El faro de Ajo será el faro de Okuda

Me he posicionado en varias ocasiones sobre lo que considero una simulación del arte más cerca de la superchería estética “bonitista”, es decir, de exaltación de arte en la medida que espectáculo, objeto de consumo de uso y abuso inmediato, imagen para el selfi, y nada ingenua toda vez que es pórtico de futuros negocios inmobiliarios en la costa de Ajo.

En esta ocasión el artista urbano de fama internacional y de origen santanderino, Okuda, ofrece una exuberante intervención sobre las paredes blancas del faro, con su particular exceso de color, en el que desaparece la estética original del faro caracterizada por su blanco sobre el paisaje del acantilado del cabo de Ajo para revestir su pared circular con una mezcolanza de objetos de color que recuerdan a un Pokémon mareado en los pasillos de un bazar chino. Okuda no diseña para el faro de Ajo, se queda el faro para sí, y lo convierte en un mural para incrustar su propia marca; es como si envolviera el faro en papel de regalo para forrar un gigantesco “souvenir” que no guarda nada dentro. Tras el envoltorio no hay ningún misterio.

Todo lo que se ha dicho, y todo lo que se ha contestado desde entidades y asociaciones del ámbito del arte, de la arquitectura, la ingeniería y la protección del patrimonio cultural no ha servido para que la Administración (Ayuntamiento de Bareyo, Gobierno de Cantabria y Puertos de Cantabria) dieran marcha atrás, por lo que esta intervención se convierte además en una acto de soberbia política sin precedentes.

Enlazo con uno de los muchos trabajos que se han realizado en contestación a esta barbarie, desde la asociación Tajamar:

FARO BLANCO CABO DE AJO

El Contrato de Reparto de Empleo, o cómo entender que 1 es igual a 2 (siempre y cuando 0,5 + 0,5 sea mayor que 1)

Demostrar la necesidad de repartir el empleo se presenta como un empeño muy complicado, a la sombra de discursos muy enérgicos como el Ingreso Mínimo Vital (tan fácil de entender como la pobreza misma), o la Renta Básica Universal e Incondicionada (quizás se entienda pero no resulte demasiado convincente), o el Trabajo Garantizado (una fórmula tan clásica como el admirado Keynes y que, sin embargo, es posible que no traiga otra cosa que la precariedad garantizada: contratos temporales incentivados con cargo a los presupuestos generales del Estado). Al Reparto de Empleo no se le ve en el horizonte salvo para plantear reducciones de jornada, ya sean estas de seis horas al día, o de cuatro días a la semana, apoyadas en la experiencia francesa de 1998 que como es sabido ha tenido demasiados vaivenes que han terminado por abortar las esperanzas puestas entonces.

Antes de seguir, ya adelanto que quiero reivindicar el Reparto de Empleo, pero para ello es menester hacer algunas aclaraciones. La primera: reducir jornada no es lo mismo que repartir empleo, si bien para repartir empleo sea necesario reducir jornada. En el Reparto de Empleo hay un nexo de voluntariedad que no tiene que ver con medidas macroeconómicas de reducción de jornada (caso de Francia), puesto que son l@s trabajador@s quienes deciden repartir, y con ello reducir jornada, por lo tanto, son l@s trabajador@s quienes controlan su tiempo de trabajo. La segunda cuestión es que la Administración interviene, y lo hace para incentivar a l@s trabajador@s que reparten para que lo hagan sin reducción de ingresos (salario más pensión) siempre que con ello se contrate a una persona desempleada. Y la tercera consideración es que l@s empresari@s tienen que participar en el proceso, y lo van a hacer sobre la base de que van a ver que el Reparto de Trabajo es útil y rentable para sus empresas.

No hay que irse a Nueva Zelanda o Suecia para entender el Reparto de Empleo. La clave la tenemos bien cerca, en el Estatuto de Trabajadores que regula el Contrato de Relevo, aquel por el que a partir de determinada edad (62 años y 8 meses) y 33 años de cotización a la Seguridad Social, l@s trabajador@s pueden acceder a la jubilación parcial (por ejemplo: seguir trabajando al 50% de jornada y jubilación parcial del 50%, conservando las bases de cotización al 100%). La condición para reducir jornada es repartir y crear empleo, es decir, que se contrate a una persona desempleada (o con contrato temporal en la misma empresa) para suplir la jornada que queda vacante. Podría decirse que el Contrato de Relevo es un recurso para el reparto de empleo toda vez que un trabajo deviene en dos, 1 es igual a dos, o si se prefiere uno se divide en dos, pero para ello se tiene que dar una fórmula tan obvia que un niño de primaria podría entenderlo:

1 = 2;  si bien para ello 2 hay que multiplicarlo por 0,5 de tal manera que 1 = 2 x 0,5.

