Perdonen la frivolidad. Voy a hablar de banderas. Sé que hay temas mucho más acuciantes para una humanidad azotada por la aniquilación de los derechos humanos, la ausencia de paz, o los daños infringidos sobre nuestro planeta. Pero de eso se trata, de deshacer algunas de las frivolidades con las que nos salpica de vez en cuando una realidad aireada con banderas.

Hace unos días nos hemos enterado de la concesión de dos nuevas banderas azules a las playas de Cantabria: a la playa de Cuberris, en Bareyo, y a la llamada “playa de Ostende” (en realidad “playa de Urdiales”), en Castro Urdiales. El galardón reconoce los servicios y la calidad ambiental de ambos arenales, y se incorporan a lo que se considera un selecto club que da prestigio turístico al municipio que lleva la marca de la bandera, un emblema que en España otorga la fundación ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) que pertenece a la FEEE (Foundation for Environmental Education in Europe). Por muy azul que sea esta bandera debe aclararse que desde el año 1999 la Unión Europea se ha desmarcado de este organismo y deja de financiarlo por discrepancias con los procedimientos en el otorgamiento de las banderas así como por la falta de rigor en sus concesiones. Desconozco cómo se financia la ADEAC en su totalidad, pero sé que una parte de sus fondos proviene de subvenciones de comunidades autónomas españolas. Así, la Xunta de Galicia subvencionó en el año 2017 con 40.000 € a esta fundación que en ese año entregó 113 banderas azules a las playas de Galicia, y 18 banderas azules a sus puertos deportivos. Galicia es la comunidad autónoma española con mayor densidad de banderas azules.

Lo cierto es que la bandera azul se reconoce como marca de calidad para buena parte del mundo. Un emblema esencialmente turístico, no esperen encontrar entre estas playas las más bellas del mundo, o las de mayor calidad ambiental. Por ejemplo, municipios como Llanes, de los que nadie dudaría de la calidad y belleza de sus playas, se han desmarcado desde hace años en solicitar la bandera azul. Algunas asociaciones ecologistas han cuestionado la validez de las banderas azules, sobre todo, por el incumplimiento de los parámetros ambientales que se predican de este distintivo (la calidad de sus aguas, o el impacto de sus infraestructuras), y, por poner un ejemplo, EQUO Verdes de Rota se ha quejado de la concesión este mismo año de banderas azules en algunas playas de este municipio andaluz en la que se están produciendo vertidos de fecales, lo que implica una inexistente gestión ambiental en estas playas, y el incumplimiento de la calidad de las aguas en las zonas próximas a los efluentes de los vertidos.

No dudo de que buena parte de las banderas azules se correspondan con playas de calidad. Playas accesibles, con servicios, con la seguridad que se predica de las zonas de baño, playas limpias y bien señalizadas. Pero si los criterios ambientales deben pesar en la concesión de una bandera azul (así lo contempla la normativa), en el caso de la playa de Ostende la bandera azul es un sarcasmo, un ejemplo que pone en entredicho la propia institución de las banderas azules. Esta bandera ondea impulsada por aires de cinismo que me producen irritación.

A la izquierda, zona oeste de la playa de Ostende en una foto tomada por Foto Pérez en 1986, antes de ser ocultada por las toneladas vertidas de arena de cantera. A la derecha aspecto de la playa desde un lugar similar en mayo el 12 de mayo de 2018.

La playa de Ostende es una playa artificial construida en 1986 (mientras se pensaba en la ley de Costas que entró en vigor dos años después). Para ello se destruyó una de las ensenadas naturales más bellas del litoral cántabro formado por calas, pequeños arenales, pedregales, en los que los castreños hemos gozado bañándonos, pescando, y que era un criadero natural de todo tipo de especies que se dan en el sistema intermareal. La Dirección General de Costas de entonces con el beneplácito del Ayuntamiento, y sin apenas oposición popular (con la excepción de un grupo de vecinos y vecinas que lo intentaron todo en su discrepante soledad) decidió cargarse la ensenada echando 223.000 toneladas de arena de cantera, proveniente de las canteras de Santullán, es decir, mientras se destrozaba la Peña de Santullán. Una playa artificial que costó unos mil millones de pesetas.

En el año 2011, Ecologistas en Acción le puso Bandera Negra a la Playa de Ostende. En la memoria se decía: “Se trata de una playa artificial formada a partir de áridos procedentes de la cantera de Santullán. El aspecto lechoso del agua se debe al hidróxido de cal y carbonatos cálcicos que componen estos áridos, que se extienden centenares de metros mar adentro, y cuya intensidad aumenta en proporción al movimiento del mar. A esta playa desembocan dos arroyos, el de Campijo y el del Chorrillo, que aportan aguas residuales por efecto de un urbanismo que los ha convertido en cloacas”. Hoy es más o menos parecido: los días en los que la mar está en calma, el color del mar adquiere un azul turquesa caribeño, mientras que los días en los que hay mar de fondo (la mayoría del año) las aguas adquieren un color lechoso que impregna la imagen de este lugar.

