeen la calidad urbanística y arquitectónica de la ciudad.

El arboricidio de la casa de la Garma se llevó por delante la vida de un hermoso árbol, un cedro del Himalaya centenario, y además un magnífico magnolio, dos palmeras y una yuca, todos de gran porte, dejando la parcela desnuda de arbolado, insolente, asolada. Más allá del estropicio, este hecho es ejemplo de la desprotección del arbolado urbano en Cantabria y en España. Naturalmente hay excepciones muy honrosas, como las de la comunidad autónoma de Madrid que ha sido capaz a de legislar para la protección de arbolado urbano; y ciudades que nos sirven de referencia, como Vitoria, que tiene una ordenanza ejemplar sobre protección del arbolado urbano. Otros ayuntamientos incorporan en la normativa urbanística de sus Planes Generales ordenanzas de protección de árboles singulares y arboledas, o catálogos de protección en los que se enumeran los árboles que por su singularidad merecen ser protegidos. (Permítaseme un paréntesis llegado a este punto. La protección del árbol singular es una redundancia. Todo árbol es singular, no solo aquel que por su excelencia merezca una posición en la pasarela del arbolado. Protesto por singularizar la protección del árbol y reivindico la protección de la generalidad de los árboles, del arbolado, del arbolado urbano).

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A la izquierda, vista parcial del jardín de la casa Garma en Castro Urdiales; en primer plano el cedro del Himalaya talado, y al lado, el magnolio, también talado. La tala (imagen de la derecha) se produjo sin permiso municipal, el 12 de enero de 2018.

En Cantabria contamos demasiadas experiencias de maltrato del ecosistema urbano. Hace tres años Equo Cantabria denunció la corta de cientos de ejemplares en el ensanche de Laredo. Poco más tarde fueron los vecinos de Noja quienes denunciaron la corta de una veintena de enormes eucaliptus en esa villa. Hace un par de meses el colectivo Torrearboleda, de Torrelavega, denunció la corta de varios ejemplares de roble americano en el parque Manuel Barquín. Son casos conocidos y denunciados, pero los casos desconocidos y no denunciados son cientos. Con la impunidad que les da la inexistencia de regulación, propietarios dan matarile al arbolado urbano con la convicción de que nadie va a sancionar la corta de un árbol, o de varios árboles, porque son de su propiedad. El caso de Santander es también paradigma de ciudad arboricida tal como ha denunciado en el este último año ARCA en varias ocasiones: la corta de 47 árboles en la calle san Martín del Pino, o más recientemente, el arboricidio perpetrado en la avenida Victoria (en este caso so pretexto de limpieza y desbroce de la finca se han llevado por delante decenas de árboles adultos, todo un clásico de los arboricidios en fincas privadas).

Cuando se comete un acto de este tipo se dan dos circunstancias que colaboran en el fatídico resultado. Primero, hay voluntad de cargarse un árbol, pretensión muchas veces ligada a un falta de cultura sobre la importancia que tiene el árbol para la salud de las personas y para la calidad de vida de la ciudad, pesando más el absurdo utilitarismo que implica la corta de arbolado: ampliar espacio, evitar molestias, o hacer leña. La segunda circunstancia es la de una falta de regulación que deja con el culo al aire a las administraciones que prometen amar el medio urbano pero no son capaces de protegerlo convenientemente. Entre ambas circunstancias aparece también un inconveniente: la mala planificación en la plantación de árboles en espacios públicos y privados.

Se cumple ahora un año desde que Podemos Cantabria, con la inspiración de ARCA, tramitara en el parlamento de Cantabria una proposición de ley sobre fomento y protección del arbolado urbano para Cantabria. La proposición fue rechazada con los votos en contra de los partidos del gobierno (PSOE y PRC) y la abstención del resto (PP y Ciudadanos). Si pudiéramos acceder al diario de sesiones nos sorprenderíamos del escaso nivel cultural de nuestros parlamentarios, y su falta de preparación jurídica. Lo más repetido en aquella sesión era aquello de que esta ley podría invadir competencias municipales, lo cual es una idiotez. Nada que ver con los pronunciamientos de la carta de derechos del árbol en la ciudad (a la que, por cierto, está adherida la ciudad de Santander, aunque a veces sus responsables públicos se olviden de ello):

  • La ciudad necesita el árbol como un elemento esencial para garantizar la vida.
  • El desarrollo del árbol en la ciudad debe darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad, si dispone del espacio y las condiciones que requiere.
  • El sistema de arbolado de nuestras ciudades es un sistema básico, y como tal, debe ser valorado, planificado y gestionado.
  • El árbol contribuye al enraizamiento de la cultura en el lugar y en la mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos determinantes de la calidad de vida en la ciudad.
(Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad. Carta de Barcelona. Congreso “El Árbol y la Ciudad”. Barcelona, 2 de Junio de 1995)

Valorar, planificar y gestionar el arbolado urbano. Lo pueden hacer los Ayuntamientos aprobando ordenanzas municipales en el ámbito de sus competencias: proteger los árboles de la ciudad, y fomentar el cuidado por parte de vecinos y propietarios. Es la senda seguida por ciudades como Vitoria, y sobre todo por unos cuantos municipios de Madrid (al auspicio de su ley autonómica) en los que se protege el arbolado público y el privado).

Ninguna de las ciudades de Cantabria tiene una ordenanza de protección de arbolado urbano y ya va siendo hora, como así lo ha reivindicado recientemente el colectivo de vecinos Torrearboleda (hermoso nombre). Hay que seguir el ejemplo. Así que hagan el favor los partidos con una mínima inquietud por la protección del medio ambiente: incorporen objetivos en sus programas, promuevan mociones en los plenos, y difundan por el mundo la necesidad de proteger los árboles, también los de las ciudades. Nos va la vida en ello.

Juantxu Bazán. 24 de marzo de 2018.

[i] La denuncia fue presentada mediante escrito de EQUO CANTABRIA dirigido al Ayuntamiento de Castro Urdiales el 6 de marzo de 2018.
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Vista general de la finca de la casa de Garma, antes y después de la tala de arbolado.

Artículo publicado en la tribuna del diario.es de Cantabria el 26 de marzo de 2018

Nadie quiere la mierda de Vuelta Ostrera

El asunto de Vuelta Ostrera huele muy mal. Es un olor fétido, molesto, insalubre… que proviene de las sedes del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno de Cantabria, cuyos responsables no han sido capaces de ventilar durante más de veinte años el tufo provocado por el sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca del río Besaya que concentra parte de su mierda en la EDAR de Vuelta Ostrera. Hablo de “mierda” adrede, porque me gusta llamar a las cosas por su nombre, a pesar de que para la Real Academia Española los muchos significados que tiene esta expresión son malsonantes.  Me referiré a algunos de ellos.

Denomina “mierda” la RAE al “excremento”, y también al “hecho o situación que repugna y que es susceptible de ser callado, tapado, ocultado”. Y como tal también puede ser descubierto, y sacado a la luz. En ese empeño se puso a trabajar la asociación ecologista ARCA dejando patente la ilegalidad de la construcción de la EDAR en la marisma de Cortiguera ante la ceguera irresponsable de los cargos de Medio Ambiente de la Consejería y del Ministerio con la colaboración necesaria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. ¿Es posible entender que se haya autorizado la construcción de una EDAR en zona de marisma de dominio público? Solo la soberbia de aquellos políticos nos ha traído ahora este gravísimo problema. La sentencia del Tribunal Supremo declaró nula en el año 2005 la macrodepuradora de Vuelta Ostrera y la EDAR deberá ser demolida antes de que termine el 2020. Me viene enseguida a la mente la siguiente acepción, la que significa “mandar a la mierda” a todos los que debieron tener algún tipo de condena y que siguen tan campantes, en sus puestos, aún y a pesar de que eran sabedores de que Vuelta Ostrera se estaban construyendo ilegalmente. Quizás si en su momento se hubieran pedido disculpas y se hubieran depurado (nunca mejor dicho) responsabilidades, el futuro de Vuelta Ostrera podría presentarse hoy más razonable.

EmplazamientosSustituciónVueltaOstrera

Siete emplazamientos que propone el Ministerio de Medio Ambiente para ubicar la EDAR de Vuelta Ostrera cuando sea demolida.

Tal como ha sido concebido por el Ministerio de Medio Ambiente, la demolición de Vuelta Ostrera trae consigo la necesidad de construir una alternativa a la EDAR en otro lugar próximo a la desembocadura del Besaya, lo que significa que, tras la demolición de la actual depuradora en funcionamiento, y la consiguiente construcción de la infraestructura de la nueva EDAR, con nuevas estaciones de bombeo, nuevos colectores, y el posible emisario submarino para echar las aguas depuradas mar adentro, se gastarán cerca de cien millones de euros. El problema es de enorme gravedad, con consecuencias sociales, ambientales y económicas muy negativas. Sin embargo, el modelo de nuestros gobernantes es el de reproducir el mismo esquema que nos ha llevado a esta grave situación: construir una enorme depuradora y pasarle el marrón a los municipios de la desembocadura del río Besaya que, como es normal, nadie quiere ver ni oler.

Y es aquí donde al asunto alcanza caracteres de dilema universal: nadie quiere la mierda. Máxime cuando la inmundicia proviene de poblaciones, fábricas, establecimientos… que excrementan río arriba. En el debate surgido tras hacerse públicas las alternativas para la construcción de la nueva EDAR falta claridad y sobran falacias. Es falso que se esté planteando una alternativa a Vuelta Ostrera; en realidad no se está debatiendo nada, más allá de reproducir el modelo de Vuelta Ostrera, con las mismas dimensiones y los mismos procedimientos, concentrar la mierda, depurarla y echarla al mar. No, no es una alternativa. No al menos para los núcleos urbanos menores y las zonas urbanas más diseminadas que podrían tener sistemas de depuración ecológicamente más aceptables en la dirección de cumplir de forma ejemplar con la Directiva Marco del Agua. En realidad con las siete ubicaciones que se plantean para la neodepuradora de Vuelta Ostrera lo que se está haciendo no es elegir la mejor opción para depurar las aguas residuales, sino la menos mala. Entre ellas se plantean algunos lugares (como el de las canteras de Cuchía, en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Litoral) que podrían ser tan cuestionados desde el punto de vista jurídico como la actual ubicación. Cualquiera de las opciones que se han puesto sobre la mesa parece disparatada, porque es irracional que la solución al problema de saneamiento pueda consistir en demoler una depuradora en zona de dominio público para construir otra de similares dimensiones a trescientos o mil trescientos metros más allá para seguir vertiendo las aguas depuradas a la ría o al mar. De hecho, como nadie quiere la mierda, lo que están haciendo los Ayuntamientos es rechazar la opción que les toca más cerca, tal como han hecho los Ayuntamientos de Suances, Miengo y Torrelavega.

Y es aquí donde aparece la acepción que expresa contrariedad e indignación, con las consiguientes ganas de “mandar a la mierda” a alguien. No me parece serio que el futuro de la calidad del río Besaya, de la ría de Requejada, de su desembocadura, y del mar que baña sus costas se esté dilucidando en esta especie de pito pito gorgorito que se traen entre las administraciones locales, autonómicas y estatales. El futuro del saneamiento de la cuenca del Besaya, más allá de que a quien corresponda la competencia sobre sus aguas, interesa a todas las personas que viven en sus núcleos de población, y todas las Administraciones y ciudadanía debieran involucrarse de una forma más responsable, colaborativa y buscando el interés común. Entiendo que no es tarea fácil, pero no es de recibo que en todo este tiempo después de casi veinte años sabiendo que Vuelta Ostrera es ilegal e inviable, ahora sigamos por el camino del desconcierto.

Para terminar esta escatológica epístola solo me queda la última de las acepciones que nos presta la Real Academia, y es la que se entona, en este teatro de la confusión, para desear a todos nuestros actores “!mucha mierda!”.

 

Juantxu Bazán, 28 de febrero de 2018

Publicado en PRIMERA PÁGINA del diario.es Cantabria el 4 de marzo de 2018

Arboricidio en la casa Garma de Castro Urdiales

Arboricidio. Expresión aún no incluida en el diccionario de la RAE pero que es comúnmente entendida como el asesinato o muerte de árboles, cuando se produce de forma arbitraria.

Hace años, allá por el 2013, se hizo público que la casa Garma en Castro Urdiales se iba a convertir en un hotel de lujo. Una buena iniciativa, sin duda, la de Promociones Paraíso – Inmobiliaria Izarra, que garantiza el sostenimiento de un excelente edificio. La casa Garma, en el barrio Brazomar de Castro Urdiales, es uno de los ejemplos importantes de arquitectura ecléctica de principios de siglo, con notas de arquitectura modernista, y magnífica construcción en mampostería y sillería. Un volumen muy equilibrado en lo que otrora fue una ciudad jardín ejemplar, la que se extendía desde Brazomar al casco urbano de Castro. El valor arquitectónico del edificio se realza con el jardín en el que crece una vegetación que embellece la casa y el entorno contribuyendo a conformar un medio urbano amable con la naturaleza. Así ha sido hasta hace un par de semanas.