La cuestión es que en el actual modelo de empleo el derecho al Contrato de Relevo solo pueden acceder muy pocas personas, aquellas que empezaron a trabajar jóvenes y de forma continuada, una especie en extinción. De hecho el número de Contratos de Relevo realizados en España en el año 2019 fueron 8.193, menos de 4 por cada mil contratos hechos ese mismo año; una nimiedad que nos explica que teniendo un buen contrato sus efectos prácticos son inapreciables porque las exigencias para acceder son insalvables.

Por eso hay que hacer emerger el Contrato de Relevo, y rehabilitarlo para que sea un verdadero Contrato de Reparto de Empleo, y eso hay que hacerlo justamente ahora que la precariedad es norma, el paro acucia, y el futuro del empleo es tan incierto como el futuro mismo. Con el nuevo Contrato de Reparto de Empleo, las personas a partir de una determinada edad, pongamos 55 años, y con 12 años de cotización, podrían acceder a trabajar menos y jubilarse parcialmente, siempre y cuando se contrate a una persona en paro. Cabrían muchas fórmulas en función de las necesidades personales y familiares de los trabajadores, y de las necesidades organizativas de las empresas, pero la situación normal sería la de un trabajador o trabajadora que reduce la jornada al 50%, pasando a ser jubilad@ parcial también al 50%, y la empresa contrata durante el 50% de jornada a una persona parada de forma indefinida.  Se me objetará que eso es muy costoso para la Seguridad Social, y no lo niego, pero también estoy convencido de que tales costes están ampliamente compensados por los beneficios sociales y económicos, entre ellos el retorno económico por cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF, y también por el ahorro en Prestaciones por Desempleo o Renta de Ingresos Mínimos de las personas desempleadas que fueran contratadas. En cualquier caso, la financiación del Programa se Reparto de Empleo se haría con cargo a las Políticas Activas de Empleo a las que el Estado dedica anualmente unos 6.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad se dedican a financiar a la Administración Local o a las empresas para la contratación temporal de desempleados.

A la vista de este planteamiento no parece que los trabajadores vayan  a oponer objeciones, siempre que se les garantice el mantenimiento de la base de cotización para mantener la cuantía de su futura jubilación. Tampoco la Administración debiera desdeñar una modalidad de contrato para crear empleo indefinido con un retorno social y económico que la hacen viable y eficiente. ¿Y las empresas? ¿Por qué los empresarios deben poner la firma en un Contrato de Reparto de Empleo?

Porque 0,5 + 0,5  >  1  (o lo que es lo mismo, dos personas en cuatro horas trabajan más y mejor que una sola en 8 horas).

Con el Reparto de Empleo las empresas no sufrirían costes salariales añadidos, o serían inapreciables, y ganarían en productividad, su gran preocupación. Ganarían en productividad porque dos personas al 50% de jornada, más satisfechas con su horario laboral, rinden más que una sola al 100 % de jornada, y además se produciría menos absentismo y ausentismo. La experiencia del trabajador que reparte unida a la experiencia del trabajador relevista mejora las posibilidades técnicas y organizativas de los negocios, y facilita el intercambio de formación respirando un clima laboral más saludable.

Caminando hacia la igualdad: del Reparto de Empleo al Reparto de Trabajo y al Reparto de Riqueza

Con frecuencia, cuando hablo del Reparto del Empleo se me objeta que sí, que muy bien, pero que lo que hay que abordar primero es el Reparto de la Riqueza. Y no falta razón, puesto que es difícil convivir en sociedad cuando los más ricos disponen de tanto; es insultante. Mientras crece el paro y la precariedad crece también el número de los más multimillonarios ¿cómo es posible? Pues porque los mecanismos de distribución de renta y riqueza no funcionan; aquello que en la Constitución Española se enfatiza como “la función social de la propiedad” falla estrepitosamente, y el principio de proporcionalidad fiscal (que paguen más los que más tienen) es una entelequia; por no hablar del inexistente control sobre el límite de las exorbitantes e inmorales grandes fortunas ¿Es posible sostener una sociedad en la que sigue creciendo la riqueza de muy pocos cuando aumenta cada vez más la desigualdad y la pobreza?

Pero el hecho de que tengamos en el horizonte el reto de la igualdad no obsta a que se vaya enseñando el camino del Reparto, del Reparto del Empleo y del Reparto de Trabajo, porque ello ayudará a crear una cultura favorable, de cooperación, y de acceso a la justicia y equidad, que allana el camino para abordar el Reparto de la Riqueza.