Ensenada de Urdiales y playa de Ostende, foto de 2008.

Después de más de treinta años, sigo pensando que la playa de Ostende-Urdiales es una playa vertedero, y no nos beneficia para nada complacernos en un pseudopremio que no se corresponde para nada con lo que significa esta playa artificial: la destrucción de un lugar de altísima calidad ambiental. No, no es una bandera azul la que se merece esta playa, sino una de color azul oscuro casi negro, un color negro que nos recuerde que este espacio necesita no falsas distinciones sino una intervención para regenerar y acaso recuperar los valores ambientales de la ensenada de Urdiales.

Juantxu Bazán

13 de mayo de 2018

Publicado en Primera Página de eldiario.es de Cantabria.

Hace una semana he denunciado[i] la corta de arbolado en una finca de Castro Urdiales, la casa de Garma, uno de los ejemplos de arquitectura ecléctica de lo que fuera una hermosa y singular ciudad jardín, hoy adulterada por efecto de un crecimiento urbanístico que ha permitido que las plusvalías económicas del suelo estropeen la calidad urbanística y arquitectónica de la ciudad.

El arboricidio de la casa de la Garma se llevó por delante la vida de un hermoso árbol, un cedro del Himalaya centenario, y además un magnífico magnolio, dos palmeras y una yuca, todos de gran porte, dejando la parcela desnuda de arbolado, insolente, asolada. Más allá del estropicio, este hecho es ejemplo de la desprotección del arbolado urbano en Cantabria y en España. Naturalmente hay excepciones muy honrosas, como las de la comunidad autónoma de Madrid que ha sido capaz a de legislar para la protección de arbolado urbano; y ciudades que nos sirven de referencia, como Vitoria, que tiene una ordenanza ejemplar sobre protección del arbolado urbano. Otros ayuntamientos incorporan en la normativa urbanística de sus Planes Generales ordenanzas de protección de árboles singulares y arboledas, o catálogos de protección en los que se enumeran los árboles que por su singularidad merecen ser protegidos. (Permítaseme un paréntesis llegado a este punto. La protección del árbol singular es una redundancia. Todo árbol es singular, no solo aquel que por su excelencia merezca una posición en la pasarela del arbolado. Protesto por singularizar la protección del árbol y reivindico la protección de la generalidad de los árboles, del arbolado, del arbolado urbano).

A la izquierda, vista parcial del jardín de la casa Garma en Castro Urdiales; en primer plano el cedro del Himalaya talado, y al lado, el magnolio, también talado. La tala (imagen de la derecha) se produjo sin permiso municipal, el 12 de enero de 2018.

En Cantabria contamos demasiadas experiencias de maltrato del ecosistema urbano. Hace tres años Equo Cantabria denunció la corta de cientos de ejemplares en el ensanche de Laredo. Poco más tarde fueron los vecinos de Noja quienes denunciaron la corta de una veintena de enormes eucaliptus en esa villa. Hace un par de meses el colectivo Torrearboleda, de Torrelavega, denunció la corta de varios ejemplares de roble americano en el parque Manuel Barquín. Son casos conocidos y denunciados, pero los casos desconocidos y no denunciados son cientos. Con la impunidad que les da la inexistencia de regulación, propietarios dan matarile al arbolado urbano con la convicción de que nadie va a sancionar la corta de un árbol, o de varios árboles, porque son de su propiedad. El caso de Santander es también paradigma de ciudad arboricida tal como ha denunciado en el este último año ARCA en varias ocasiones: la corta de 47 árboles en la calle san Martín del Pino, o más recientemente, el arboricidio perpetrado en la avenida Victoria (en este caso so pretexto de limpieza y desbroce de la finca se han llevado por delante decenas de árboles adultos, todo un clásico de los arboricidios en fincas privadas).

Cuando se comete un acto de este tipo se dan dos circunstancias que colaboran en el fatídico resultado. Primero, hay voluntad de cargarse un árbol, pretensión muchas veces ligada a un falta de cultura sobre la importancia que tiene el árbol para la salud de las personas y para la calidad de vida de la ciudad, pesando más el absurdo utilitarismo que implica la corta de arbolado: ampliar espacio, evitar molestias, o hacer leña. La segunda circunstancia es la de una falta de regulación que deja con el culo al aire a las administraciones que prometen amar el medio urbano pero no son capaces de protegerlo convenientemente. Entre ambas circunstancias aparece también un inconveniente: la mala planificación en la plantación de árboles en espacios públicos y privados.