Arboricidio. Casi siempre que se denuncia suele ser demasiado tarde. La destrucción vegetal se ha consumado. Pese a ello hay que denunciar porque no es de justicia que se destruyan irracionalmente seres vivos.

La tala de árboles urbanos, cuando se producen dentro de una propiedad, es de escasa visibilidad, y suele pasar desapercibida. Así que cuando me aproximo a la casa Garma, en su finca tan solo quedan algunas señales del estropicio. El edificio ha quedado despejado de vegetación, su jardín desnudo. Se ha matado un hermoso ejemplar de cedro (cedrus deodara) al que le costó cien años llegar a alcanzar su magnífico porte. También se ha talado un magnolio, una hermosa yuca de casi un metro de diámetro de tronco, y dos palmeras (Trachycarpus fortunei). Todos los árboles se encontraban en perfecto estado de salud, tal como atestiguan las fotos de google maps que se presentan a continuación:

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Cedro y magnolio talados dentro de la propiedad de la casa Garma, próximos al paseo Menéndez Pelayo. Más atrás apenas se aprecia una yuca de gran dimensión, también talada. Foto de Google Maps antes de la tala.

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Foto de Google maps antes de la tala, desde la travesía lateral. Las flechas rojas señalan las dos palmeras y el cedro talados.

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Foto de Google Maps de una parte del jardín, antes de la tala.

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Foto de Google maps antes de la tala, desde la calle Menéndez Pelayo.

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El cedro tras la verja, y a su derecha el magnolio antes de ser talado (foto descargada de CastroPuntoRadio).

Ignoro cuál es el sentido práctico de esta barbarie, pero el resultado es un edificio y un entorno menos valioso, ecológicamente devaluado,  en un escenario menos bello. La imagen de Inmobiliaria Izarra-Promociones Paraíso sale peor parada, el futuro hotel menos promocionable, y por lo tanto,  la actuación además de salvaje es estúpida. La única justificación hubiera sido la enfermedad de los árboles, pero vuelvo a señalar, y así lo he consultado, nada presume enfermedad de los árboles, y si ese hubiera sido el problema es sabido que las enfermedades se tratan y los árboles curan. Por lo tanto no hay justificación posible para esta tala.

Arboricidio. También se produce cuando alguien corta árboles de su propiedad.

Hay una creencia bastante extendida que por la que se considera que a los árboles les podemos dar matarile siempre que sean de nuestra propiedad. Nada de eso. Para talar un árbol lo primero que hay que hacer es pedir permiso al Ayuntamiento para obtener la licencia, quien debe examinar si el árbol está o no protegido, y las condiciones para poder llevar a efecto la tala. Ignoro si Promociones Paraíso solicitó tal permiso, pero si ha sido así, alguien ha metido la pata por concedérselo, y si no, espero que el Ayuntamiento le abra un expediente al promotor y sancione convenientemente si a ello hubiere lugar. Solicitaré al Ayuntamiento que actúe en consecuencia. (Abro un paréntesis para mostrar mi perplejidad por el hecho de que este comportamiento no haya llamado todavía la atención de nadie, tampoco del departamento de Urbanismo que tiene sus despachos a cien metros del lugar de los hechos).

 

Los árboles de la casa Garma estaban protegidos por el Plan General

La tala de árboles está regulada entre las actividades que deben someterse a licencia (art. 1.1.n de la ordenanza municipal de licencias urbanísticas), por lo tanto este es un hecho que no debiera escapar al control de nuestras autoridades municipales.

Se da la circunstancia que la casa de Garma, al ser un edificio protegido, también está protegido su jardín. Así lo dice el PGOU en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico que en su memoria señala que además de protegerse el edificio también se protege la parcela:

ProteccionParcelaCatálogo

Es decir, está protegido el edificio con el arbolado y la jardinería existente sobre ella. Pero por si acaso no queda claro que los árboles de los edificios singulares están protegidos, veamos lo que dice la propia ficha del Catálogo del PGOU, en relación a las obras permitidas: “se deberá respetar el arbolado existente, y el cierre de la finca”.

FichaCatálogo

Por lo tanto, la tala de los árboles de la finca de la Casa de la Garma, propiedad de Promociones Paraíso es, además de un acto contrario a las buenas costumbres, una infracción urbanística que debe tener consecuencias.

Imágenes de la tala el 12 de enero de 2018 (fotos descargadas de CastroPunto Radio):

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El cedro del Himalaya talado en dos tiempos. Antes de ser eliminado definitivamente nos deja la imagen de un monolito, la del culto a la estupidez. 

La finca tras tala, el 3 de marzo de 2018:

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Arboricidio. Denunciarlo para que no vuelva a suceder nada parecido.

Este no es el primer arboricidio producido en Castro Urdiales. Pero espero que sea el último tan grave y flagrante. Para ello es menester que nuestras autoridades se ocupen de dar a los árboles urbanos la importancia que tienen para el bienestar de las personas y de los animales, para mejorar la calidad de vida del ecosistema urbano.

El lunes EQUO Cantabria presentará denuncia formal al Ayuntamiento solicitando se abra un expediente sancionador, y que se reparen los daños.

Los Ayuntamientos tienen a su disposición la posibilidad de elaborar catálogos de protección de nuestro arbolado de interés. De hecho en Castro, hace una década, se elaboró uno muy concienzudo que no sé dónde narices duerme. Pero no solo a los Ayuntamientos compete el cuidado del arbolado urbano. Hay comunidades autónomas (por ejemplo, Madrid) que han legislado sobre protección del arbolado urbano. El grupo parlamentario Podemos, lo intentó hace un año en Cantabria (con la colaboración de ARCA), pero su iniciativa para legislar sobre arbolado urbano fue rechazada por todos los grupos del parlamento autonómico. Se decía, entre otras, que la ley regional podría invadir competencias municipales, lo cual es una tontería mayúscula.

El caso es que el arbolado urbano, a pesar de su importancia para nuestras vidas, está desprotegido. Espero que, tras este alegato, un poco menos.

 

Juantxu Bazán, 3 de marzo de 2018.

 

ADENDA (escrito de 6 de marzo de Equo Cantabria solicitando al Ayuntamietno de Castro Urdiales la apertura de expediente de restauración de la legalidad):

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Puerto deportivo de San Vicente: Hipocresía ambiental

Tiene razón el Consejero de Obras Públicas, Mazón, cuando dice que el Puerto Deportivo de San Vicente no es un macropuerto, no al menos si tenemos en cuenta su dimensión (272 amarres) con respecto al Puerto Deportivo de Laredo (857 amarres), o las del Puerto Deportivo de Castro cuya obra quedó desierta en la licitación de sus 842 amarres proyectados. Pero no nos confundamos, la mayor o menor medida que damos a las cosas no depende solo de su tamaño, sino de la capacidad que tengamos para soportarlo. Y lo que no tiene ningún soporte es que el consejero Mazón nos quiera convencer de que “el puerto deportivo responde a una necesidad real de San Vicente” (titular del Diario Montañés, 1 de febrero de 2018, página 18).

¿A qué viene la insistencia en que el puerto de San Vicente es una necesidad real? ¿Dónde está escrito el estudio de necesidades que nos de certeza sobre esta cuestión?

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A la izquierda fotomontaje elaborado por la Dirección General de Puertos; a la derecha el proyecto de puerto deportivo sobre la ortofoto de la ría de San Vicente.

Esperaba encontrar la respuesta en la Memoria del nuevo Plan de Puertos de Cantabria, pero no, en este Plan no se desvela la demanda real a la altura de este puerto deportivo. Este estudio, el que justifica el Plan de Puertos, sí que es grande, acaso macro o supermacro. El Plan de Puertos de Cantabria tiene 2.520 páginas. De ellas hay solamente 21 páginas dedicadas a estudiar la demanda real de las instalaciones portuarias de Cantabria que en realidad no es un estudio riguroso sino más bien una traslación de indicadores y datos nacionales. El único dato que merece ser tenido en cuenta es el que señala que la demanda de embarcaciones deportivas en San Vicente aumenta a un ritmo de entre 5 y 10 embarcaciones de lista 7ª al año. Si esto es así difícilmente se puede sostener la dimensión de este puerto deportivo. Por lo tanto, la demanda real, o eso que se denomina “necesidad real” no puede justificar una actuación como la que se pretende, sino que más bien habría que optar por paulatinas ampliaciones de las instalaciones actuales para adaptarse a la escasa demanda de amarres en la ría de San Vicente, conclusión a la que, por otra parte, llega el mismo Plan de Puertos cuando dice que “se considera que es preferible desde el punto de vista ambiental la ampliación o remodelación de las instalaciones portuarias que la construcción de nuevas instalaciones”. Este Plan, en lo que se refiere a San Vicente, se desdice a sí mismo.

Se desdicen más cosas. El propio Plan de Puertos dice que “de manera general se han considerado como zonas no aptas para la implantación de nuevos puertos o instalaciones portuarias aquellas áreas de especial valor ambiental (rías o marismas)”. El propio Informe de Sostenibilidad califica la actuación del puerto de San Vicente como de “impacto crítico”, señalando además las zonas de la ría y marisma de San Vicente como zonas excluidas del Plan de Puertos, algo coherente con el hecho de que la ría de San Vicente se halla dentro del Parque Natural de Oyambre.  Todos los estudios ambientales, e incluso la posición de la Dirección General de Medio Ambiente fueron al principio en esta dirección; sin embargo, el itinerario seguido con este proyecto y con el propio Plan de Puertos denotan una sumisión incomprensible de los valores ambientales a las “grandes actuaciones” (así denomina el propio Plan a los puertos deportivos de Suances y San Vicente) contraviniendo nuestra propia legislación ambiental. El impacto sobre los ecosistemas protegidos por la ley 4/1998 que declara el parque natural de Oyambre, y por la ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, y por la ley de Costas (pues la zona donde se quiere construir el puerto deportivo se halla en zona de dominio público marítimo terrestre) va a ser mortal por efecto de un dragado de doscientos mil metros cúbicos de los fondos arenosos de la ría, además de las obras complementarias y la propia actividad que concierne a dicho puerto. A tenor de nuestra legislación ambiental esta es una actividad expresamente prohibida, y no cabría entender otra cosa puesto que si se declara la protección de parque natural es justamente para librarle de amenazas como las del puerto deportivo de San Vicente.

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Especialmente incomprensible es la posición del patronato del Parque Natural de Oyambre presidido por el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, dando el visto bueno a esta actuación. La crónica enviada por esta Consejería el pasado mes de noviembre dice que “el único patrono que se ha pronunciado ‘negativamente’ sobre el proyecto ha sido el representante de las asociaciones conservacionistas, mientras que el resto de los patronos se han mostrado ‘favorables’ al puerto, estando todos de acuerdo en que un proyecto de esta naturaleza deben extremarse las cautelas ambientales”. Menos mal. Pero extremar las cautelas significa que el Puerto Deportivo no debe construirse en el espacio protegido e instar a la Dirección General de Puertos que estudie alternativas más acordes con la protección del espacio natural. El Patronato que debe velar por la protección del Parque y la preservación de sus ecosistemas le hace la ola a la Consejería del mismo partido, la de Obras Públicas: ¿hubiera sido pertinente que el patronato encargara un informe independiente sobre los daños ambientales que va a ocasionar el puerto deportivo y sobre el incumplimiento del propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque?

El mismo día en el que escribo estas líneas, leo la crónica que conmemora el día de los humedales en Cantabria y aplaudo que el consejero Oria que preside el Patronato, responsable de biodiversidad y de los espacios protegidos de nuestra región, haya estado presente el viernes 2 de febrero en San Vicente, junto con el alcalde de la villa, y otros miembros del mismo Patronato, y que le haya dicho a los niños escolares lo valioso que es sensibilizarse sobre los problemas del medio ambiente y lo importante que es la conservación y el uso sostenible de nuestros humedales (sic).

Cuando leo esto, y pienso en el Puerto Deportivo de San Vicente, me veo sumido entre el despotismo que impone lo excesivo y la hipocresía ambiental, la de aquellos que nos quieren hacer creer lo importante que es la conservación de nuestros espacios naturales a sabiendas de los efectos destructivos de proyectos que lo hacen imposible.

 

Juantxu Bazán

Artículo publicado en el diario.es Cantabria el 4 de febrero de 2018

“LO QUE ES BUENO PARA LOLÍN ES BUENO PARA CASTRO” (O VICEVERSA).

Confieso mi perplejidad.