Una aclaración. El Reparto de Empleo no equivale al Reparto de Trabajo, en el que incorporamos todos los trabajos, los productivos y también los reproductivos (los no remunerados), que cargan de forma muy desigual sobre las mujeres quienes afrontan mayoritariamente el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados familiares. En este contexto, el Reparto de Empleo se ofrece como una oportunidad para caminar hacia la igualdad de género equilibrando el valor del trabajo productivo, el empleo, con el trabajo reproductivo, permitiendo una mayor incorporación de las mujeres en desempleo al trabajo, y la de los hombres a la economía de los cuidados al disponer de un mayor control de su tiempo.

Cuestiones complicadas que no se pueden simplificar en fórmulas matemáticas, sin duda, y que deben estar en el debate sobre las puertas que deben abrirse tras la sociedad post Covid, que permitan la transición a un modelo productivo ecológicamente más justo, más igual,  para poder enfrentarnos a los retos de la emergencia social, sanitaria y climática, en el que las personas sean lo primero, algo que pronunciamos hasta la saciedad, pero que puede quedar en un vacío enunciado retórico si no se llena con propuestas concretas que lo hagan posible. Por eso, para dar pasos eficientes en medio de la compleja y pesada incertidumbre, creo que deberíamos empezar por aquellas medidas como el Contrato de Reparto del Empleo que se explica con una sencilla ecuación que ayuda a entender que 1 es igual a 2 siempre que 0,5 más 0,5 sea mayor que 1. ¿Lo entenderemos?

Juantxu Bazán

Enlace con la propuesta de Contrato de Reparto de Empleo elaborada por EQUO Cantabria:PROPUESTA DE CONTRATO DE REPARTO DE EMPLEO

Propuesta de Contrato de Reparto de Empleo

En esta entrada voy a poner unos enlaces para refrescar y actualizar la propuesta de Reparto de Trabajo y de Empleo sobre la que sigo estudiando desde hace algunos años.

Tras la crisis del Covid 19, la he replanteado en términos que nuevo CONTRATO DE REPARTO DE EMPLEO en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo, una propuesta que simplifica anteriores planteamientos.

En el siguiente enlace puede abrirse el documento que contiene la PROPUESTA DE CONTRATO DE REPARTO DE EMPLEO elaborada por EQUO Cantabria.

El 4 de junio realizamos un webinario en la que hablamos de esta propuesta así como de Empleo Verde y otras propuestas de futuro para la sociedad post Covid, cuya emisión puedes verla aquí: EMPLEO VERDE Y REPARTO DE TRABAJO

OTROS ENLACES sobre Reparto de Trabajo y Empleo:

En La Vorágine hablando de REPARTO DE TRABAJO PARA CREAR EMPLEO

Traperos de Navarra: una experiencia de solidaridad, reparto de trabajo y compromiso por la ecología

Hablando de Reparto de Trabajo: una nueva filosofía para caminar hacia otro modelo de empleo

Juantxu Bazán, 15 de junio de 2020

Esto ya no va de urbanismo, va de democracia

EL JUEZ ACAYRO OBLIGA AL AYUNTAMIENTO A LA REPETICIÓN DEL PLENO PARA LA APROBACIÓN DE LA RECALIFICACIÓN DE LA FÁBRICA DE ANCHOAS LOLÍN CON EL PESO DE RESPONSABILIDADES PENALES PARA LOS CONCEJALES QUE VOTEN EN CONTRA

El próximo lunes, 4 de mayo, se celebrará en el Ayuntamiento de Castro Urdiales el primer pleno tras la declaración del estado de alarma hace seis semanas. Quizás esto no sea digno de atención, pero resulta llamativo que este primer pleno telemático de la historia de la ciudad lo sea para resolver la aprobación del Modificado nº 23 del Plan General, es decir, una cuestión de la “máxima urgencia” para la población de Castro Urdiales, y que este pleno sea el segundo en el que se trata el mismo asunto (la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU) que ya había sido rechazada por falta de la mayoría para aprobar el Modificado y con ello la recalificación de la fábrica de anchoas Lolín. En aquel pleno de 4 de febrero de este año el Modificado no había obtenido la mayoría absoluta necesaria (11 concejales) a pesar de los votos afirmativos de sus valedores, CastroVerde y El PRC (3 + 5 concejales), debido a la abstención de los seis concejales del PSOE y de los dos de Ciudadanos, y el voto en contra del único concejal de Podemos. El sexto concejal ausente del PRC, el dueño de la empresa Anchoas Lolín, Jesús Gutiérrez no asistió al pleno al tener interés directo en el asunto en cuestión. Tampoco comparecieron los tres concejales del PP.