Se cumple ahora un año desde que Podemos Cantabria, con la inspiración de ARCA, tramitara en el parlamento de Cantabria una proposición de ley sobre fomento y protección del arbolado urbano para Cantabria. La proposición fue rechazada con los votos en contra de los partidos del gobierno (PSOE y PRC) y la abstención del resto (PP y Ciudadanos). Si pudiéramos acceder al diario de sesiones nos sorprenderíamos del escaso nivel cultural de nuestros parlamentarios, y su falta de preparación jurídica. Lo más repetido en aquella sesión era aquello de que esta ley podría invadir competencias municipales, lo cual es una idiotez. Nada que ver con los pronunciamientos de la carta de derechos del árbol en la ciudad (a la que, por cierto, está adherida la ciudad de Santander, aunque a veces sus responsables públicos se olviden de ello):

• La ciudad necesita el árbol como un elemento esencial para garantizar la vida.
• El desarrollo del árbol en la ciudad debe darse en toda su plenitud, aprovechando cuanto nos ofrece y en toda su potencialidad, si dispone del espacio y las condiciones que requiere.
• El sistema de arbolado de nuestras ciudades es un sistema básico, y como tal, debe ser valorado, planificado y gestionado.
• El árbol contribuye al enraizamiento de la cultura en el lugar y en la mejora de las condiciones de habitabilidad en el medio urbano, factores ambos determinantes de la calidad de vida en la ciudad.

(Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad. Carta de Barcelona. Congreso “El Árbol y la Ciudad”. Barcelona, 2 de Junio de 1995)

Valorar, planificar y gestionar el arbolado urbano. Lo pueden hacer los Ayuntamientos aprobando ordenanzas municipales en el ámbito de sus competencias: proteger los árboles de la ciudad, y fomentar el cuidado por parte de vecinos y propietarios. Es la senda seguida por ciudades como Vitoria, y sobre todo por unos cuantos municipios de Madrid (al auspicio de su ley autonómica) en los que se protege el arbolado público y el privado).

Ninguna de las ciudades de Cantabria tiene una ordenanza de protección de arbolado urbano y ya va siendo hora, como así lo ha reivindicado recientemente el colectivo de vecinos Torrearboleda (hermoso nombre). Hay que seguir el ejemplo. Así que hagan el favor los partidos con una mínima inquietud por la protección del medio ambiente: incorporen objetivos en sus programas, promuevan mociones en los plenos, y difundan por el mundo la necesidad de proteger los árboles, también los de las ciudades. Nos va la vida en ello.

Juantxu Bazán. 24 de marzo de 2018.

[i] La denuncia fue presentada mediante escrito de EQUO CANTABRIA dirigido al Ayuntamiento de Castro Urdiales el 6 de marzo de 2018.

Vista general de la finca de la casa de Garma, antes y después de la tala de arbolado.

Artículo publicado en la tribuna del diario.es de Cantabria el 26 de marzo de 2018

El asunto de Vuelta Ostrera huele muy mal. Es un olor fétido, molesto, insalubre… que proviene de las sedes del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno de Cantabria, cuyos responsables no han sido capaces de ventilar durante más de veinte años el tufo provocado por el sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca del río Besaya que concentra parte de su mierda en la EDAR de Vuelta Ostrera. Hablo de “mierda” adrede, porque me gusta llamar a las cosas por su nombre, a pesar de que para la Real Academia Española los muchos significados que tiene esta expresión son malsonantes.  Me referiré a algunos de ellos.

Denomina “mierda” la RAE al “excremento”, y también al “hecho o situación que repugna y que es susceptible de ser callado, tapado, ocultado”. Y como tal también puede ser descubierto, y sacado a la luz. En ese empeño se puso a trabajar la asociación ecologista ARCA dejando patente la ilegalidad de la construcción de la EDAR en la marisma de Cortiguera ante la ceguera irresponsable de los cargos de Medio Ambiente de la Consejería y del Ministerio con la colaboración necesaria de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. ¿Es posible entender que se haya autorizado la construcción de una EDAR en zona de marisma de dominio público? Solo la soberbia de aquellos políticos nos ha traído ahora este gravísimo problema. La sentencia del Tribunal Supremo declaró nula en el año 2005 la macrodepuradora de Vuelta Ostrera y la EDAR deberá ser demolida antes de que termine el 2020. Me viene enseguida a la mente la siguiente acepción, la que significa “mandar a la mierda” a todos los que debieron tener algún tipo de condena y que siguen tan campantes, en sus puestos, aún y a pesar de que eran sabedores de que Vuelta Ostrera se estaban construyendo ilegalmente. Quizás si en su momento se hubieran pedido disculpas y se hubieran depurado (nunca mejor dicho) responsabilidades, el futuro de Vuelta Ostrera podría presentarse hoy más razonable.