Después de un año sigo sin entender cómo es posible que el Ayuntamiento de Castro Urdiales haya aprobado el Convenio Lolín. Un convenio urbanístico que consiste en la recalificación de suelo industrial que ocupa la fábrica de Anchoas de Castro Urdiales para implantar un centro comercial con un aumento de la edificabilidad de 2.479 m2, y por el que el Ayuntamiento obtendrá la construcción de una pasarela ciclista y 1.000 m2  de espacio deportivo en una de las zonas del centro comercial. Tanto la propiedad, Conservas Lolín, como el Ayuntamiento, gobernado por CastroVerde, han saludado esta operación como muy favorable para el “interés general”, habida cuenta de que ello va a significar también el traslado de una fábrica a la zona industrial y en su lugar, a la entrada del casco urbano de Castro, se creará un nuevo centro comercial (dicen que será Mercadona) con la creación de 45 puestos de trabajo ampliables a 90 con las tiendas que allí se instalen. “Creación de puestos de trabajo”, “interés general”, algo que no podría faltar en la justificación de este convenio urbanístico que sale adelante gracias a la mayoría que suman CV y PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con alguna oposición (MAS Castro, EQUO, Podemos) , y la complaciente abstención del PSOE y del PP. El Convenio Lolín se perfila como un negocio empresarial que rediseña una parte muy importante de la ciudad de Castro Urdiales, en la que, desde mi punto de vista, se obtiene un altísimo aprovechamiento y beneficio económico para la parte privada en comparación con las escasas ventajas que quedan para la ciudad y, también desde mi percepción, este futuro centro comercial es contraproducente para el desarrollo de la ciudad.

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En ausencia de relato para dibujar el futuro de Castro Urdiales prevalece un lema que se extiende como un sonsonete: “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro”. La frase, todo un proverbio por el contenido moral que contiene, es insistentemente repetida por Jesús Gutiérrez, promotor del Convenio Lolín, dueño de la Fábrica de Anchoas, hasta hace medio año portavoz del PRC en Castro Urdiales, y serio aspirante a ocupar la alcaldía de Castro Urdiales tras las próximas elecciones de 2019. “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro” más que un proverbio es una manera de entender la ciudad y el municipio de Castro Urdiales que se construye desde el pensamiento liberal que nos traslada a los tiempos del gran teórico de la economía de mercado capitalista Adam Smith: “Lo que es bueno para el capital es bueno para la sociedad”, proclamaba el economista británico, porque cuantos más beneficios obtenga el empresario ello significará un aumento de la riqueza y de la prosperidad de la colectividad. Por la misma razón, en Castro Urdiales deberíamos aceptar que el  Convenio Lolín, bueno para Anchoas Lolín, bueno para Mercadona, va a repercutir favorablemente en las familias castreñas lo que significará también un aumento de la riqueza y la prosperidad para Castro.

Decodifiquemos. “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro” nos transmite una visión totalizadora de la sociedad, que no es otra que a Castro le irá bien siempre que a Lolín le vaya bien, lo que implica una ciudad que pende de la iniciativa de su grandes promotores, una sociedad a la expectativa, que aplaude o asiente las iniciativas de sus grandes emprendedores, una sociedad, también, de electores. Porque “Lo que es bueno para Lolin…” es también un eslogan anticipado de la campaña que llevará a Jesús Gutiérrez a la alcaldía con la mejor tarjeta de presentación posible, la del empresario de éxito que mejor sabe “lo que es bueno para Castro”.

Mientras el proverbio se cumple, a mí se me ocurre que es necesario cambiar el pronóstico, pensando en que la ciudad se puede y se debe diseñar de otra forma, y acaso, invertir los términos, hacer viceversa y proclamar que “LO QUE ES BUENO PARA CASTRO, ES BUENO PARA LOLIN”. Esto implica que hay que ocuparse en primer lugar de la ciudad, de sus necesidades, de la importancia que la zona de Brazomar puede significar para mejorar el hábitat urbano, de la recuperación del dominio público de la ría, de la posibilidad de generar equipamientos públicos que convivan con nuevos usos (comerciales, residenciales, hoteleros…); de solucionar los problemas de tráfico, favorecer la movilidad urbana, promover la restauración ambiental del entorno de la ría… Hacer viceversa quiere decir, sobre todo, otra forma de hacer el urbanismo más allá del negocio con un empresario, contar con el conjunto de empresarios de la zona, con la participación de expertos y del conjunto de la ciudadanía. Estoy convencido de que por este camino seríamos capaces de encontrar mejores soluciones que la que nos ofrece el Convenio Lolín para mejorar la calidad urbana de la ciudad y del municipio, algo bueno para Castro, y también para los empresarios de Brazomar, también para Lolín.

Pero por mucho que me encargue de hacer pronunciamientos para invertir las reglas de juego mucho me temo que mi perplejidad perdure. Lo más probable es que sigamos con esta perversa inercia de hacer en Castro Urdiales lo mismo que venimos haciendo en los últimos veinte o treinta años, consolidar que lo que sea bueno para algunos no sea bueno para Castro; este ha sido el designio fatal de la historia reciente de nuestro urbanismo. Así que el siguiente paso que nos asiste será la aprobación del modificado del Plan General nº 23, la recalificación, el centro comercial, y dar por bueno todo lo que nos digan que es bueno, y todos tan contentos.

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Juantxu Bazán, 16 de enero de 2016.

Artículo publicado en la Tribuna de eldiario.es Cantabria.

 

Haciendo memoria de la Consulta Popular de Castro Novo: De la ilusión a la frustración.

El pasado 15 de noviembre estuvimos en La Vorágine participando en el ciclo sobre MILITANCIAS, y a mí me toco hablar sobre “Castro Novo, militancia por una urbanismo sostenible”. A lo largo de la entrevista coloquio quise trasladar la importancia de un hito como la Consulta Popular de Castro Novo, un hecho histórico que tuvo una enorme relevancia y que yo ensalcé como una experiencia democrática singular y única en España, “un monumento a la democracia y a la participación ciudadana digno de ser estudiado”, dije. Hoy, 16 de diciembre de 2017, treinta y ocho años después, pongo algunas notas, reflexiones, y transcribo una parte del material guardado desde entonces, un avance de una historia que merece ser contada.

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Lo que queda hoy en la memoria de la gente de Castro Urdiales sobre Castro Novo y la consulta popular de 1.979.

Hace poco en una reunión con mis alumnos y alumnas de la Escuela Taller, les pregunté ¿sabéis lo que es Castro Novo?

No tenían ni idea: de los 22 jóvenes, entre 18 y 29 años presentes, tan solo una chica de 29 años, Naiara, se acordaba de que había oído hablar a sus padres pero realmente no sabía a qué se referían. Inquieto por el resultado de mi sondeo, me puse a calcular la gente de Castro Urdiales que hoy, treinta y ocho años después de la Consulta Popular, conoce y sabe de Castro Novo.

De las personas que tenían edad de votar en 1979, ahora quedan vivas las dos terceras partes aproximadamente. La realidad sociológica de Castro Urdiales ha cambiado mucho, han sido muchas las personas residentes que llegaron a Castro Urdiales a partir de mediados de los años noventa que no han conocido la historia de la ciudad que habitan, y que apenas han oído hablar de Castro Novo. Si sondeáramos a los que tienen menos de cincuenta años, pocos, muy pocos conocen de que trataba aquella historia. Según mis propias estimaciones (elaboradas a través de las tasas de mortalidad y el crecimiento poblacional habido en Castro Urdiales en las últimas décadas) tan solo el 17 % de la población con derecho a voto hoy de Castro Urdiales, es la que pudo votar en 1.979 en la Consulta Popular de Castro Novo.

Castro Novo apenas ha quedado relegado a ser una fecha en el calendario que, si algún medio de comunicación lo tiene anotado, es posible se produzca alguna tertulia, como en la que participé, en Castro Punto Radio, justamente el año pasado, el 16 de diciembre. En ella la periodista plantea una pregunta que incorpora una sensación de fatalidad, de frustración: “¿Acaso no era mejor aquel proyecto que lo que tenemos ahora en Cotolino?”. Es mejor responderse a esta pregunta cuando sepamos en qué consistía este proyecto.

Cuando se cumplió el treinta aniversario, la asociación ciudadana OTRO CASTRO ES POSIBLE reivindicó el espíritu de la consulta popular, para recordarle al Ayuntamiento que tenía la obligación de organizar una consulta popular sobre el Puerto Deportivo.

Solo quiero avanzar que durante unos diez años, la consulta popular fue celebrada en cada aniversario, cada 16 de diciembre, y así sucedió mientras duró la actividad de ICU (Izquierda Castreña Unida)  y de Proel, periódico popular de Castro Urdiales (que se edita entre 1978 y 1987). Con la desaparición de ICU y de Proel la fiesta-aniversario ya no se celebra y Castro Novo se sumerge en el olvido.

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Pegatina de la fiesta del segundo aniversario de la Consulta Popular.

Vayamos pues al rescate,  voy a hacer memoria.

Hablemos de Castro Novo…

Castro Novo se presenta a la opinión pública en febrero de 1.977, aunque su origen, la idea de Castro Novo antes de tener siquiera pensado su nombre ni perfilarse como proyecto, es la de un negocio urbanístico que en realidad se opera hacia 1.973, con la compra de terrenos rústicos en la zona que se extiende desde Cotolino hasta Mioño, hacia el este del casco urbano, entre las playas de Brazomar y Dícido. Toda esta zona en el momento de idearse el proyecto es suelo rústico. Se produce una compra masiva de terrenos por las personas que iban a fundar Castromar, tanto en esta zona como en Urdiales, es decir, las que iban a ser las zonas de expansión del Plan General cuyo modificado se había encargado al estudio de ingeniería FOESTRA, Plan General que se justifica por los flujos de población del Gran Bilbao hacia Castro, y en el que está presente la construcción de la Autopista Bilbao Castro.

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Noticia de la Ilustración de Castro en la portada de 13 de noviembre de 1977.

Castro Urdiales, descongestión del Gran Bilbao, escenario de especulación urbanística.

La primera vez que sabemos de Castro Novo es en julio de 1.976, a través de una entrevista en Tele Norte, el programa regional de Televisión Española que se emitía para el país vasco y que podía verse en Castro Urdiales. Entonces el proyecto se denominaba Castro Berri, y su autor era Ricardo Bofill que había sido contratado por Castro Mar para diseñar “Castro Berri, una ciudad residencial para la descongestión del Gran Bilbao”, según las propias palabras del arquitecto catalán,  quien también dijo que “el proyecto debe ser resultado del diálogo con todas las fuerzas sociales de Castro”.

En enero de 1977 la Ilustración de Castro publica una “Entrevista con el famoso Bofill” (tal como dice su titular) para dar a conocer la marcha de los trabajos del Plan de Urbanización. Me parece muy significativo destacar lo que dice su preámbulo:

“Cinco años ya que los planes se empezaron a perfilar con la compra masiva de terrenos y con los planes hechos por el ingeniero santanderino señor Obregón (FOESTRA), para la ordenación de la zona en la que se incluía la desviación del río Brazomar, con un presupuesto de unos sesenta millones de pesetas.”

No se sonroja el periodista en narrar algo que era perfectamente sabido: “los planes se empezaron a perfilar con la compra masiva de terrenos”, compra masiva al auspicio del desarrollo urbano que se estaba perfilando en la zona que luego sería Castro Novo.

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Portada de la Ilustración de Castro, el 19 de enero de 1.977.

En el mismo artículo dice Bofill que “el proyecto se fundamenta no en la teoría de una ciudad dormitorio, sino en el de una ciudad residencial, de acuerdo con las necesidades de descongestión del Gran Bilbao; esto es, no como una ciudad de verano, sino como una zona residencial de Bilbao, donde vivan personas de varios niveles”. La descongestión del Gran Bilbao, y el previsible flujo de población hacia Castro Urdiales ya se había anticipado por el Plan General de Foestra:

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Plano de “Demografía y Población del Plan General de Ordenación de Foestra (Octubre de 1975), en el que se dibujan los posibles flujos de población desde el Gran Bilbao hacia Castro con el consiguiente aumento de población.

Así pues, antes de conocerse el proyecto de Castro Novo, se van desarrollando todos los elementos que lo van a hacer posible y en las que colaboran de forma eficiente la Administración Pública con la promoción privada: Una operación de compraventa de terrenos en suelo rústico; la reclasificación de los mismos a través del Plan General, la infraestructura que modificará el mercado inmobiliario, es decir, la autopista Castro Bilbao (proyecto que ya está dibujado en los planos de Foestra). El último elemento consistirá en enmarcar Castro Novo con el prestigio de Bofill, al que la empresa Castromar que, finalmente se hará dueña de la mayor parte de los terrenos del Polígono nº 1, encarga el Proyecto de Urbanización.