El asunto parecía estar resuelto, pero poco tiempo después, el 6 de marzo, aparece en escena el juez Acayro Sánchez y dicta un auto que podríamos calificar como “pintoresco” si no fuera por los intereses que hay en juego en este asunto que, ahora, ya trascienden la mera recalificación de la fábrica de Anchoas para cuestionar los acuerdos que toma el órgano representativo de la democracia local. Un caso inaudito en la democracia española.

El dueño de la fábrica de Anchoas Lolín, portavoz del PRC en el Ayuntamiento y líder de la formación en Castro Urdiales, decide impugnar el pleno, pero sorprendentemente no lo hace yendo por la vía contenciosa contra el acuerdo plenario, sino presentando un incidente de ejecución de una sentencia trece meses anterior que resolvió un recurso contencioso contra el Ayuntamiento que presentaron los dueños del supermercado DIA que se encuentra frente a la fábrica de anchoas. Debe aclararse que aquella sentencia, dictada por Acayro, no lo era contra la aprobación del Modificado del PGOU sino contra la aprobación definitiva del convenio urbanístico en el que se decidió que el Ayuntamiento debería a tramitar el Modificado. (Hago un paréntesis para explicar que el famoso convenio Lolín fue ya tramitado con el compromiso por parte del Ayuntamiento de la redacción de la memoria urbanística; la aprobación inicial del modificado nº 2 del PGOU; el trámite de información pública; la aprobación provisional; y cuando se sometió a aprobación definitiva con otro gobierno municipal, tras las elecciones de mayo de 2019, no obtiene la mayoría absoluta necesaria que exige la legislación para aprobar un instrumento urbanístico). 

Con la desestimación de aquella sentencia y la ratificación del convenio para seguir el trámite urbanístico ya se dio satisfacción a la parte demandada, por lo tanto es un disparate exigir en un incidente de ejecución de sentencia que se apruebe definitivamente el Plan General cuando ese plan ya ha sido rechazado. ¿Si el convenio ya se ha tramitado cumpliendo con las cláusulas que comprometían al Ayuntamiento, qué razón hay para solicitar una ejecución de sentencia de un procedimiento, el del convenio, distinto al del trámite urbanístico? Hay una razón que lo explica y ella tiene que ver con la irrupción en escena del juez Acayro, llamado a ser el actor principal para sacar adelante este Modificado nº 23.

El juez Acayro alimenta su posición señalando en su auto que el Ayuntamiento debió no solo tramitar el Modificado, sino aprobarlo, independientemente de que tras las últimas elecciones se produjera un cambio en el equipo de gobierno y en la representación política municipal. Si esto es así, la potestad municipal de planificar el urbanismo no sería el resultado de las deliberaciones en el pleno, de los informes técnicos, del trámite de información pública, o del cambio de criterio en cómo planificar la ciudad. La potestad municipal debería quedar sacrificada por la decisión de un juez, que reclama insistentemente con los dueños de la fábrica el cumplimiento de aquel convenio. Un auténtico disparate. El disparate es aún mayor toda vez que el juez afirma que la posición del nuevo Ayuntamiento es arbitraria, y cuestiona el propio informe de la secretaria municipal en el que se señala que el Ayuntamiento no puede aprobar el Modificado porque el dueño de la fábrica no cumplió la parte que le compromete en el convenio, aquella que decía que debía demostrar que el promotor adquiere una propiedad en el polígono industrial de Vallegón para proceder al traslado de la fábrica y con ello salvaguardar los puestos de trabajo. También se señala en este informe de la secretaria que la zona es inundable y por tanto no podría darse licencia urbanística al nuevo centro comercial que suplantaría la vieja fábrica de anchoas. Esta fue la argumentación expuesta por los concejales que decidieron no aprobar definitivamente el Modificado sobre los que el juez advierte en su auto de responsabilidades penales y multas coercitivas si impiden la aprobación del convenio que, según Acayro, debe significar la aprobación del Modificado. (Abro un segundo paréntesis para decir que los grupos políticos y concejales díscolos con este Modificado siempre mantuvieron una posición contraria o abstencionista, ya fuera en fase aprobación del Convenio, ya lo fuera en fase de tramitación del Modificado; es decir, en las cinco veces que han podido posicionarse nunca votaron a favor de esta operación urbanística que solo ha salido adelante con los único votos de PRC y CV).