Siete emplazamientos que propone el Ministerio de Medio Ambiente para ubicar la EDAR de Vuelta Ostrera cuando sea demolida.

Tal como ha sido concebido por el Ministerio de Medio Ambiente, la demolición de Vuelta Ostrera trae consigo la necesidad de construir una alternativa a la EDAR en otro lugar próximo a la desembocadura del Besaya, lo que significa que, tras la demolición de la actual depuradora en funcionamiento, y la consiguiente construcción de la infraestructura de la nueva EDAR, con nuevas estaciones de bombeo, nuevos colectores, y el posible emisario submarino para echar las aguas depuradas mar adentro, se gastarán cerca de cien millones de euros. El problema es de enorme gravedad, con consecuencias sociales, ambientales y económicas muy negativas. Sin embargo, el modelo de nuestros gobernantes es el de reproducir el mismo esquema que nos ha llevado a esta grave situación: construir una enorme depuradora y pasarle el marrón a los municipios de la desembocadura del río Besaya que, como es normal, nadie quiere ver ni oler.

Y es aquí donde al asunto alcanza caracteres de dilema universal: nadie quiere la mierda. Máxime cuando la inmundicia proviene de poblaciones, fábricas, establecimientos… que excrementan río arriba. En el debate surgido tras hacerse públicas las alternativas para la construcción de la nueva EDAR falta claridad y sobran falacias. Es falso que se esté planteando una alternativa a Vuelta Ostrera; en realidad no se está debatiendo nada, más allá de reproducir el modelo de Vuelta Ostrera, con las mismas dimensiones y los mismos procedimientos, concentrar la mierda, depurarla y echarla al mar. No, no es una alternativa. No al menos para los núcleos urbanos menores y las zonas urbanas más diseminadas que podrían tener sistemas de depuración ecológicamente más aceptables en la dirección de cumplir de forma ejemplar con la Directiva Marco del Agua. En realidad con las siete ubicaciones que se plantean para la neodepuradora de Vuelta Ostrera lo que se está haciendo no es elegir la mejor opción para depurar las aguas residuales, sino la menos mala. Entre ellas se plantean algunos lugares (como el de las canteras de Cuchía, en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Litoral) que podrían ser tan cuestionados desde el punto de vista jurídico como la actual ubicación. Cualquiera de las opciones que se han puesto sobre la mesa parece disparatada, porque es irracional que la solución al problema de saneamiento pueda consistir en demoler una depuradora en zona de dominio público para construir otra de similares dimensiones a trescientos o mil trescientos metros más allá para seguir vertiendo las aguas depuradas a la ría o al mar. De hecho, como nadie quiere la mierda, lo que están haciendo los Ayuntamientos es rechazar la opción que les toca más cerca, tal como han hecho los Ayuntamientos de Suances, Miengo y Torrelavega.

Y es aquí donde aparece la acepción que expresa contrariedad e indignación, con las consiguientes ganas de “mandar a la mierda” a alguien. No me parece serio que el futuro de la calidad del río Besaya, de la ría de Requejada, de su desembocadura, y del mar que baña sus costas se esté dilucidando en esta especie de pito pito gorgorito que se traen entre las administraciones locales, autonómicas y estatales. El futuro del saneamiento de la cuenca del Besaya, más allá de que a quien corresponda la competencia sobre sus aguas, interesa a todas las personas que viven en sus núcleos de población, y todas las Administraciones y ciudadanía debieran involucrarse de una forma más responsable, colaborativa y buscando el interés común. Entiendo que no es tarea fácil, pero no es de recibo que en todo este tiempo después de casi veinte años sabiendo que Vuelta Ostrera es ilegal e inviable, ahora sigamos por el camino del desconcierto.

Para terminar esta escatológica epístola solo me queda la última de las acepciones que nos presta la Real Academia, y es la que se entona, en este teatro de la confusión, para desear a todos nuestros actores “!mucha mierda!”.

Juantxu Bazán, 28 de febrero de 2018

Publicado en PRIMERA PÁGINA del diario.es Cantabria el 4 de marzo de 2018

Arboricidio. Expresión aún no incluida en el diccionario de la RAE pero que es comúnmente entendida como el asesinato o muerte de árboles, cuando se produce de forma arbitraria.