La revista Proel (Periódico Popular de Castro Urdiales) en un informe de Jaime G. B. publicado en la segunda quincena de octubre de 1.979 detalla el origen y las personas implicadas en la operación: “Castromar S. A. se inscribe en el Registro Mercantil de Pamplona el 5 de julio de 1973. Al acto acuden Mikel Unzueta (senador del PNV por Vizcaya, y hombre ligado a Bankunión), Ignacio Javier Gomara (persona ligada al sector de la promoción y construcción de Navarra, y uno de los fundadores de Unión del Pueblo Navarro), y Enrique Arriola Tristán (ligado al sector inmobiliario y a la Cadena de Cines Astoria, de Bilbao). La aportación al capital social es de 1.000.000 de pesetas cada uno. Y el objeto de la sociedad es la compraventa, urbanización y parcelación de terrenos”. A partir de entonces se producirán sucesivas ampliaciones de capital hasta alcanzar los 200 millones en el 77, y en la que se vislumbra como hombres fuertes Julian Vinuesa (duelo de la cadena Astoria de Bilbao), y Abdon Merladet (empresario vinculado a la oligarquía vasca). Sigue el reportaje de Proel diciendo:

“Gran parte de estos terrenos fueron comprados como rurales a un precio medio de 200 ptas. el m2. Todo el negocio de acumulación de terrenos, por compra de parcelas a sus pequeños propietarios comienza en el año 1973 (el mismo año en el que se constituye Castromar S. A.), y es en 1975 cuando el Ayuntamiento aprueba la ampliación del Plan General de Ordenación Urbana de Castro, convirtiendo esos terrenos que fueron comprados como rurales, con escaso valor, en urbanos residenciales altamente rentables”.

En la operación aparecen como intermediarios varios notables locales vinculados políticamente al alcalde Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín”, y una red de empresas que participan junto a Castromar en el negocio inmobiliario. Más tarde la propia revista Proel publicaría las implicaciones y participación directa del alcalde de Castro Urdiales en los negocios inmobiliarios con la constitución de Norteña de Inversión S. A. dueña de 10.000 m2 de suelo en los sectores I y III de Castro Novo. Luego lo veremos cuando hablemos de la campaña de la Consulta Popular.

Castro Novo: “El mejor complejo residencial de Europa”.

El 17 de febrero de 1977 el proyecto de Castro Novo (ya con su denominación oficial) fue presentado en el Ayuntamiento de Castro Urdiales ante una amplia representación de personalidades: el gobernador civil, varios delegados de la Diputación Provincial de Santander, la corporación y el alcalde, representantes de la empresa promotora Castromar, medios de comunicación. La expectación fue realmente grande, fuera de lo normal, y actuó de maestro de ceremonias el arquitecto Ricardo Bofill.

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Presentación del Proyecto de Urbanización Castro Novo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, el 17 de febrero de 1979.

La crónica de La Ilustración de Castro señala que “Castro Novo será una ciudad muy grata para vivir”. En las características que resumen la actuación se señalan las siguientes:

  • UNA CIUDAD PERFECTAMENTE DEFINIDA, “con personalidad propia y continuación del Castro actual”. “El mejor complejo residencial de Europa”.
  • Una ciudad ideada por el hombre para el hombre, entre las playas de Brazomar y de Mioño. 965.000 m2. 15.000 millones de ptas. de inversión. Entre 4.000 y 5.000 viviendas. Entre 20.000 y 25.000 personas.
  • Edificios entre 4 y 7 alturas. Plazas, jardines, zonas públicas, paseos, 3 centros comerciales, una iglesia, aparcamientos subterráneos, edificaciones con planta baja porticada…

(Abro un paréntesis para señalar que la idea de promocionar una ciudad nueva se abandona más adelante, tras la contestación al proyecto, para insistir en que Castro Novo es el ensanche de Bilbao sino el ensanche de Castro Urdiales).


El proyecto de Castro Novo lleva la marca de Ricardo Bofill, uno de los arquitectos más prestigiosos del mundo.

Tanto promotores como la prensa (local, regional y nacional) destacan este aspecto. Ricardo Bofill es en aquella época l’enfant terrible de la arquitectura española y europea; con estudio en Barcelona y en París, y con proyectos muy conocidos, algunos de los cuales fueron muy aplaudidos, como la muralla roja de Calpe, el Walden 7, o Les Halles de París. El se jactaba de ser un arquitecto progresista, socialista, de izquierdas, con encargos del gobierno de Argelia, o del mismísimo Chirac. Cuando se le encarga Castro Novo, su estudio asume el proyecto más relevante que podría tener entre manos en cuanto a dimensión en nº de viviendas.

Castro Novo está planteado con técnica de ensanche y de ciudad lineal al mismo tiempo. Traspasa la ría de Brazomar y se extiende por las praderas de Cotolino y Arciseri, mediante un sistema de manzanas abiertas, hasta llegar a la playa de Dícido en Mioño. Es de una extensión de cerca de un millón de metros cuadrados, con una longitud de unos dos kilómetros, con una anchura entre 400 y 600 m., depende la zona. Es como la ampliación del casco urbano de Castro que en aquella época albergaba unos 9.000 habitantes, duplicando su superficie pero con un volumen y densidad muchísimo mayores.

El impacto es brutal, sin embargo, la maqueta y el fotomontaje presentan algo que visualmente resultaba a muchos bello y armonioso. Veamos algunas fotos sacadas del archivo municipal:

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Las campas de Arcisero en 1976, entre la playa de Castro, a la derecha, y Dícido, a la izquierda. La imagen no recoge la totalidad del territorio sobre el que se extiende el proyecto que llega hasta la playa de Dícido que no aparece en la foto. En primer término, a la izquierda, las instalaciones mineral de las Minas de Dícido con el cargadero de mineral. 
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Dibujo del conjunto del proyecto de Castro Novo. Proyecto de Urbanización de Castro Novo, 1977. Archivo municipal de Castro Urdiales.
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Fotomontaje elaborado por el estudio de Ricardo Bofill para la empresa promotora Castro Mar que sería divulgado en la propaganda de la Consulta Popular.

Más allá de consideraciones estilísticas o estéticas, Bofill defendió su proyecto, el de Castromar, con argumentos urbanísticos: “Castro Novo no es una ciudad fantasma sino coherente, ordenada y planificada”, declaraba Bofill en Castro Urdiales, el 7 de diciembre en Castro Urdiales, en medio de la campaña de la Consulta Popular. El planteamiento de inicio es la inevitabilidad del crecimiento de Castro, algo que parece coherente con las previsiones marcadas por el estudio de Foestra de 1.975. Puesto que se van a producir flujos de demanda, es inevitable que Castro crezca, se afirma. De hecho Castro Novo se justifica como una ciudad para la descongestión del Gran Bilbao. “Esto no es una ciudad nueva, esto es un ensanche de nuestro pueblo”, decía un folleto de Castromar.

PlanoPlantaGeneralProyectoUrbanización_CN_reducPlano general del Proyecto de Urbanización. Archivo municipal de Castro Urdiales.

Ciertamente, desde el inicio de la promoción hasta la campaña de la Consulta Popular… se producen estas contradicciones, tanto en el discurso de Castromar como en el del propio Bofill, para finalmente lanzar la idea de que Castro Novo no es la “descongestión del Gran Bilbao”, sino el “ensanche de Castro Urdiales”, y como tal unido a su idiosincrasia.


1.977, 1.978. El Movimiento Ciudadano. Una experiencia de unidad democrática contra el proyecto de Castro Novo. Empieza el debate del SI y el NO a Castro Novo. El Colegio de Arquitectos se posiciona en contra de los planes parciales de Castro Novo.

Desde incluso antes de presentarse el proyecto la oposición al proyecto se organiza en torno a las fuerzas democráticas.

El 18 de junio de 1977, el Movimiento Ciudadano[1] presenta escrito en el Ayuntamiento contra la aprobación de los cuatro planes parciales de Cotolino Litoral, Cotolino Interior, Arcisero-La Cruz y Dícido, que habían sido aprobados inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de 7 de mayo de 1977. En el escrito se aduce la necesidad de una mayor  información del proyecto a la altura de la trascendencia del mismo; se niega que sea un proyecto interclasista, que no responde a las necesidades del desarrollo natural  y que implica un desajuste social, cultural e ideológico; que los planes parciales responden a un desarrollo de capital especulativo que no cumplen con el fin social de la propiedad. Se rechaza que en el programa de actuación el agua y el saneamiento sea un servicio a pagar por el Ayuntamiento y se alega la desproporción entre las tasas municipales y las ganancias de la promoción; también se alega la falta de garantías en las Juntas de Compensación. Las alegaciones son desestimadas en su totalidad por considerarse de carácter político y socioeconómico, afirmándose por el secretario municipal la suficiencia de información.

Mejor fundamento esgrime, desde mi punto de vista, el Colegio de Arquitectos de Madrid (delegación de Santander). El colegio profesional, presente en la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo[2], votó en contra de los Planes Parciales de Castro Novo con argumentos urbanísticos apoyados en la Ley del Suelo:

  • La ampliación del polígono nº 1 sobrepasa las previsiones del PGOU y crea un desajuste en cuanto a zonas verdes y espacios libres. Las zonas verdes que se incluyen en la urbanización no cumplen con su función, y no deben considerar como tales los acantilados marinos.
  • No se delimita la costa en tres de los sectores con la línea marítimo-terrestre.
  • La cesión de zonas verdes no cumplen con la cesión del 10% incumpliendo con ello la Ley del Suelo.
  • Se grafía la playa de Mioño como “parque y jardín público”.
  • No se observan las previsiones mínimas de aparcamientos. No se fijan las alineaciones de los edificios en plano, ni la densidad de viviendas por hectárea.

Termina su escrito el Colegio de Arquitectos con un argumento de política urbana que a mí me parece muy importante y de plena actualidad, y que desbarata la pretensión de organizar el municipio de Castro Urdiales según la expectativa de Bilbao: “En ningún caso puede justificar la conveniencia o utilidad de los planes parciales que venimos analizando la existencia de problemas demográficos en regiones adyacentes, ni mucho menos para evitar la influencia negativo de zonas residenciales tradicionales o la degradación y progresiva masificación del hábitat de la margen izquierda de la ría bilbaína”.

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Nota del Colegio de Arquitectos publicada por la revista Triunfo, el 24 de diciembre de 1.977, en contestación a un artículo publicado por la misma revista en octubre del mismo año.

El Movimiento Ciudadano cuestionó desde el inicio la legitimidad democrática de la corporación que aprobó Castro Novo y alude a que “las decisiones de tanta trascendencia deben ser tomadas como ésta deben ser tomadas por el pueblo debidamente informado[3]. También se cuestiona el modelo de gigantismo turístico implícito en el proyecto de Castro Novo: “Sabemos”, dice en su comunicado, “que Castro Urdiales tiene unos recursos que debe aprovechar mediante el turismo pero no se deben desligar de su futuro el problema de la vivienda, el de los puestos de trabajo, el de las zonas verdes y todo esto debe contemplarse de forma racional y planificada”. En relación con este aspecto se rechaza el modelo de creación de puestos de trabajo, argumento que iba a pesar en el discurso de apoyo al proyecto habida cuenta del peso del Sector de la Construcción entre la población parada. Se rechaza el modelo estacional de contratación, y frente a la construcción de la macro ciudad residencial se propone un plan equilibrado en el que se potencie la construcción de viviendas sociales, así como el desarrollo de un polígono industrial, un desarrollo equilibrado de todos los sectores productivos con puestos de trabajo seguros y no coyunturales. Otro de los argumentos que van formar parte de la oposición es la relativa a la “identidad castreña”, y a la supuesta lucha de intereses en la que una comunidad extraña invadiría de forma agresiva a la vida de Castro, Castro Novo como algo ajeno a la vida local: “no es algo que esté pensado para satisfacer los intereses de la población de Castro sino a intereses especulativos que significa la servidumbre del Castro de siempre hacia algo tan ajeno a nuestra forma de ser como es Castro Novo”.

Así pues, la oposición al proyecto se posiciona desde su inicio en la dirección de que se consulte a la población. Esta posición viene reforzada por el hecho de que en las elecciones generales del 15 de junio, las primeras de la democracia, los partidos de izquierda y centro-izquierda contrarios a Castro Novo ganan las elecciones en Castro Urdiales.

El verano de 1977 es ya de debate entre las diferentes posiciones sobre Castro Novo, anticipación de la consulta popular. El debate, imposible en una corporación no democrática, pasa a la calle. Y también al único medio de comunicación local, el semanario la Ilustración de Castro, editado por la familia Sertucha desde finales del siglo XIX.

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Conservo un panfleto editado en la ciclostil a manivela que había en la Casa de los Curas, de escasa calidad, pero en consonancia con los medios de propaganda que se disponían en 1.977. El titular, que apenas se distingue por la mala calidad de la edición dice: “A todos los castreños, ¡No a Castro Novo!, únete al Movimiento Ciudadano!”.Al texto se le acompaña las imágenes de la silueta de la zona monumental de Santa María y de la bandera de Castro. Obviamente en tinta negra. Llamo la atención sobre esta cuestión porque en la imaginería de la oposición a Castro Novo quedará patente la simbología local, los elementos de la identidad local.