El pleno se celebrará el lunes 4 de mayo, después de un insistente trasiego de recursos del Ayuntamiento y autos desestimatorios, el último con la amenaza explícita de multar a la alcaldesa con 1000 euros diarios si no se celebra el pleno. La gran paradoja es que a pesar de la celeridad en resolver por parte del juez Acayro, con varios autos y providencias que reclaman la obligación de convocar y celebrar el pleno a pesar del estado de alarma, el recurso contra el primer auto que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria duerme confinado. ¿Qué pasaría si el TSJC resuelve declarar nulo el auto del juez Acayro mientras el Ayuntamiento acuerda una decisión diferente de la tomada en aquel pleno, es decir, aprobar el Modificado? ¿Por qué tiene que celebrarse un pleno en cumplimiento de un auto de un juez que ha sido recurrido al TSJC?

El lunes, 4 de mayo, a las 12, los concejales deberán ratificar telemáticamente el carácter extraordinario del pleno, y seguramente lo harán, impelidos por el mandato del juez. En el segundo punto del orden del día tendrán que aprobar las normas de procedimiento telemático del pleno, condición para que éste sea válido. Y en el tercer punto se somete, por segunda vez, la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU.

Ignoro lo que harán los concejales, pero este es un caso de conciencia y de inteligencia política que les somete al dilema de sus vidas políticas, en el que el asunto urbanístico queda ya en un segundo plano. La cuestión es si su voto, es el resultado de su voluntad y de sus convicciones o bien es el resultado de la coacción impuesta por un juez[1]. Puede que a algunos lectores les parezca muy fuerte que hable de “coacción”, pero es que es muy fuerte lo que está aconteciendo, y no puede entenderse el auto del juez sino como una imposición contra la propia voluntad de los concejales, so pena de responsabilidades penales y administrativas. Se ha llegado a augurar que algunos concejales podrían cambiar su voluntad de abstenerse o de votar en contra del Modificado, y voten a favor por “imperativo del juez” lo que nos coloca en una situación tan inédita como estrafalaria. Imagino que los concejales, que siempre mantuvieron su posición contraria o abstencionista, estarán bien asesorados y sepan que su voto es tan legal y coherente como cualquier otro, y debe ser emitido sin otro impedimento que el que les dicta su razón.

Como decía al principio, la recalificación de la fábrica de anchoas ha entrado en un proceso que va más allá de la operación urbanística y sus consecuencias para la ciudad. Esto ya no va de Urbanismo, esto va de Democracia. Se cuestiona el propio funcionamiento democrático de las instituciones municipales en la que los representantes de la soberanía popular ejercen su voluntad política libremente expresada.

Juantxu Bazán


[1] Acepciones de la palabra COACCIÓN que da la RAE:

  1. Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad.
  2. Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción.

Mascarilla y guantes

Acuarela y estilógrafo sobre papel Archer de 300 gramos. 30 de abril 2020.

La idea original era pintar un bodegoncillo con mascarilla y guantes de látex, utensilios tan comunes en estos días, con los que asisto a comprar pescado y coger el pan algunos días a la semana.

Al final le incorpore el color rojo para darle un toque sarcástico a la imagen de la que se puede desprender cualquier historia.

Juantxu Bazán, 30 de abril de 2020.

Modificación del PGOU de Castro Urdiales para cambiar el uso de la fábrica de Lolín: EL EMPRESARIO ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR LOS PUESTOS DE TRABAJO SEA CUAL SEA EL FUTURO DE LA RECALIFICACIÓN DE LA FÁBRICA

La federación de industria de Comisiones Obreras de Cantabria ha entrado en el escenario del Convenio Urbanístico y Modificación del Plan General de la fábrica de anchoas Lolín “exigiendo a los políticos que pongan toda la carne en el asador y se impliquen para aclarar la situación, desatascar el problema y velar por el futuro de las 50 familias que trabajan en la conservera”. El desatasco según el sindicato implica la “la materialización del convenio”, es decir, su aprobación, y si no se busquen alternativas para conservar los puestos de trabajo.

Hace bien Comisiones Obreras en ocuparse y preocuparse del futuro de los puestos de trabajo de Conservas Lolín. Esa es su función. Ojalá todos los participantes en el affaire para recalificar la fábrica hubieran mostrado su preocupación a su debido tiempo. Pero creo sinceramente que Comisiones Obreras está errando en la dirección a la que tiene que dirigir sus exigencias.