Hace años, allá por el 2013, se hizo público que la casa Garma en Castro Urdiales se iba a convertir en un hotel de lujo. Una buena iniciativa, sin duda, la de Promociones Paraíso – Inmobiliaria Izarra, que garantiza el sostenimiento de un excelente edificio. La casa Garma, en el barrio Brazomar de Castro Urdiales, es uno de los ejemplos importantes de arquitectura ecléctica de principios de siglo, con notas de arquitectura modernista, y magnífica construcción en mampostería y sillería. Un volumen muy equilibrado en lo que otrora fue una ciudad jardín ejemplar, la que se extendía desde Brazomar al casco urbano de Castro. El valor arquitectónico del edificio se realza con el jardín en el que crece una vegetación que embellece la casa y el entorno contribuyendo a conformar un medio urbano amable con la naturaleza. Así ha sido hasta hace un par de semanas.

Arboricidio. Casi siempre que se denuncia suele ser demasiado tarde. La destrucción vegetal se ha consumado. Pese a ello hay que denunciar porque no es de justicia que se destruyan irracionalmente seres vivos.

La tala de árboles urbanos, cuando se producen dentro de una propiedad, es de escasa visibilidad, y suele pasar desapercibida. Así que cuando me aproximo a la casa Garma, en su finca tan solo quedan algunas señales del estropicio. El edificio ha quedado despejado de vegetación, su jardín desnudo. Se ha matado un hermoso ejemplar de cedro (cedrus deodara) al que le costó cien años llegar a alcanzar su magnífico porte. También se ha talado un magnolio, una hermosa yuca de casi un metro de diámetro de tronco, y dos palmeras (Trachycarpus fortunei). Todos los árboles se encontraban en perfecto estado de salud, tal como atestiguan las fotos de google maps que se presentan a continuación:

Cedro y magnolio talados dentro de la propiedad de la casa Garma, próximos al paseo Menéndez Pelayo. Más atrás apenas se aprecia una yuca de gran dimensión, también talada. Foto de Google Maps antes de la tala.

Foto de Google maps antes de la tala, desde la travesía lateral. Las flechas rojas señalan las dos palmeras y el cedro talados.

Foto de Google Maps de una parte del jardín, antes de la tala.

Foto de Google maps antes de la tala, desde la calle Menéndez Pelayo.

El cedro tras la verja, y a su derecha el magnolio antes de ser talado (foto descargada de CastroPuntoRadio).

Ignoro cuál es el sentido práctico de esta barbarie, pero el resultado es un edificio y un entorno menos valioso, ecológicamente devaluado,  en un escenario menos bello. La imagen de Inmobiliaria Izarra-Promociones Paraíso sale peor parada, el futuro hotel menos promocionable, y por lo tanto,  la actuación además de salvaje es estúpida. La única justificación hubiera sido la enfermedad de los árboles, pero vuelvo a señalar, y así lo he consultado, nada presume enfermedad de los árboles, y si ese hubiera sido el problema es sabido que las enfermedades se tratan y los árboles curan. Por lo tanto no hay justificación posible para esta tala.

Arboricidio. También se produce cuando alguien corta árboles de su propiedad.

Hay una creencia bastante extendida que por la que se considera que a los árboles les podemos dar matarile siempre que sean de nuestra propiedad. Nada de eso. Para talar un árbol lo primero que hay que hacer es pedir permiso al Ayuntamiento para obtener la licencia, quien debe examinar si el árbol está o no protegido, y las condiciones para poder llevar a efecto la tala. Ignoro si Promociones Paraíso solicitó tal permiso, pero si ha sido así, alguien ha metido la pata por concedérselo, y si no, espero que el Ayuntamiento le abra un expediente al promotor y sancione convenientemente si a ello hubiere lugar. Solicitaré al Ayuntamiento que actúe en consecuencia. (Abro un paréntesis para mostrar mi perplejidad por el hecho de que este comportamiento no haya llamado todavía la atención de nadie, tampoco del departamento de Urbanismo que tiene sus despachos a cien metros del lugar de los hechos).

Los árboles de la casa Garma estaban protegidos por el Plan General

La tala de árboles está regulada entre las actividades que deben someterse a licencia (art. 1.1.n de la ordenanza municipal de licencias urbanísticas), por lo tanto este es un hecho que no debiera escapar al control de nuestras autoridades municipales.

Se da la circunstancia que la casa de Garma, al ser un edificio protegido, también está protegido su jardín. Así lo dice el PGOU en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico que en su memoria señala que además de protegerse el edificio también se protege la parcela:

Es decir, está protegido el edificio con el arbolado y la jardinería existente sobre ella. Pero por si acaso no queda claro que los árboles de los edificios singulares están protegidos, veamos lo que dice la propia ficha del Catálogo del PGOU, en relación a las obras permitidas: “se deberá respetar el arbolado existente, y el cierre de la finca”.