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En este panfleto se resume, de forma excesivamente simplificada (no deja de ser un panfleto propagandístico) los argumentos del “No a Castro Novo”:

  • Castro Novo es ajeno a los intereses de Castro Urdiales.
  • Freno a la industrialización.
  • Aumento del coste de la vida.
  • Pérdida de la identidad castreña. Perdida de las costumbres y la manera de ser castreña.
  • Castro Novo, Neguri Dos. Castro, primero para los castreños.
  • No a la especulación.

Subrayo el último de los argumentos: “No a Castro Novo, porque queremos decidir el futuro de Castro mediante la participación de todos a través de un ayuntamiento democrático castreño”. A mediados de 1.977 estaba muy definida la oposición al proyecto, pero nadie pensaba entonces en la consulta popular a la ciudadanía, y no se pensaba en ella, porque en realidad las fuerzas democráticas pensaban en una aplazamiento hasta la futura constitución de los ayuntamientos democráticos.

La campaña se completa con pegatinas, y carteles:

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Para entender el contenido del mensaje describiré la imaginería que se puso en la propaganda contra Castro Novo:

– Las pegatinas utilizaban la imagen de la zona monumental, y la ballena como símbolo del escudo de Castro. Con una frase: “NO Castro Novo”.

– Uno de los carteles mostraba como imagen central, en color sepia, el escudo de Castro con la frase de su lema “Castro Soy y Castro he sido… pero nunca Castro Novo”.

– El otro encabezaba una pregunta, Castro Novo ¿Por qué? ¿Para quién? Con una imagen de la zona monumental de Castro (la iglesia, el castillo…) recortada por la silueta de hombres, mujeres y niños, y sobre la que se lee: NO Especulación, No colonización; Si puestos de trabajo seguros, Si viviendas Sociales… y debajo un texto que dice: SOMOS LOS CASTREÑOS QUIENES TENEMOS QUE DECIDIR NUESTRO FUTURO. Es una apelación que se hace desde el primer momento por las fuerzas democráticas que se oponen a Castro Novo, la de que una decisión tan importante como la de Castro Novo hay que consultarla con el pueblo.

La revista TRIUNFO se interesa por Castro Novo y publica en octubre de 1977 un reportaje del periodista Pedro Vega, “Castro Novo, el suelo prometido”:

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1.978. Proel, periódico popular de Castro Urdiales.

El 1 de enero de 1.978 sale al público el primer número de la revista PROEL, periódico popular de Castro Urdiales, al precio de 30 pesetas, 16 páginas. En portada el cartel de de oposición a Castro Novo:

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Proel es resultado de la reunión de las fuerzas democráticas, y en el alma de Proel subsiste la oposición a Castro Novo, a lo largo de sus diez años de vida en la que se publicaron 200 números. Proel como veremos más adelante tuvo también un papel esencial en la campaña por el NO a Castro Novo.

PROEL en su nº 3 da noticia de la primera manifestación de la democracia en Castro Urdiales, que se produjo el 29 de enero de 1.978, en la que se reclaman viviendas sociales, puestos de trabajo, y contra la carestía de la vida. La manifestación que había sido convocada por las centrales sindicales… y los partidos de izquierda, leyeron en su comunicado final en el que pedían referéndum para Castro Novo.

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La primera manifestación de la democracia en Castro Urdiales lleva entre sus consignas “Castro Novo, referendum”.


1.979. Seguimos con Castro Novo. Primeras elecciones municipales. La división de la izquierda. ICU (Izquierda Castreña Unida). La victoria aplastante de Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín” con la UEI (Unión Electoral Independiente).

Las elecciones municipales fueron extrañas, muy extrañas en Castro Urdiales. El ambiente de unidad previo de las izquierdas se disuelve. El primer condicionante tiene que ver con la convocatoria el 3 de abril, poco después del 1 de marzo en el que se produjeron las elecciones generales. Tras la concurrencia electoral en las que cada partido midió sus propias fuerzas, era muy difícil prever la unidad de la izquierda en Castro Urdiales.

En la editorial de Proel, de la primera quincena de enero se dice: “Lo que aquí se juega, más que el gobierno municipal durante cuatro años en un futuro inmediato se deberá decidir qué es lo que se hace con los proyectos heredados del anterior régimen. Proyectos que marcan un determinado crecimiento del pueblo y una determinada forma de vivir de los castreños. Esto es una cuestión que debe quedar clarificada en los diferentes programas, y es importantísimo que nos hagamos idea de que hay cosas que todavía no están hechas (Castro Novo, Puerto Deportivo. Apartamentos…) y que depende de a quien votemos podemos lograr que no se hagan nunca. No entrar en estas cuestiones, no ponerlas en el debate electoral sería falsificar el propio significado de las elecciones municipales”.

La situación de partida es de crisis en el PSOE y en el PCE con militantes que no están de acuerdo con las candidaturas, sobre todo con los cabezas de lista. Felix Berastaín encabeza la lista de UCD, tras la desaparición de Izquierda Democrática. Irrumpe en la escena electoral ICU (Izquierda Castreña Unida) que agrupa a una buena parte de las personas que tuvieron un papel relevante en el Movimiento Ciudadano contra Castro Novo, con la incorporación de Joaquín Díaz Munío, y encabezando la lista Eduardo Ruiz quien fuera secretario general del PSOE en Castro Urdiales, que se separa del partido para unirse a la nueva candidatura independiente de izquierdas. ICU iba a tener un papel determinante en las luchas contra Castro Novo, y recibe asimismo el apoyo de las personas que forman parte del consejo de redacción de Proel.

En cuanto a la derecha, el candidato incuestionable va a ser Lolín, Manuel Guetierrez Elorza, es decir, el actual alcalde. Se dice que Lolín estuvo intentando encabezar la lista de UCD, algo que no fue bien visto por la dirección regional de Cantabria. Lolín tiene claro que la opción de UCD, el partido que se perfilaba como ganador en las primeras elecciones generales, podría ser la opción ganadora también en las municipales. Cerrada esa posibilidad, se conforma una candidatura independiente, la UNIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE que agrupa a todas las tendencias de derecha en torno al liderazgo de Lolín, y en la que se incorporan personas que no habían tenido trayectoria política hasta el momento. Unidad en torno a Lolín, división en la izquierda, caos en el PSOE.

Finalmente serán cinco las candidaturas en el contencioso electoral (ICU, PCE, PSOE, UCD, UEI) y  la previsión, luego desmentida por la realidad, es que Lolín no iba a alcanzar la mayoría, y por tanto el proyecto de Castro Novo, negado desde UCD hasta ICU, iba a ser desmontado por una nueva mayoría. Así lo explicaba la editorial de Proel de la primera quincena de marzo:

“Lolín no volverá a ser alcalde de la ciudad de Castro Urdiales (…). Es claro que si el Ayuntamiento de Castro tiene reservados 17 concejales, necesitaría un mínimo de 9 para poder acceder a la reelección, es decir, volver a ser alcalde. Es obvio, que no existe partido político capaz de extraer de las urnas papeletas suficientes para proclamar 9 concejales; es claro que Lolín no será alcalde…”.

Lo que resultó claro es que el vaticinio de Proel no se cumplió.

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Manuel Gutiérrez Elorza, Lolín, primer alcalde de la democracia en Castro Urdiales.

El resultado de las elecciones fue sorprendente, absolutamente inesperado: 1, PSOE; 1, UCD; 4, ICU; y 11 concejales para la UEI, comandada por Lolín que consigue la mayoría absoluta. La victoria de Lolín, fue puesta como ejemplo de un milagro operado por el marketing político. Fue una campaña despolitizada totalmente, Muy personalizada en Lolín, con un slogan que decía “El mejor alcalde para Castro”, aceptando su pasado y presentándole con la confianza de que había sido y volvería a ser el mejor alcalde para Castro.

Con estos resultados tan exultantes para la derecha local, las posibilidades de sacar adelante la revisión del proyecto de Castro Novo o someterlo a Consulta Popular se esfuman.

Y sin embargo…


Algo empieza a cambiar en la política local. El protagonismo se dirige a los plenos y a la calle. La asamblea popular de ICU. Castro Novo en el centro de atención: “Castro Novo, Consulta Popular”. Se consiguió aprobar en un pleno, pero posteriormente el alcalde dio marcha atrás y se anula la consulta. Empiezan las movilizaciones.

El giro en la política local tras las primeras elecciones municipales es total. ICU asume su papel de mayoría en la oposición y va a exteriorizar su estrategia política en el que la oposición a Castro Novo se dirige a la consecución de la Consulta Popular. Los plenos se preparan concienzudamente tras la constitución del nuevo Ayuntamiento, y se convierten en el escenario principal de la acción política, con un salón de plenos lleno de personas, casi siempre seguidores de ICU, y con una decidida apuesta por la movilización popular controlada y apoyada por la asamblea popular. Una situación desconocida para Lolín, muy acostumbrado a manejar el control que, con ICU en el Ayuntamiento, empieza a dar muestras de debilidad sobre todo cada vez que el asunto de Castro Novo se debatía en el Pleno.

Llega el Pleno del 28 de junio de 1.979. En el orden del día asuntos importantes, que se alargan considerablemente con la intervención de todos los portavoces, con propuestas, enmiendas, etc. Llega el punto, tras cinco horas de pleno, en el que hay que tratar de la aprobación de las JUNTAS DE COMPENSACIÓN DE CASTRO NOVO. Esto hubiera sido un mero trámite en cualquier Ayuntamiento, pues no se trataba de aprobar ni los planes parciales, ni el proyecto de Urbanización, sino un aspecto más bien administrativo, formal. La intervención de Joaquín Díaz Munío fue magistral, señalando las causas sociales y económicas de la negativa al proyecto, de los peligros de un proyecto tan grandioso, sin atender las prioridades de la población, cuestionando la legalidad de la aprobación de las Juntas de Compensación, y que no había sido democrática la forma de aprobar Castro Novo; Joaquín termina su exposición solicitando la apertura de un amplio debate y la convocatoria de un referéndum para primeros de noviembre. El alcalde y algunos de los concejales insistían que habían ido a votar las Juntas de Compensación, y Joaquín, que no, que las Juntas de Compensación no pueden votarse porque habían sido impugnadas. Joaquín insistió en que en la propaganda electoral de UEI se había dicho que el alcalde y los concejales se comprometían a escuchar a todos los vecinos, y finalmente apeló a sus conciencias. Llega el turno de votación, y los concejales de ICU que SI a la Consulta popular, y a continuación vienen los concejales de UEI, iban votando, uno, que SI, el otro que SI, y el otro… Cuando llega al alcalde ¿Qué si a la consulta popular? Pues yo digo que NO! Todavía otro voto a favor, y Nieves Maza la lugarteniente del alcalde que NO. Y se aprueba la consulta popular. Se aprueba con 15 síes y dos noes. El alcalde con un cabreo considerable le pregunta al secretario sobre la legalidad de la votación, afirmando éste que era totalmente legal.

La editorial de Proel del siguiente número aplaudió el comportamiento democrático de los concejales de UEI. Lolín no tardó en buscar todos sus resortes a su alcance para anular tal decisión y acude al gobernador, quien en una decisión inverosímil decide suspender la consulta popular, porque dice, no es competencia del Ayuntamiento.

Y es a partir de este momento en el que se desatan las hostilidades…


Verano de 1.979, el verano que vivimos peligrosamente. Movilizaciones: encierros, encadenamientos, presencia de fuerzas armadas, manifestaciones, concentraciones, comidas campestres, pintadas en la calle, marcha a Santander… y la huelga de hambre.

No es menester señalar aquí todo el itinerario seguido durante los meses de agosto y septiembre de 1979. El primer acto de protesta tras la vuelta atrás de los concejales de UEI fue encerrarse en el Ayuntamiento. Ni siquiera la guardia civil pudo evitarlo. El siguiente pleno se convocó a puerta cerrada, ante lo que los concejales de ICU decidieron hacer el pleno en la plaza, esto fue un sábado, el 1 de septiembre. En la asamblea estaba discutiendo las propuestas de ICU que iban a presentarse al pleno. Hasta que llega la guardia civil a disolver y a cargar contra la gente. Al día siguiente una comida campestre, decisiones que eran propuestas por cualquiera de la asamblea y que eran inmediatamente apoyadas por los demás; tras la acampada, asamblea para decidir las acciones del día siguiente. Se hace una pintada en la campa. Se decide volver a Castro en manifestación silenciosa, empiezas la manifa con trescientas personas y termina en la plaza con cerca de mil personas. Convocatoria de la asamblea para el martes por la tarde, otra manifa para el sábado 9 de septiembre que esa ya no fue espontánea y que reunió a unas 1.500 personas, nunca antes se había reunido tanta gente en Castro en una mani. Finaliza la manifestación los cuatro concejalesde ICU se encadenan en la plaza, hasta la una de la madrugada que llegaron las FOP a disolver a la gente y cortar las cadenas. Al día siguiente, domingo por la mañana asamblea en San Guillén y por la tarde se hacen murales en el rompeolas.

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El 16 de septiembre la asamblea popular marcha andando a Santander adonde llegan al día siguiente lunes, unas doscientas personas andando desde Castro Urdiales con intención de presentarse ante el gobierno civil, lo que fue impedido por las FOP.