En el asunto de la recalificación de la parcela de la fábrica de Lolín, ha habido objetivos principales, y secundarios. El objetivo principal del convenio urbanístico ha sido siempre la recalificación, a través del modificado del PGOU, para cambiar el uso de la parcela de la fábrica de anchoas de Industrial a Comercial y permitir con ello la construcción de un centro comercial, Mercadona según se dice. En este asunto el objetivo secundario ha sido el futuro de los trabajadores. El propio convenio lo denomina “actuación accesoria a la calificación urbanística”: trasladar sus instalaciones a una nueva fábrica que se construiría en el polígono de Vallegón, aspecto que se concreta en la primera de las cláusulas obligacionales en la que se dice ”el Ayuntamiento no vendrá obligado a aprobar definitivamente la modificación del PGOU hasta que por parte de la propiedad y/o la mercantil titular de la industria se acredite la adquisición de la propiedad o usos de una parcela en El Vallegón, para trasladar la industria existente actualmente en la parcela objeto de este convenio; y que dispone de financiación o recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales de Vallegón”. Sin embargo, más tarde se añade otra cláusula que permite al empresario un plazo máximo de tres años desde la aprobación definitiva de la modificación del PGOU para poner en funcionamiento la nueva fábrica.

Es decir, por una lado se quiere amarrar un compromiso del empresario para sostener la industria, y por otro se desanuda para dar un plazo de tres años para la puesta en marcha de la fábrica en Vallegón ¿Y en ese plazo adónde se supone que deberían ir los trabajadores? No dudo de que el equipo de gobierno anterior hiciera votos para que la recalificación no pusiera en riesgo los puestos de trabajo, y posiblemente llegó a pensar que el convenio urbanístico era la condición para garantizar el sostenimiento de la fábrica y de sus trabajadores. Un error garrafal;  el convenio trata de otra cosa, muy alejada del sostenimiento de los puestos de trabajo, porque esa es una condición que nunca puede depender de la política urbana puesto que está sometida a decisiones empresariales y de mercado que un Ayuntamiento no puede controlar: ¿hay alguna manera de qué un Ayuntamiento pueda evitar un ERE y los consiguientes despidos de parte de la plantilla, si se dieran las condiciones para ello?

En este convenio urbanístico no se habla de trabajadores, ni de sostenimiento de los puestos de trabajo, ni de las 50 familias que según se dice dependen de la fábrica. Y esto, que, como digo, fue cuestión secundaria en la parte dispositiva del convenio, ahora, cuando el Modificado del Plan General se cuestiona seriamente y adolece de la mayoría necesaria para ser aprobado, se convierte en la cuestión principal: el futuro de las 50 familias como ultimátum para doblegar la voluntad de la corporación.

Mucho antes de que CC. OO. saliera a la palestra, CastroVerde y PRC armaron este enorme lío que ahora pesa sobre los puestos de trabajo, y acecha con una inadmisible presión del empresario conservero a los concejales de PSOE, PP, C’s y Podemos del Ayuntamiento de Castro Urdiales amenazando con responsabilidades personales, civiles y penales, si no dan su aprobación, o se abstienen, en la tramitación del PGOU nº 23. Para entender este dilema hay que decir que el convenio urbanístico se prueba en la anterior legislatura con los únicos votos favorables de CastroVerde y PRC, quienes también aprobaron inicial y provisionalmente el modificado nº 23 del PGOU con la recalificación pactada, y esto fue posible porque ambos partidos sumaban mayoría absoluta. Pero las circunstancias políticas ahora son otras; quien tiene el poder municipal es el PSOE, en coalición con Ciudadanos, que junto con el voto negativo de Podemos y posiblemente del PP, impedirían la aprobación del Convenio. Estos partidos nunca votaron a favor del Convenio ni del Modificado del PGOU, y no soportan ninguna obligación política sobre un Modificado del PGOU que presenta serias dudas jurídicas, sobre todo por la ubicación de la parcela en zona inundable.

En estas circunstancias la exigencia de CCOO dirigida a los políticos para que garanticen los 50 puestos de trabajo “independientemente de lo que pase” llega a mi modo de ver muy tarde y está muy mal dirigida, porque si de lo que se trata es de garantizar los puestos de trabajo en modo alguno estos debieran ser los paganos de la aventura especulativa del dueño de la empresa. No son las decisiones del Ayuntamiento las que ponen en riesgo los puestos  de trabajo. Es el empresario el responsable garantizar los puestos de trabajo sea cual sea el futuro de la recalificación de la fábrica. Porque si no es así, nos colocamos en una disyuntiva inadmisible: si hay recalificación se sostienen los puestos de trabajo, y si no hay recalificación se pierden los puestos de trabajo; un ejemplo estupendo para que las empresas desmantelen sus industrias y se dediquen a la especulación urbanística. Comisiones Obreras sabe perfectamente de lo que estoy hablando, y en Cantabria se están dando ejemplos que avisan de estos fraudes.