Por lo tanto, la tala de los árboles de la finca de la Casa de la Garma, propiedad de Promociones Paraíso es, además de un acto contrario a las buenas costumbres, una infracción urbanística que debe tener consecuencias.

Imágenes de la tala el 12 de enero de 2018 (fotos descargadas de CastroPunto Radio):

El cedro del Himalaya talado en dos tiempos. Antes de ser eliminado definitivamente nos deja la imagen de un monolito, la del culto a la estupidez. 

La finca tras tala, el 3 de marzo de 2018:

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Arboricidio. Denunciarlo para que no vuelva a suceder nada parecido.

Este no es el primer arboricidio producido en Castro Urdiales. Pero espero que sea el último tan grave y flagrante. Para ello es menester que nuestras autoridades se ocupen de dar a los árboles urbanos la importancia que tienen para el bienestar de las personas y de los animales, para mejorar la calidad de vida del ecosistema urbano.

El lunes EQUO Cantabria presentará denuncia formal al Ayuntamiento solicitando se abra un expediente sancionador, y que se reparen los daños.

Los Ayuntamientos tienen a su disposición la posibilidad de elaborar catálogos de protección de nuestro arbolado de interés. De hecho en Castro, hace una década, se elaboró uno muy concienzudo que no sé dónde narices duerme. Pero no solo a los Ayuntamientos compete el cuidado del arbolado urbano. Hay comunidades autónomas (por ejemplo, Madrid) que han legislado sobre protección del arbolado urbano. El grupo parlamentario Podemos, lo intentó hace un año en Cantabria (con la colaboración de ARCA), pero su iniciativa para legislar sobre arbolado urbano fue rechazada por todos los grupos del parlamento autonómico. Se decía, entre otras, que la ley regional podría invadir competencias municipales, lo cual es una tontería mayúscula.

El caso es que el arbolado urbano, a pesar de su importancia para nuestras vidas, está desprotegido. Espero que, tras este alegato, un poco menos.

Juantxu Bazán, 3 de marzo de 2018.

ADENDA (escrito de 6 de marzo de Equo Cantabria solicitando al Ayuntamietno de Castro Urdiales la apertura de expediente de restauración de la legalidad):

Escrito_Arboricidio_Casa_Garma001

Tiene razón el Consejero de Obras Públicas, Mazón, cuando dice que el Puerto Deportivo de San Vicente no es un macropuerto, no al menos si tenemos en cuenta su dimensión (272 amarres) con respecto al Puerto Deportivo de Laredo (857 amarres), o las del Puerto Deportivo de Castro cuya obra quedó desierta en la licitación de sus 842 amarres proyectados. Pero no nos confundamos, la mayor o menor medida que damos a las cosas no depende solo de su tamaño, sino de la capacidad que tengamos para soportarlo. Y lo que no tiene ningún soporte es que el consejero Mazón nos quiera convencer de que “el puerto deportivo responde a una necesidad real de San Vicente” (titular del Diario Montañés, 1 de febrero de 2018, página 18).

¿A qué viene la insistencia en que el puerto de San Vicente es una necesidad real? ¿Dónde está escrito el estudio de necesidades que nos de certeza sobre esta cuestión?

A la izquierda fotomontaje elaborado por la Dirección General de Puertos; a la derecha el proyecto de puerto deportivo sobre la ortofoto de la ría de San Vicente.

Esperaba encontrar la respuesta en la Memoria del nuevo Plan de Puertos de Cantabria, pero no, en este Plan no se desvela la demanda real a la altura de este puerto deportivo. Este estudio, el que justifica el Plan de Puertos, sí que es grande, acaso macro o supermacro. El Plan de Puertos de Cantabria tiene 2.520 páginas. De ellas hay solamente 21 páginas dedicadas a estudiar la demanda real de las instalaciones portuarias de Cantabria que en realidad no es un estudio riguroso sino más bien una traslación de indicadores y datos nacionales. El único dato que merece ser tenido en cuenta es el que señala que la demanda de embarcaciones deportivas en San Vicente aumenta a un ritmo de entre 5 y 10 embarcaciones de lista 7ª al año. Si esto es así difícilmente se puede sostener la dimensión de este puerto deportivo. Por lo tanto, la demanda real, o eso que se denomina “necesidad real” no puede justificar una actuación como la que se pretende, sino que más bien habría que optar por paulatinas ampliaciones de las instalaciones actuales para adaptarse a la escasa demanda de amarres en la ría de San Vicente, conclusión a la que, por otra parte, llega el mismo Plan de Puertos cuando dice que “se considera que es preferible desde el punto de vista ambiental la ampliación o remodelación de las instalaciones portuarias que la construcción de nuevas instalaciones”. Este Plan, en lo que se refiere a San Vicente, se desdice a sí mismo.