Una semana después la asamblea popular se reúne para tomar una de sus decisiones más importantes. Ir a la huelga de hambre. No todo el mundo en la asamblea estaba de acuerdo con la huelga de hambre, pero al final salió adelante en un ambiente de bastante tensión. La gente lo consideraba como un sacrificio excesivo. La asamblea popular de ICU aprueba por escaso margen ir a la huelga de hambre para reivindicar la consulta popular.


Para entonces las movilizaciones a favor de la consulta popular de Castro Novo se siguen en la prensa local, regional y estatal…

Casi todas las semanas, las movilizaciones sobre Castro Novo ocupaban la portada del Diario Montañés, Alerta, Hoja del Lunes de Santander, de Bilbao, y las páginas interiores o portada de El Correo, Egin, Diario Vasco, y El País. También las revistas de tirada nacional como Triunfo, Sábado Gráfico, Cuadernos para el Diálogo, o La Calle hicieron reportajes sobre Castro Novo. La prensa no podía obviar que lo que estaba pasando en Castro era muy notable: las movilizaciones contra un proyecto urbanístico por algo tan inédito en España como una Consulta Popular, y además sobre un proyecto que llevaba la firma de Bofill.


Huelga de hambre. La primera en España por motivos urbanísticos.

Ciertamente puede decirse que sí, que es la primera huelga de hambre por una causa urbanística, pero habría que precisar que era por una causa democrática, por una consulta popular sobre un proyecto que iba a determinar la vida de una ciudad.

El Sábado 6 de octubre, tras una semana de mentalización, severa dieta de preparación al ayuno y quitarse de fumar, Joaquín Díaz Munío, Maria Asun Calera, Ramon Arias, Pedro López Vicuña, Juantxu Bazán, María Jesús Garitacelaya y Jose García Salazar entran en el salón de sesiones del Ayuntamiento, extienden una pancarta en el balcón, y anuncia la huelga de hambre. Los miembros de la asamblea popular de ICU, dos de ellos concejales, tienen entre 22 y 48 años, están convencidos de que tras un verano largo de intensas movilizaciones la huelga de hambre iba a ser el último peldaño para conseguir la consulta popular. Y así fue, el quinto día por la noche, recibimos la visita de tres concejales de UEI, con una moción de su propio grupo para aprobar la consulta popular.

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El pleno fue al día siguiente, el 11 de octubre, un pleno extraordinario en el que se aprueba por unanimidad la moción de UEI aceptando la consulta popular, que se justifica por razones de convivencia. Fue una explosión de alegría inmensa… con la gente llorando abrazándose, aplaudiendo a todos. Una fiesta para la democracia.

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La Consulta Popular  se iba a organizar con urnas en los colegios electorales, con campaña, con interventores y apoderados… como en unas elecciones, como en un referéndum legal, porque realmente era un referéndum, o una consulta popular perfectamente legal, que obtuvo esta vez la aprobación del gobernador provincial.

Ciertamente, UEI aprueba la consulta con la convicción de que el proyecto de Castro Novo iba a seguir adelante…


16 de diciembre de 1.979, Consulta Popular sobre Castro Novo.

La Consulta Popular de Castro Novo es un monumento a la democracia, debiera formar parte del PATRIMONIO DE LA CIUDADANÍA, DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que no hay legislación, ni sobre referéndum ni sobre consultas populares. La ley sobre las diferentes modalidades de referéndum se iba a aprobar por el Estado en el año 1980… y la regulación sobre consultas populares es de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1.985. Es decir, la Consulta Popular de Castro es pionera en España, y me atrevo a decir que es la primera consulta popular en España en un municipio de más de 5.000 habitantes.

Ciertamente las consultas populares no son vinculantes… pero tiene todo el valor que quieran darle los representantes públicos, y si queremos construir una democracia de calidad, en la que tal como dicen los partidos políticos “nos comprometemos a escuchar a todos los vecinos…” “a consultarlos…” “a promover la participación ciudadana…”, las consultas populares en los asuntos importantes son además de coherentes, indispensables para la democracia.

Por otro lado, la Consulta Popular era la única posibilidad de tumbar Castro Novo, y a pesar de su carácter no vinculante, la victoria del NO, sería una victoria moral y política que tendría que dar al traste con este proyecto.

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La campaña por el SI y por el NO. Lolín implicado en los negocios de Castro  Novo.

La campaña fue lógicamente muy desigual en cuanto a medios, pero fue compensada dignamente. Cada partido hizo su propia campaña, y la asamblea popular se organizó para hacer la suya, con un dispendio importante de medios de propaganda, y con la asistencia de PROEL. También intervino desde Cantabria el organismo unitario contra Castro Novo que lo formaban fuerzas políticas y sindicales, pero en las que estaba PRC, PCE, LCR, PTE, CC.OO., USO, SU, SCT, CNT, Asociación de Mujeres… en la que se organiza una fiesta popular amenizada por el cantante Fermín Valencia, y en la que se hace una llamada a la “solidaridad con el pueblo castreño en su lucha contra la oligarquía”. El organismo unitario estaba advirtiendo que Castro Novo era la puerta que abría la especulación urbanística al resto de Cantabria.

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En Castro, UCD hizo campaña por el NO, “Por amor a Castro vota NO”, rezaba su eslogan.

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La campaña de la asamblea popular de ICU fue la más visible, sin duda, y se organiza en tres fases. Primero se edita un informe titulado ¿Castro Novo?. En segundo lugar se edita un folleto con la imagen de la ermita Santa Ana que en ese momento estaba derruida con una frase que decía”, “Pensemos en el viejo, no en el Novo”, y el tercer momento fue un cartel a todo color con la imagen de Santa María, con un texto que decía algo tan simple como CASTRO URDIALES SI, CASTRO NOVO NO.

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El resto de las fuerzas de izquierda y los sindicatos hicieron campaña por el NO, cada uno según sus propias argumentaciones, con modestas aportaciones económicas. En algún caso también se hicieron murales pintados en varias zonas.

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Mientras que Proel se vuelca en favor del NO, la Ilustración se pronuncia por el SI. La derecha de UEI utiliza una mercadotecnia similar a la que le dio la victoria en las elecciones, medio año antes, en una campaña efectiva, inteligente:  “Castro Novo, SI, la mejor papeleta para Castro” “La papeleta de la mayoría de Castro, Si”, “La papeleta de nuestro alcalde, SI”. “Castro tiene la mejor papeleta de su historia”. Tratando de inducir el apoyo a Lolín con el apoyo a Castro Novo.

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Castromar también se volcó en la campaña por el SI, y lo hizo con grandes medios, mandando un mailing con un librito que se titulaba Castro Urdiales, Castro Novo, Castro Mar, a todo color, en papel cuché de alto gramaje. Por otro lado, Bofill se mojó por el SI a Castro Novo, y participó en mítines y conferencias…

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Pero hay una cuestión, que irrumpe como un mazazo en campaña, que la teníamos preparada para sacarlo en el momento adecuado, y es la implicación de Lolín en los negocios de Castro Novo, un trabajo en el que hay que volver a destacar la importancia que tuvo PROEL en la lucha contra Castro Novo. Y efectivamente, dos semanas antes de las votaciones se hace público en la portada de PROEL. “LOLÍN IMPLICADO EN NEGOCIOS CON CASTRO NOVO”, y se publica un informe de nuestro redactor, Jaime Gutiérrez, en el que demuestra que el alcalde había comprado, mediante testaferros, todo ello según certificación del Registro Mercantil de Santander, en el que consta la propiedad de 10.000 m2 de terreno en los sectores I y III de Castro Novo, a través de una sociedad limitada, Norteña de Inversiones SL (constituida en febrero de 1977), que después se transforma en una sociedad anónima Arcisero S. A., y que justamente antes de empezar la huelga de hambre, el 28 de septiembre de 1979,  se vende a Castromar.

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Obvio es que esto fue un mazazo para las aspiraciones de Lolín, de Castro Mar, y del SI a Castro Novo. La prensa nacional, y regional recogieron la noticia en su primeras páginas, como siempre hacían con todo lo relativo a Castro Novo. Lolín dijo que se iba a querellar contra PROEL; de hecho en la Ilustración de Castro se llegó a sacar en portada que había presentado querella criminal por injurias y calumnias contra PROEL, pero lo cierto es que Lolín no llegó a querellarse nunca.

LAS REVISTAS NACIONALES SE OCUPAN DE CASTRO NOVO Y DE LA CONSULTA POPULAR: 

Además de Triunfo, que ya publicó un reportaje en 1.977, y Cuadernos para el Diálogo… He aquí el reportaje de la Revista La Calle “¡Qué bonito es Castro Urdiales!”:

LaCalle_octubre_1979.

Y aquí, el reportaje de Sábado Gráfico “Castro Urdiales, primera consulta popular tras la Constitución: URNAS CONTRA ESPECULADORES”:

SábadoGráfico_diciembre_1979

16 de diciembre. Victoria del NO. La ilusión, la emoción, el futuro…

La prensa recogió en sus portadas la enorme expectación de la celebración de la Consulta. La incertidumbre era enorme, y el resultado impredecible. El 16 de diciembre de 1.979 era domingo. Los colegios electorales fueron los mismos que en las lecciones municipales que se habían celebrado ocho meses antes. La prensa regional estuvo en Castro para no perderse la foto del alcalde y concejales. Muchos nervios hasta el momento del recuento. Y CASTRO VOTÓ NO:

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El No gana por una diferencia de 544 votos. Es decir, un 54% de los votos fueron NO, frente al 46 % de los votos a favor de SI. Había votado casi el 74 % del censo electoral, un poco menos que en las elecciones municipales anteriores, y por encima de las elecciones generales. Incluso en el casco urbano, la participación fue mayor que en las elecciones locales. El NO ganó en todos los colegios electorales del casco urbano, y en la mayoría de las juntas vecinales.

Los resultados fueron comunicados por María Asun Calera, concejala de ICU, desde el balcón del Ayuntamiento (el alcalde y UEI desaparecieron), y el estallido de alegría fue inmenso.


Lolin, UEI, Castro Mar… la derrota de un proyecto en una consulta popular no vinculante.

La victoria del NO sienta muy mal en las filas de los partidarios de Castro Novo que se habían preparado para ganar. Y a partir de entonces Castro Mar y UEI tratan de reconducir su estrategia; aparecen incluso unas declaraciones de Bofill en las que felicita al pueblo, pero que considera el resultado como muy constructivo y satisfactorio, y hace una traducción increíble del resultado diciendo que había sido un gesto político más que una reafirmación contra el proyecto.

La estrategia es hacer mutis, incluso hacerse los locos invocando a la legalidad de toda la tramitación urbanística, e incluso a las responsabilidades de dar marcha atrás, en la medida de que Castro Mar podría exigir indemnizaciones multimillonarias. Es obvio que UEI va a hacer prevalecer el carácter no vinculante de la Consulta, mientras que ICU justamente perseguirá la legitimidad política de la decisión popular.

Por otro lado, lo que va a suceder en los meses siguientes es que por parte de ICU se va a insistir en que el alcalde declare sus implicaciones en Castro Novo, y Lolín va a cesar temporalmente (algo que hace en dos ocasiones) al parecer por problemas de salud… los tiempos en los que no está Lolín en la alcaldía son un remanso de paz, pero cada vez que volvía se armaba otra vez el follón, porque las pretensiones de ICU pasaban porque el alcalde debía presentar la dimisión por su implicaciones en Castro Novo.


Castro Novo sigue adelante…

Sigue delante su itinerario urbanístico puesto que ya se habían aprobado los planes parciales y el proyecto de urbanización, y a mediados de 1980 se aprueban las juntas de compensación. En el año 82 se presenta la primera solicitud de licencia de obras, y aparecen los camiones con materiales de construcción… la respuesta de la asamblea popular es tirar al agua unas 100 toneladas de grijo que habían sido depositadas en la ladera de Cotolino.

Sigue adelante, pero la amenaza de las palas constructoras no se cumple. Todavía.


Elecciones de 1983. El pacto PSOE-ICU. Encargo de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ruptura del pacto. La frustración.

Las elecciones para ICU son alegría y decepción. Alegría porque en el computo total gana la izquierda. El PSOE ya reconstruido recupera su electorado natural y saca 6 concejales, mientras que ICU pierde un concejal (3) lo que permite una mayoría de izquierdas frente a AP que (sin Lolín) sacó 7 concejales, y 1 el CDS. Y se forma una alianza, un pacto entre el PSOE e ICU, en el que se pacta entre otras el apoyo a un nuevo PGOU, la instauración de los consejos municipales, la consulta popular siempre que lo propongan 2.500 firmas siendo el resultado vinculante, y lo más importante, quizás, la descentralización del poder municipal trasladando a los presidentes de cada comisión, es decir, a los concejales, la decisión de los asuntos municipales.