Si finalmente el Modificado del PGOU es rechazado, quiero pensar que el problema de los trabajadores sea la cuestión principal, es decir, que su futuro no dependa de una cláusula urbanística que ellos no han negociado, ni en la que han sido partícipes. Para ello, el empresario y los trabajadores, con la colaboración de la administración competente, deben garantizar que las instalaciones actuales de la fábrica de Lolín sigan siendo operativas para mantener los puestos de trabajo, durante el tiempo que sea menester hasta que el Ayuntamiento, con la mayoría necesaria, vislumbre un futuro para el conjunto de la zona industrial de Brazomar útil para la ciudad y en la que no se arriesgue la situación laboral de los trabajadores.

Juantxu Bazán

2 de febrero de 2020

Artículo publicado en el diario.es Cantabria:https://m.eldiario.es/cantabria/primerapagina/Modificacion-PGOU-Castro-Urdiales-Lolin_6_991860805.html

El cadalso de la maniquí

J. B.

20 de enero de 2020

Calendario 2020 (para recordar que urge la restauración del Cargadero)

Descarga el calendario pinchando AQUÍ.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL CARGADERO DE DÍCIDO Y ENTORNO EL 1 DE ENERO DE 202O

Más información sobre el cargadero de Dícido:

En este enlace reportaje se expone la situación del cargadero y su entorno

Otros enlaces con información:

https://juantxubazan.com/2015/02/08/imagen-del-cargadero-de-dicido-despues-del-temporal/

https://juantxubazan.com/2015/12/26/calendario-2016-para-recordar-que-hay-que-salvar-el-cargadero-de-dicido/

https://juantxubazan.wordpress.com/2013/12/02/75o-aniversario-del-cargadero-de-dicido-conferencia-de-maria-luisa-ruiz-bedia/

https://juantxubazan.wordpress.com/2013/12/02/75o-aniversario-del-cargadero-de-dicido-conferencia-de-joaquin-carcamo/

EL CENTRO COMERCIAL LOLIN – MERCADONA NAVEGA EN SUELO INUNDABLE

Durante estas últimas semanas se acentúan las presiones al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE – C,s) para que aprueben el Modificado nº 23 del PGOU a la vista de que, según se dice, ya se conocen los informes favorables de las administraciones sectoriales, y por tanto el Ayuntamiento debiera aprobarlo sin más demora.

PRC, CastroVerde (otrora impulsores de este proyecto), y los propios representantes de los trabajadores de la fábrica de anchoas claman porque se apruebe ya el Modificado del Plan General, y se llega a decir que solo la animadversión al promotor (Jesús Gutiérrez, portavoz del grupo local del PRC) está impidiendo que se dé más celeridad a este asunto que según se dice lleva casi cinco años en tramitación. No tanto. Cierto es que el Convenio con Lolín para la recalificación de la fábrica de anchoas se remonta al año 2016, y es aprobado definitivamente en junio de 2017; pero en el marco de la Modificación Puntual del Plan General, la aprobación inicial fue en diciembre de 2018. Tan solo el informe de la CROTU ha tardado casi ocho meses.

Pero más allá de las prisas por sacar adelante el centro comercial Lolín – Mercadona, la recalificación de la fábrica de anchoas navega, desde mi punto de vista, entre un mar de imprecisiones e irregularidades urbanísticas que todavía no han sido contestadas por el Ayuntamiento, y que hacen zozobrar un centro comercial que quiere construirse en zona inundable. 

EL INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA ADVIERTE AL AYUNTAMIENTO DE QUE LA PARCELA DE LA FÁBRICA DE ANCHOAS ESTÁ EN ZONA INUNDABLE

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico en informe (solicitado por el Ayuntamiento en el trámite de consulta a las administraciones públicas previo a la aprobación inicial del Modificado nº 23, repito, “solicitado por el Ayuntamiento”) dice dos cosas, una, que la parcela no está en el ámbito de dominio público hidráulico (a la orilla del río), toda vez que la parcela se ubica en ámbito de dominio público marítimo terrestre (a la orilla de la ría); y la otra, la más importante, es una advertencia al Ayuntamiento (pág. 2 y 3 del informe) en la que dice:

Si bien el ámbito de actuación no se emplaza en la zona de policía del dominio público hidráulico, el mismo resulta íntegramente inundable para las avenidas de 100 y 500 años de periodos de retorno, así como en la zona de flujo preferente definida en el art. 9 de RDPH (RD 849/1986, de 11 de abril), según los datos del estudio correspondiente al Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación ARPSI ES018-CAN-1-2 (esquema cartográfico adjunto).