Se desdicen más cosas. El propio Plan de Puertos dice que “de manera general se han considerado como zonas no aptas para la implantación de nuevos puertos o instalaciones portuarias aquellas áreas de especial valor ambiental (rías o marismas)”. El propio Informe de Sostenibilidad califica la actuación del puerto de San Vicente como de “impacto crítico”, señalando además las zonas de la ría y marisma de San Vicente como zonas excluidas del Plan de Puertos, algo coherente con el hecho de que la ría de San Vicente se halla dentro del Parque Natural de Oyambre.  Todos los estudios ambientales, e incluso la posición de la Dirección General de Medio Ambiente fueron al principio en esta dirección; sin embargo, el itinerario seguido con este proyecto y con el propio Plan de Puertos denotan una sumisión incomprensible de los valores ambientales a las “grandes actuaciones” (así denomina el propio Plan a los puertos deportivos de Suances y San Vicente) contraviniendo nuestra propia legislación ambiental. El impacto sobre los ecosistemas protegidos por la ley 4/1998 que declara el parque natural de Oyambre, y por la ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, y por la ley de Costas (pues la zona donde se quiere construir el puerto deportivo se halla en zona de dominio público marítimo terrestre) va a ser mortal por efecto de un dragado de doscientos mil metros cúbicos de los fondos arenosos de la ría, además de las obras complementarias y la propia actividad que concierne a dicho puerto. A tenor de nuestra legislación ambiental esta es una actividad expresamente prohibida, y no cabría entender otra cosa puesto que si se declara la protección de parque natural es justamente para librarle de amenazas como las del puerto deportivo de San Vicente.

Especialmente incomprensible es la posición del patronato del Parque Natural de Oyambre presidido por el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, dando el visto bueno a esta actuación. La crónica enviada por esta Consejería el pasado mes de noviembre dice que “el único patrono que se ha pronunciado ‘negativamente’ sobre el proyecto ha sido el representante de las asociaciones conservacionistas, mientras que el resto de los patronos se han mostrado ‘favorables’ al puerto, estando todos de acuerdo en que un proyecto de esta naturaleza deben extremarse las cautelas ambientales”. Menos mal. Pero extremar las cautelas significa que el Puerto Deportivo no debe construirse en el espacio protegido e instar a la Dirección General de Puertos que estudie alternativas más acordes con la protección del espacio natural. El Patronato que debe velar por la protección del Parque y la preservación de sus ecosistemas le hace la ola a la Consejería del mismo partido, la de Obras Públicas: ¿hubiera sido pertinente que el patronato encargara un informe independiente sobre los daños ambientales que va a ocasionar el puerto deportivo y sobre el incumplimiento del propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque?

El mismo día en el que escribo estas líneas, leo la crónica que conmemora el día de los humedales en Cantabria y aplaudo que el consejero Oria que preside el Patronato, responsable de biodiversidad y de los espacios protegidos de nuestra región, haya estado presente el viernes 2 de febrero en San Vicente, junto con el alcalde de la villa, y otros miembros del mismo Patronato, y que le haya dicho a los niños escolares lo valioso que es sensibilizarse sobre los problemas del medio ambiente y lo importante que es la conservación y el uso sostenible de nuestros humedales (sic).

Cuando leo esto, y pienso en el Puerto Deportivo de San Vicente, me veo sumido entre el despotismo que impone lo excesivo y la hipocresía ambiental, la de aquellos que nos quieren hacer creer lo importante que es la conservación de nuestros espacios naturales a sabiendas de los efectos destructivos de proyectos que lo hacen imposible.

Juantxu Bazán

Artículo publicado en el diario.es Cantabria el 4 de febrero de 2018

Confieso mi perplejidad.

Después de un año sigo sin entender cómo es posible que el Ayuntamiento de Castro Urdiales haya aprobado el Convenio Lolín. Un convenio urbanístico que consiste en la recalificación de suelo industrial que ocupa la fábrica de Anchoas de Castro Urdiales para implantar un centro comercial con un aumento de la edificabilidad de 2.479 m², y por el que el Ayuntamiento obtendrá la construcción de una pasarela ciclista y 1.000 m²  de espacio deportivo en una de las zonas del centro comercial. Tanto la propiedad, Conservas Lolín, como el Ayuntamiento, gobernado por CastroVerde, han saludado esta operación como muy favorable para el “interés general”, habida cuenta de que ello va a significar también el traslado de una fábrica a la zona industrial y en su lugar, a la entrada del casco urbano de Castro, se creará un nuevo centro comercial (dicen que será Mercadona) con la creación de 45 puestos de trabajo ampliables a 90 con las tiendas que allí se instalen. “Creación de puestos de trabajo”, “interés general”, algo que no podría faltar en la justificación de este convenio urbanístico que sale adelante gracias a la mayoría que suman CV y PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con alguna oposición (MAS Castro, EQUO, Podemos) , y la complaciente abstención del PSOE y del PP. El Convenio Lolín se perfila como un negocio empresarial que rediseña una parte muy importante de la ciudad de Castro Urdiales, en la que, desde mi punto de vista, se obtiene un altísimo aprovechamiento y beneficio económico para la parte privada en comparación con las escasas ventajas que quedan para la ciudad y, también desde mi percepción, este futuro centro comercial es contraproducente para el desarrollo de la ciudad.