En fin, este idilio duró lo que dura un parto, 9 meses, y el parto no fue feliz, pues se aborta por muy diferentes factores que ahora sería largo analizar. A las desavenencias, desencuentros, pude asistir como miembro redactor del nuevo PGOU que estaba en marcha, y el ambiente era irrespirable. En fin que el pacto se va a la mierda, y con él las esperanzas de poner en los planos del PGOU una alternativa al proyecto de Castro Novo.


Castro  Novo  empieza a construirse. El señuelo de las viviendas sociales. Castro  Novo se construye sin el proyecto de Bofill. La explosión urbanística de Castro.

Lolín vuelve al Ayuntamiento en 1987, y con él vuelve también Castro Novo; esta vez con el PP, obteniendo la mayoría absoluta, 9 concejales (frente a los 6 del PSOE y 2 de ICU). Ya se ha producido la crisis de Castromar, la bancarrota de Bankunión que hace que las propiedades de Castro Novo pasen al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios que las saca a subasta; el Ayuntamiento se hace el loco, o realmente no puede adquirir las propiedades… y Castro Novo se convierte en una multiplicidad de propiedades y de promociones que se van sacando adelante a partir de finales de los ochenta y principios de los noventa ya con la construcción de la autovía Castro Bilbao que dispara el Boom de la construcción, con un plan, el de 1965 todavía vigente, con la modificación de Castro Novo en el que los planes parciales ya estaban aprobados, pero sin el proyecto de Bofill.

La importancia de reivindicar la Consulta Popular de Castro Novo. 

Ahora llega el momento de responder a aquello de que “¿Acaso no era mejor aquel proyecto que lo que tenemos ahora en Cotolino?”.

Es una pregunta trampa, porque tiene una respuesta obvia… “es mejor el Castro Novo de Bofill, una ciudad residencial bien diseñada, que no lo que tenemos ahora”.

Pues va a ser que no. Ni el Castro Novo de Bofill, ni el Castro Novo que tenemos ahora. Porque si tuviera que valorar lo que hay ahora construido en Cotolino, y en Arcisero, es decir, entre Castro y Mioño, es justamente la versión cutre de Castro Novo, la que ha sido posible según los planteamiento de su promotores, porque aquellas personas que nos oponíamos entonces a Castro Novo, nos hemos opuesto también a este desafuero urbanístico que ha venido tras la aprobación del Plan General del 96. Bueno todos no; algunos de los que decían NO a Castro Novo en el 79, permitieron SI a Castro Novo cuando tuvieron responsabilidades de gobierno doce años después. Nadie me va a obligar a elegir entre lo malo y lo peor, porque lo que quiero es lo bueno, lo mejor, lo que a mi me parece es mejor.

Por lo tanto hay que reivindicar Castro Novo, sacarlo del lado oscuro de la memoria, reivindicar la Consulta Popular.

La Consulta Popular del 16 de diciembre de 1979 fue una fiesta para la democracia, fue la primera consulta popular que se hizo en democracia, la primera desde la República. Una consulta sobre una cuestión muy candente que siempre ha estado en nuestras cabezas, en la ciudadanía castreña, la cuestión de qué queremos ser como ciudad, cómo queremos crecer, o no crecer, como queremos convivir… Y además de una fiesta democrática, fue una fiesta para aquellas personas que queríamos preservar nuestro municipio de lo que considerábamos una gran amenaza, la de un proyecto con una macrourbanización, con unos planes parciales que implicaban un hábitat nuevo para 25.000 personas, cinco mil viviendas. Que NO. Pero SI.

Porque Castro Novo es, después de todo, una gran frustración. Una frustración precedida de un engaño de unos alcaldes, y unos grupos políticos, que pasaron de la voluntad popular. El momento clave es 1983, con el pacto PSOE – ICU, en el que se dibuja una oportunidad para construir otro modelo de urbanismo, con el nuevo Plan General Ordenación Urbana que se quiso redactar en esa legislatura pero que no llegó siquiera a aprobarse inicialmente porque el gobierno PSOE – ICU  fue un fracaso. Es decir, una fiesta para la democracia que se desbarata con lo que fue un fraude a la ciudadanía porque aquello que quisimos y que votamos democráticamente luego fue burlado, tal como ha demostrado la realidad.

Pero Castro Novo sigue en la realidad. Tan real como el Urbanismo que venimos padeciendo que sigue vigente con un modelo que aún no ha agotado todas sus expectativas de crecimiento, de seguir edificando en suelo urbanizable. Por dar un dato, el Castro Novo de Arcisero y La Cruz se extiende hasta la playa y laderas de Dícido, en Mioño. De hecho el Castro Novo construido es aproximadamente un 55% del Castro Novo urbanizable que contempla el actual Plan General. Por lo tanto la frustración de Castro Novo se sigue dilatando y se sigue sosteniendo, porque en realidad nadie ha puesto en duda el actual modelo crecentista, salvo quienes demandamos la Revisión del PGOU.

Reivindicar la Consulta Popular. Invocar la necesidad de PARTICIPACIÓN CIUDADANA. No se puede decidir el futuro de la ciudad, de los municipios, del territorio, a espaldas a la ciudadanía. Tenemos medios e inteligencia ciudadana como para no permitirnos ese desprecio. Una veces será la audiencia pública a los vecinos y a las asociaciones; en otras ocasiones los consejos sectoriales de participación, las consultas ciudadanas, las iniciativas populares, y cuando sea preciso la consulta popular. La democracia participativa ayuda a que la democracia representativa sea más eficaz, más justa, más inteligente.

Castro Novo, de la ilusión a la frustración. Superar la frustración es el objetivo, tomando las riendas de lo qué queremos ser, cómo queremos definir el futuro de nuestro municipio. Aprendiendo del legado de nuestra memoria, haciéndola nuestra y reaprendiéndola para diseñar nuestro futuro. De la frustración a la ilusión.

Juantxu, 16 de diciembre de 2017.

Enlace con el vídeo de la charla-entrevista el pasado 15 de noviembre en la librería La Vorágine:

MILITANCIA DE LARGO RECORRIDO. Juantxu Bazán

[1] El escrito está firmado por Agustín Monteoliva (PSOE), Miguel Ángel Rodríguez Aqueche (PCE), Felix Berastaín (ID), Eduardo Lazcano (USO), José Antonio Cadenas (CC.OO.), Pedro Sandi (Cáritas), Conchi Gómez (JOC), Pedro Bazán (Independientes), Asunción Calera (PROEL).
[2] Los planes parciales de Castro Novo (modificación del PGOU de Castro Urdiales) se aprueban el 28 de noviembre de 1.977 por la Comisión Provincial de Urbanimso de Santander, con el único voto en contra del Colegio de Arquitectos de Madrid, sección Santander.
[3] Artículo publicado por el Movimiento Ciudadano en la Ilustración de Castro el 16 de octubre de 1977.

Casi toda la información sobre el CONVENIO LOLÍN.

La primera vez que tuvimos noticia del Convenio Lolín lo fue a través de la publicación del INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO:

Publicación BOC del Informe Ambiental Estratégico

Poco después se produce la presentación pública por su promotor. Intervención de Jesús Gutiérrez en CastroPuntoRadio presentando el proyecto:

Entrevista con Jesús Gutiérrez en CastroPuntoRadio

Información obtenida en periodo de información pública en la Dirección General de Urbanismo, el 30 de noviembre de 2016, en el que pude ver la documentación que acompaña al Informe Ambiental Estratégico y fotografiar algunos documentos que lo acompañan:

Memoria Borrador Modificado del Plan General nº 23

Informe de la D. G. de Ordenación Territorial del Gobierno de Cantabria.

Alegaciones presentadas por ARCA en trámite de consultas.

Estos son los planos que definen las características de la recalificación de la parcela de la Fábrica de Lolín:

planocentrocomercialplanocentrocomercial_plantas

Antes de seguir conviene aclarar que lo que persigue el CONVENIO LOLÍN es el MODIFICADO DEL PLAN GENERAL Nº 23. Las características del proyecto de modificado no han sido publicadas en la web municipal a pesar de haberse reclamado insistentemente por mi parte. De hecho la falta de información y transparencia ha sido una de las alegaciones que se han planteado en periodo de alegaciones.

El 5 de enero de 2017 doy a conocer las características del MODIFICADO PUNTUAL Nº 23 DEL PGOU. Conocido el proyecto, escribo opinando sobre esta operación y sobre la forma en la que se acomete el Urbanismo en Castro Urdiales. Estos son los enlaces en los que escribo sobre el Convenio Lolín:

RECALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA FÁBRICA DE LOLÍN. EL DILEMA ENTRE EL INTERÉS PRIVADO Y EL INTERÉS PÚBLICO Y LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO PROMETIDO.

Y en este otro, la segunda parte, en la que empiezo hablar de posible usurpación de suelo público:

Y en la que se explica que el concejal dueño de la empresa no puede hacer un convenio urbanístico con el Ayuntamiento y del extraño agrandamiento del solar de la fábrica, entre otras historias.

Publicación texto inicial Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Notna S. L. – Anchoasl Lolín S. L.

BOC

Convenio_TextoPublicado

Conocido el texto inicial del Convenio (el texto definitivo apenas sufre correcciones) presento junto a mis compañeros de EQUO Cantabria escrito de alegaciones. También

Escrito de alegaciones de EQUO Cantabria

Contestación a las alegaciones

Aprobación del Convenio por parte del Pleno del Ayuntamiento:

Anuncio BOC aprobación definitiva del Convenio

Certificado de aprobación pleno Junio 2017

Presentación de RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento del Convenio Lolín:

Recurso de Reposición de EQUO Cantabria

Recurso de Reposición de MÁS Castro

Contestaciones al Recurso Potestativo por el Técnico de Administración General y del Promotor del Convenio:

Informe juridico a los recursos de reposición

Contestación del promotor (Anchoas Lolín S. L.) a los recursos de reposición.

Escrito de EQUO Cantabria instando al alcalde a la APERTURA DE UN EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN sobre el suelo público presuntamente usurpado:

EscritoEQUO_Investigación_SueloUsurpado_27_07_2017

Escrito de EQUO Cantabria dirigido a la DG de Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria:

Escrito_DG_OrdenaciónTerritorio_09_08_2017

Contestación de la DG de Ordenación del Territorio:

Contestación_Escrito_DG_OrdenaciónTerritorio_23_08_2017001.compressed

Intervención de Jesús Gutiérrez en la SER de Castro Urdiales, en el que defiende el Convenio y arremete contra algunos alegantes:

Intervención de Jesús Gutiérrez en SER Castro Urdiales el 19 de septiembre de 2017.

Escrito dirigido al Ayuntamiento en relación con el pago del sobrante vendido por el Ayuntamiento a Anchoas Lolín en 1997 a través de una compensación sobre la base de una supuesta subvención del Ayuntamiento a la Fábrica de Anchoas sobre la que no existe ningún expediente administrativo en el Ayuntamiento:

Escrito_Sobrante_Compensación_NO_Subvención-ilovepdf-compressed

Informe de la secretaria desestimando la apertura de Expediente de Investigación:

InformeSecretaria_Investigación

Notificación de la desestimación de la solicitud de apertura de EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN (recibido 5/1272017):

Notificación_DesestimaciónInvestigación_UsurpaciónSueloPúblico_Lolín001

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA DESESTIMACIÓN DE APERTURA DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN (5 DE ENERO DE 2018):

RecursoReposición_ExpteInvestigación_UsurpaciónFabricaLolín001

EL CONVENIO DE LOLÍN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Jesús Gutierrez comenta los detalles del traslado de Conservas Lolín y del centro comercial que se construirá en la parcela. ONDA CERO CASTRO. 26 de noviembre de 2016.

Entrevista con Juantxu Bazán en eldiario.es. 2 de mayo de 2017.

Castro aprueba un convenio que permite a Conservas Lolín trasladarse a Vallegón. Diario Montañés. 31 de mayo de 2017.

CastroVerde y el PRC aprueban el polémico convenio entre el Ayuntamiento y la conservera Lolín. Eldiario.es. 30 de mayo de 2017..

Conflicto de Intereses en los convenios urbanisticos. Inmo Ley.

Equo, contrario al convenio firmado entre el Ayuntamiento y Conservas Lolín. Ser Castro Urdiales. 22 de mayo de 2017.

Equo impugna el convenio urbanístico entre la conservera Lolín y el Ayuntamiento de Castro. Eldiario.es. 20 de mayo de 2017.

Jesús Gutiérrez hablando del Convenio en la Cadena Ser de Castro Urdiales, acusando a Juantxu Bazán de inquina personal hacia su padre y hacia CastroVerde.

Entrevista con Jesús Gutiérrez en Castro Punto Radio, en el que se profieren insultos a Juantxu Bazán. 24 de noviembre de 2017.

Entrevista con Juantxu Bazán en COPE Cantabria Oriental sobre la desestimación de la apertura de un Expediente de Investigación sobre el suelo público presuntamente usurpado en la parcela de la Fábrica de Lolín.