La parcela de la fábrica Lolín, objeto del modificado nº 23 del PGOU es íntegramente inundable tal y como se deduce de los mapas de inundabilidad que se adjuntan al informe:

El Mapa de Peligrosidad (extensión previsible de la inundación), y en el centro la Fábrica de Lolín, parcela sometida a recalificación a través del Modificado nº 23 del PGOU. El mapa ha sido elaboradao por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico dentro del proyecto de adaptación al Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables para la revisión e integración de las ARPSIs MAREALES en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

Habida cuenta de la importancia para gestión, y las consecuencias futuras de los riesgos y peligros de inundabilidad, la CHC ha considerado extenderse en su informe que inexplicablemente ha sido obviado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales. El informe detalla las AFECCIONES POR INUNDABILIDAD advirtiendo lo que dice el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (RD 1/2016) y recordando las limitaciones en zona inundable exterior que viene recogidas en al art. 40.2 del RD 1/2016 y que resumo: No pueden ser autorizadas nuevas edificaciones “cualquiera que sea su uso” (y el centro comercial propone una nueva edificación adherida a la fábrica), ni tampoco “obras de reparación que supongan alteración de la ocupación en planta o de su volumen o cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad frente a las mismas” (la recalificación de la fábrica en centro comercial implica un uso más vulnerable al provocar una mayor densidad de personas y bienes en zona inundable, y un considerable aumento de la permeabilidad de la zona).

La CHC señala en su informe que estas limitaciones “serán aplicables al planeamiento general y territorial que se apruebe a la entrada en vigor de ese decreto”.  Es decir la CHC está recordando que el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y los Planes Hidrológicos son de obligado cumplimiento para las administraciones con competencia urbanística. No es la CHC quien tiene que hacer cumplir tales limitaciones sino el Ayuntamiento:

A las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo que deban autorizar los distintos usos y actividades en zona inundable exterior a las zonas de policía del dominio público hidráulico y de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, les corresponde velar por el cumplimiento de las limitaciones a las que hace referencia el apartado 1.”

Incluso el informe (favorable) de la CROTU que, a pesar de ser una frivolidad indigerible (quitándose el muerto de encima sin entrar siquiera en el grave incumplimiento de las normas de aplicación directa de la ley del Suelo de Cantabria) hace constar que debe darse cumplimiento al informe de la CHC “precisando la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en al art. 41 del RD 1/2016, dad la afección T100 y T500 del ámbito de la modificación puntual”.

¿Y entonces por qué el Ayuntamiento no cumple con su obligación?

El Ayuntamiento toma nota, se da por enterado, pero sorprendentemente dice que no reconoce la competencia de la CHC y señala expresamente que la competencia es de Costas. Y sin embargo Costas no se ha pronunciado ¿por qué? porque la competencia no es ni de la CHC, ni de Costas; la competencia para autorizar actividades en zona inundable es del propio Ayuntamiento, como se dice meridianamente claro en la legislación de aguas, y se reitera por la CHC en su informe: es el Ayuntamiento quien tiene que aplicar las limitaciones que impone el normativa de aguas en zona inundable. Pido disculpas por la reiteración.

Con el cambio de corporación, y nuevas mayorías (la suma de concejales de PRC más CastroVerde que eran los únicos partidos que dijeron si a la recalificación es insuficiente para aprobar definidamente el Modificado nº 23), precisa de más apoyos para conseguir la necesaria mayoría absoluta, y se señala al PSOE, socio de gobierno del PRC en Cantabria, para que cambie su hasta ahora posición abstencionista por el voto a favor de la recalificación.

Pero más allá de la aritmética política y juegos de funambulismo político, la cautela, el rigor y el sentido de la responsabilidad debe pesar sobre una promoción, la del centro comercial Lolín – Mercadona que navega entre turbulencias en zona inundable.

Juantxu Bazán

14 de diciembre de 2019

El artículo, publicado en eldiario.es Cantabria:

https://www.eldiario.es/cantabria/primerapagina/centro-comercial-Lolin-Mercadona-inundable_6_974012603.html

Informes que se mencionan en este artículo:

Informe de la CHC advirtiendo de la inundabilidad del Modificado nº 23

Informe de la CROTU de noviembre de 2019

Informe de Costas de septiembre de 2019

Más información sobre el Convenio Lolín y el Modificado nº 23 del PGOU:

“LO QUE ES BUENO PARA LOLÍN ES BUENO PARA CASTRO” (O VICEVERSA)

Casi toda la información sobre el CONVENIO LOLÍN

El Ayuntamiento contesta a las alegaciones presentadas al Convenio Lolín omitiendo posicionarse sobre la presunta usurpación de suelo público en la parcela de la Fábrica de Anchoas.

Modificado nº 23 en zona inundable: EL CENTRO COMERCIAL LOLÍN INUNDADO DE INTERROGANTES

Información sobre el Modificado nº 23 del PGOU de Castro Urdiales

Gato de un solo ojo

Desde la ventana de mi casa en Salarzón (Liébana). Noviembre de 2019.
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