En ausencia de relato para dibujar el futuro de Castro Urdiales prevalece un lema que se extiende como un sonsonete: “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro”. La frase, todo un proverbio por el contenido moral que contiene, es insistentemente repetida por Jesús Gutiérrez, promotor del Convenio Lolín, dueño de la Fábrica de Anchoas, hasta hace medio año portavoz del PRC en Castro Urdiales, y serio aspirante a ocupar la alcaldía de Castro Urdiales tras las próximas elecciones de 2019. “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro” más que un proverbio es una manera de entender la ciudad y el municipio de Castro Urdiales que se construye desde el pensamiento liberal que nos traslada a los tiempos del gran teórico de la economía de mercado capitalista Adam Smith: “Lo que es bueno para el capital es bueno para la sociedad”, proclamaba el economista británico, porque cuantos más beneficios obtenga el empresario ello significará un aumento de la riqueza y de la prosperidad de la colectividad. Por la misma razón, en Castro Urdiales deberíamos aceptar que el  Convenio Lolín, bueno para Anchoas Lolín, bueno para Mercadona, va a repercutir favorablemente en las familias castreñas lo que significará también un aumento de la riqueza y la prosperidad para Castro.

Decodifiquemos. “Lo que es bueno para Lolín es bueno para Castro” nos transmite una visión totalizadora de la sociedad, que no es otra que a Castro le irá bien siempre que a Lolín le vaya bien, lo que implica una ciudad que pende de la iniciativa de su grandes promotores, una sociedad a la expectativa, que aplaude o asiente las iniciativas de sus grandes emprendedores, una sociedad, también, de electores. Porque “Lo que es bueno para Lolin…” es también un eslogan anticipado de la campaña que llevará a Jesús Gutiérrez a la alcaldía con la mejor tarjeta de presentación posible, la del empresario de éxito que mejor sabe “lo que es bueno para Castro”.

Mientras el proverbio se cumple, a mí se me ocurre que es necesario cambiar el pronóstico, pensando en que la ciudad se puede y se debe diseñar de otra forma, y acaso, invertir los términos, hacer viceversa y proclamar que “LO QUE ES BUENO PARA CASTRO, ES BUENO PARA LOLIN”. Esto implica que hay que ocuparse en primer lugar de la ciudad, de sus necesidades, de la importancia que la zona de Brazomar puede significar para mejorar el hábitat urbano, de la recuperación del dominio público de la ría, de la posibilidad de generar equipamientos públicos que convivan con nuevos usos (comerciales, residenciales, hoteleros…); de solucionar los problemas de tráfico, favorecer la movilidad urbana, promover la restauración ambiental del entorno de la ría… Hacer viceversa quiere decir, sobre todo, otra forma de hacer el urbanismo más allá del negocio con un empresario, contar con el conjunto de empresarios de la zona, con la participación de expertos y del conjunto de la ciudadanía. Estoy convencido de que por este camino seríamos capaces de encontrar mejores soluciones que la que nos ofrece el Convenio Lolín para mejorar la calidad urbana de la ciudad y del municipio, algo bueno para Castro, y también para los empresarios de Brazomar, también para Lolín.

Pero por mucho que me encargue de hacer pronunciamientos para invertir las reglas de juego mucho me temo que mi perplejidad perdure. Lo más probable es que sigamos con esta perversa inercia de hacer en Castro Urdiales lo mismo que venimos haciendo en los últimos veinte o treinta años, consolidar que lo que sea bueno para algunos no sea bueno para Castro; este ha sido el designio fatal de la historia reciente de nuestro urbanismo. Así que el siguiente paso que nos asiste será la aprobación del modificado del Plan General nº 23, la recalificación, el centro comercial, y dar por bueno todo lo que nos digan que es bueno, y todos tan contentos.

Juantxu Bazán, 16 de enero de 2016.

Artículo publicado en la Tribuna de eldiario.es Cantabria.