 

 

 

 

El Ayuntamiento contesta a las alegaciones presentadas al Convenio de Lolín omitiendo posicionarse sobre la presunta usurpación de suelo público en la parcela de la Fábrica de Anchoas.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha aprobado el convenio urbanístico con Anchoas Lolín al que me he referido en este blog en más de una ocasión. El convenio se ha aprobado en sesión del Pleno de 30 de mayo de 2017 con los votos a favor del equipo de gobierno (CastroVerde) y del PRC (grupo político cuyo portavoz, Jesús Gutiérrez, es dueño de la empresa y parte de este convenio). El concejal de MAS Castro ha votado en contra, y los concejales del PSOE (4) y del PP (6) se han abstenido con lo que su posición es irrelevante, pues gracias a los votos a favor, pero también gracias a las abstenciones, el convenio Lolín ha salido adelante. Ahora, el Ayuntamiento deberá tramitar el modificado del Plan General, y a la vista de lo que se plasma en el debate este modificado se presenta como un mero trámite en el que volverán a reproducirse los votos a favor, el voto en contra y las abstenciones.

 

“Los técnicos dicen que todo es correcto”.

Es sabido que la aprobación de este convenio ha motivado mi baja de CastroVerde, pero más allá de esta anécdota lo que refleja este hecho es una forma de entender la política de la ciudad que echa por tierra los planteamientos por los que ayudé de forma decisiva a la fundación de aquel partido verde cuyo color hoy no encuentro. En vez de estudiar y debatir lo que queremos para nuestra ciudad se ha optado por una de las formas más excepcionales (y muchas veces perversa): la planificación urbanística como resultado de un negocio con un particular. No voy a insistir sobre lo que ya he opinado en relación con la magnífica oportunidad de planificar el conjunto de la zona de Brazomar pero si quiero pronunciarme por algo que me parece muy importante en relación con las responsabilidades a la hora de aprobar un convenio urbanístico.

Un concejal amigo, de CastroVerde, me lo recordaba hace poco: “los técnicos dicen que todo es correcto”. Se produce una delegación de responsabilidades en el sentido de que puesto que los técnicos emiten informe favorable “el convenio es bueno para el interés general”, y tantas veces se ha repetido el lema que al final se ha convertido en un acto de fe, es decir, de creencia ciega en lo que dicen los técnicos y las personas que han negociado este convenio. Hay una especie de traslado de la responsabilidad “a lo que digan los técnicos”, y se olvida que las opciones de hacer o no un convenio no son una cuestión solo técnica, o solo jurídica, sino esencialmente política, o si se prefiere de política urbana, de cómo hacer el urbanismo que queremos para nuestra ciudad (con los técnicos, con los políticos y con el conjunto de la ciudadanía).

Pues bien, uno de esos técnicos, el de Administración General del Ayuntamiento de Castro Urdiales, José Antonio Gutiérrez Olivares, ha sido el encargado de responder a las alegaciones presentadas contra este convenio por Alejandro Gil, EQUO Cantabria, Podemos Castro, hermanos Barco, y comunidad de propietarios de El Paraíso. En su informe de contestación, el asesor jurídico del Ayuntamiento va desmontando todas y cada una de las alegaciones presentadas, algunas veces con argumentos acertados (o bienintencionados), otras obviando el contenido de lo alegado (es decir, haciendo mutis), y en más de una ocasión introduciendo juicios de valor que chirrían sobre lo que debe ser una argumentación jurídica. Esto último, la descalificación de uno de los alegantes (EQUO Cantabria) en un informe es lo que merece mi respuesta. Diré que cuando se presenta un escrito de alegaciones, quienes lo hacemos podemos argumentar en derecho y emitir juicios de valor, exponiendo las razones por las que entendemos que el convenio debe ser desestimado. Pero un informe jurídico debe constatar hechos y motivar sus respuestas en derecho, sin remozarlo con juicios de valor ni prejuzgar las intenciones del alegante.  El escrito de alegaciones de EQUO Cantabria es un extenso argumentario sobre política urbana, aportando hechos y motivando en derecho, tratando de dar una respuesta alternativa al contenido de este convenio: a su memoria justificativa, a sus cláusulas, al conflicto de intereses del concejal, y a la posible apropiación de suelo público sobre la propiedad objeto de este convenio. Nuestro escrito quiere poner sobre la mesa que el Convenio Lolín es un error, que tenemos la convicción de que es ilegal, y que hay otra manera de promover la ordenación de la zona de Brazomar muy diferente a la que se plantea en este negocio jurídico. Es probable que mucho de nuestros argumentos sean rebatibles, sobre todo cuando entramos a valorar conceptos tan elásticos como el  “interés general”, pero a la vista del informe de alegaciones y la forma de hacerlo mi impresión es que estamos removiendo cuestiones que resultan muy incómodas, tan incomodas como a veces lo es la verdad.

No voy a hacer análisis detallado del contenido del escrito de contestación a las alegaciones, pero si me voy a referir a tres cuestiones que me han llamado la atención.

 

Alegaciones constructivas y alegaciones que no lo son. Las que plantean “una actitud crítica constructiva” o “sana crítica”, y las que “resaltan títulos y expresiones como falsedad, prohibición, usurpación, investigación y denuncia”.

A lo largo de todo su escrito José Antonio Gutiérrez se empeña, y lo hace con reiteración, en desacreditar las alegaciones de EQUO Cantabria, lo dice como si tal cosa. “Así como la alegación anterior (se refiere a la del ciudadano Alejandro Gil) tiene un contenido muy crítico, pero muy constructivo, en el presente (se refiere a la de EQUO Cantabria) los términos que más resaltan son los títulos y las expresiones como falsedad en los hechos, prohibición para la suscripción, usurpación, investigación y denuncia. Las alusiones personales son numerosas también, y prácticamente todas las discrepancias con el convenio, que son todas, equivalen a una descalificación de algo o de alguien”.

Más adelante sigue: “no tiene nada que ver recibir una sana crítica técnica o jurídica, y poder valorar las cuestiones con una perspectiva que no se hubiera tenido en cuenta (propósito de la participación ciudadana) con dar lectura a un escrito en el que se limita a argumentar con la mayor autoridad la falsedad de los hechos que justifican la causa de interés público…”.

El técnico de Administración General no se corta y cuando entra a informar las alegaciones de PODEMOS vuelve a la carga diciendo: “En la alegación de Podemos Castro Urdiales, se vuelve, afortunadamente, a una crítica de la actuación, manifestando su discrepancia total con este convenio. Pero no manifiesta que se esté falsificando nada, ni categóricamente que se esté usurpando suelo (en alusión a EQUO Cantabria). Simplemente plantea que existen indicios de que pudiera darse esa usurpación”.

El técnico informante ha de saber que los escritos de alegaciones no tienen nada que ver con la buena o mala crítica, ni esa es cuestión que ha de ser juzgada por un técnico municipal. Cuando un ciudadano presenta alegaciones a un plan o convenio, o lo que sea, lo hace con el derecho a presentar las razones que considere para que sean tenidas en cuenta en la resolución definitiva o acuerdo. O sean rechazadas de forma motivada. La función del técnico no es juzgar al ciudadano que alega, sino responder conforme a derecho a cada una de las alegaciones presentadas.

 

Rocambolesca justificación del aumento de la edificabilidad y del aumento de la ocupación de la parcela.

Varios de los alegantes, casi todos, nos hemos pronunciado a propósito del increíble e injustificado  aumento de la edificabilidad del nuevo centro comercial, así como del aumento en la ocupación de parcela. No conozco los demás escritos, pero en el caso de EQUO Cantabria, hemos aducido incumplimiento de la propia ordenanza municipal del suelo productivo y de la propia ley del Suelo de Cantabria. Pues bien, el informe acude a una rocambolesca interpretación del art. 7 de la ley estatal del Suelo para justificar que el aumento de la edificabilidad (nada dice de la ocupación) se extralimite legalmente en este caso, es decir, que puesto que se van a producir cesiones de dotaciones a favor del Ayuntamiento, estaría justificado el aumento de la edificabilidad, dicho de una forma excesivamente simplificada por mi parte. Léanse las páginas, 20-22 del escrito de contestación, a ver si entienden algo. Vamos a ver, que si en el edificio de la Cofradía, por poner un ejemplo, se hiciera un reforma para aumentarlo en diez alturas, y ello implicara una edificabilidad que multiplicara por sietre lo establecido por la ordenanza de suelo urbano, esa reforma estaría ajustada a derecho porque el Ayuntamiento podría llevarse un buen pellizco en cesiones para dotaciones (por ejemplo, una planta entera para hacer un auditorio)  además de unos millones de euros en concepto de  aprovechamiento.

No sé a qué viene salirse por esos cerros cuando lo que se plantea no es que se haya producido un aumento de la edificabilidad (o de la ocupación) sino que la edificabilidad (y la ocupación) que se da al nuevo centro comercial está muy por encima de lo que permiten las ordenanzas del Plan General (que están para cumplirse) y de la propia ley del Suelo que fija que en suelo productivo la ocupación de parcela no deberá exceder de los dos tercios de superficie. Esta cuestión sigue sin contestarse, volveremos sobre ella cuando presentemos Recurso Potestativo de Reposición y espero que la CROTU ponga orden en este asunto.

 

El Ayuntamiento ha aprobado un convenio urbanístico bajo sospecha de apropiación de suelo público.

Siempre que he podido explicarme he manifestado que cuando me intereso por el convenio Lolín no espero encontrarme con que se ha esfumado el suelo público que rodeaba a la fábrica. En el escrito de alegaciones mi preocupación con este convenio es otra. En el propio Escrito de Alegaciones destacamos como positivo el traslado de las fábricas, pero reseñamos el plural y decimos, que “hay que hacerlo con todas las fábricas, no solo con la de Lolín”, lo que significaría una magnífica oportunidad para hacer una verdadera transformación urbana del entorno de Brazomar para permitir la recuperación de la ría de Brazomar, la obtención de equipamientos públicos, y la definición de los usos, comerciales, hoteleros o residenciales, los que sean más adecuados con las necesidades de la ciudad. Mi primera y principal preocupación era la de intentar demostrar que se puede hacer política urbana más allá de los resultados de un convenio particular, poniendo por delante objetivos más acordes con el interés general.

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Plano aportado por la propiedad en la que se atribuye el espacio pintado en fosforito, espacio calificado por le PGOU como espacio peatonal que en la actualidad está metido dentro de la fábrica de Anchoas Lolín.

Enseguida me llama la atención que la propiedad pretende atribuirse un exceso de superficie en su parcela, justificándolo por errores topográficos de los planos del Plan General, pero lo que observo es que esos “errores topográficos” son en realidad espacios públicos (zonas peatonales) se han metido intramuros de la fábrica: unos de propiedad municipal del antiguo ferrocarril comprados por el Ayuntamiento a la FEVE en 1.974, y otros que debieran haberse respetado como espacio peatonal tal como se señala en el plano del PGOU. Espacios de dominio público presuntamente usurpados por el dueño de la fábrica.

Cuando se constata que ha habido una posible usurpación de suelo público no caben posiciones intermedias, hay que decirlo. Hay que denunciarlo. Es mi obligación como empleado público y como ciudadano. A pesar de ello, en el escrito de alegaciones que presentamos EQUO Cantabria, tras adjuntar los planos que demuestran la “transformación” del suelo peatonal en suelo de la fábrica de Lolín, lo que se pide es que SE INVESTIGUE:

“que se ordene la apertura de un expediente de investigación y recuperación de oficio de la propiedad municipal y de los espacios públicos presuntamente usurpados”

Esto es lo que pedimos, y lo que el Ayuntamiento ha rechazado. En el informe de contestación se omite esta consideración, y se justifica la inacción sobre la base de lo siguiente:

CotestaciónUsuipación

No sé si el informante nos está avisando de una posesión pacífica por la que los terrenos presuntamente usurpados hubieran usucapido a favor del propietario de la fábrica, pero me parece muy preocupante que una cuestión tan grave como esta se despache de esta manera tan… ¿cómo decirlo? ¿frívola? ¿Es que no hay nadie en este Ayuntamiento que sea capaz de entender que NO SE PUEDE HACER UN CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE UNA PROPIEDAD EN LA QUE según se demuestra en la documentación aportada EL PROMOTOR DEL CONVENIO HA PODIDO ADUEÑARSE DE SUELO PÚBLICO?

No es nada cómodo para mí cuestionar el papel de los técnicos municipales, cuyo trabajo es imprescindible para que los servicios públicos se realicen en condiciones de calidad, pero tampoco voy a encajar que se culpabilice al ciudadano denunciante por exigir a la Ayuntamiento que actúe y defienda el dominio publico.

No sigo para no aburrir al paciente lector. Para más abundamiento dejo que constate el escrito de alegaciones de EQUO Cantabria impregnado de malas intenciones, y la contestación a las alegaciones razón por la que me he animado a escribir esta crítica tan destructiva.

 

Juantxu Bazán

26 de junio, san Pelayo, de 2017.

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