El Ayuntamiento contesta a las alegaciones presentadas al Convenio de Lolín omitiendo posicionarse sobre la presunta usurpación de suelo público en la parcela de la Fábrica de Anchoas.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha aprobado el convenio urbanístico con Anchoas Lolín al que me he referido en este blog en más de una ocasión. El convenio se ha aprobado en sesión del Pleno de 30 de mayo de 2017 con los votos a favor del equipo de gobierno (CastroVerde) y del PRC (grupo político cuyo portavoz, Jesús Gutiérrez, es dueño de la empresa y parte de este convenio). El concejal de MAS Castro ha votado en contra, y los concejales del PSOE (4) y del PP (6) se han abstenido con lo que su posición es irrelevante, pues gracias a los votos a favor, pero también gracias a las abstenciones, el convenio Lolín ha salido adelante. Ahora, el Ayuntamiento deberá tramitar el modificado del Plan General, y a la vista de lo que se plasma en el debate este modificado se presenta como un mero trámite en el que volverán a reproducirse los votos a favor, el voto en contra y las abstenciones.

 

«Los técnicos dicen que todo es correcto».

Es sabido que la aprobación de este convenio ha motivado mi baja de CastroVerde, pero más allá de esta anécdota lo que refleja este hecho es una forma de entender la política de la ciudad que echa por tierra los planteamientos por los que ayudé de forma decisiva a la fundación de aquel partido verde cuyo color hoy no encuentro. En vez de estudiar y debatir lo que queremos para nuestra ciudad se ha optado por una de las formas más excepcionales (y muchas veces perversa): la planificación urbanística como resultado de un negocio con un particular. No voy a insistir sobre lo que ya he opinado en relación con la magnífica oportunidad de planificar el conjunto de la zona de Brazomar pero si quiero pronunciarme por algo que me parece muy importante en relación con las responsabilidades a la hora de aprobar un convenio urbanístico.

Un concejal amigo, de CastroVerde, me lo recordaba hace poco: “los técnicos dicen que todo es correcto”. Se produce una delegación de responsabilidades en el sentido de que puesto que los técnicos emiten informe favorable “el convenio es bueno para el interés general”, y tantas veces se ha repetido el lema que al final se ha convertido en un acto de fe, es decir, de creencia ciega en lo que dicen los técnicos y las personas que han negociado este convenio. Hay una especie de traslado de la responsabilidad “a lo que digan los técnicos”, y se olvida que las opciones de hacer o no un convenio no son una cuestión solo técnica, o solo jurídica, sino esencialmente política, o si se prefiere de política urbana, de cómo hacer el urbanismo que queremos para nuestra ciudad (con los técnicos, con los políticos y con el conjunto de la ciudadanía).

Pues bien, uno de esos técnicos, el de Administración General del Ayuntamiento de Castro Urdiales, José Antonio Gutiérrez Olivares, ha sido el encargado de responder a las alegaciones presentadas contra este convenio por Alejandro Gil, EQUO Cantabria, Podemos Castro, hermanos Barco, y comunidad de propietarios de El Paraíso. En su informe de contestación, el asesor jurídico del Ayuntamiento va desmontando todas y cada una de las alegaciones presentadas, algunas veces con argumentos acertados (o bienintencionados), otras obviando el contenido de lo alegado (es decir, haciendo mutis), y en más de una ocasión introduciendo juicios de valor que chirrían sobre lo que debe ser una argumentación jurídica. Esto último, la descalificación de uno de los alegantes (EQUO Cantabria) en un informe es lo que merece mi respuesta. Diré que cuando se presenta un escrito de alegaciones, quienes lo hacemos podemos argumentar en derecho y emitir juicios de valor, exponiendo las razones por las que entendemos que el convenio debe ser desestimado. Pero un informe jurídico debe constatar hechos y motivar sus respuestas en derecho, sin remozarlo con juicios de valor ni prejuzgar las intenciones del alegante.  El escrito de alegaciones de EQUO Cantabria es un extenso argumentario sobre política urbana, aportando hechos y motivando en derecho, tratando de dar una respuesta alternativa al contenido de este convenio: a su memoria justificativa, a sus cláusulas, al conflicto de intereses del concejal, y a la posible apropiación de suelo público sobre la propiedad objeto de este convenio. Nuestro escrito quiere poner sobre la mesa que el Convenio Lolín es un error, que tenemos la convicción de que es ilegal, y que hay otra manera de promover la ordenación de la zona de Brazomar muy diferente a la que se plantea en este negocio jurídico. Es probable que mucho de nuestros argumentos sean rebatibles, sobre todo cuando entramos a valorar conceptos tan elásticos como el  “interés general”, pero a la vista del informe de alegaciones y la forma de hacerlo mi impresión es que estamos removiendo cuestiones que resultan muy incómodas, tan incomodas como a veces lo es la verdad.

No voy a hacer análisis detallado del contenido del escrito de contestación a las alegaciones, pero si me voy a referir a tres cuestiones que me han llamado la atención.

 

Alegaciones constructivas y alegaciones que no lo son. Las que plantean “una actitud crítica constructiva” o “sana crítica”, y las que “resaltan títulos y expresiones como falsedad, prohibición, usurpación, investigación y denuncia”.

A lo largo de todo su escrito José Antonio Gutiérrez se empeña, y lo hace con reiteración, en desacreditar las alegaciones de EQUO Cantabria, lo dice como si tal cosa. “Así como la alegación anterior (se refiere a la del ciudadano Alejandro Gil) tiene un contenido muy crítico, pero muy constructivo, en el presente (se refiere a la de EQUO Cantabria) los términos que más resaltan son los títulos y las expresiones como falsedad en los hechos, prohibición para la suscripción, usurpación, investigación y denuncia. Las alusiones personales son numerosas también, y prácticamente todas las discrepancias con el convenio, que son todas, equivalen a una descalificación de algo o de alguien”.

Más adelante sigue: “no tiene nada que ver recibir una sana crítica técnica o jurídica, y poder valorar las cuestiones con una perspectiva que no se hubiera tenido en cuenta (propósito de la participación ciudadana) con dar lectura a un escrito en el que se limita a argumentar con la mayor autoridad la falsedad de los hechos que justifican la causa de interés público…”.

El técnico de Administración General no se corta y cuando entra a informar las alegaciones de PODEMOS vuelve a la carga diciendo: “En la alegación de Podemos Castro Urdiales, se vuelve, afortunadamente, a una crítica de la actuación, manifestando su discrepancia total con este convenio. Pero no manifiesta que se esté falsificando nada, ni categóricamente que se esté usurpando suelo (en alusión a EQUO Cantabria). Simplemente plantea que existen indicios de que pudiera darse esa usurpación”.

El técnico informante ha de saber que los escritos de alegaciones no tienen nada que ver con la buena o mala crítica, ni esa es cuestión que ha de ser juzgada por un técnico municipal. Cuando un ciudadano presenta alegaciones a un plan o convenio, o lo que sea, lo hace con el derecho a presentar las razones que considere para que sean tenidas en cuenta en la resolución definitiva o acuerdo. O sean rechazadas de forma motivada. La función del técnico no es juzgar al ciudadano que alega, sino responder conforme a derecho a cada una de las alegaciones presentadas.

 

Rocambolesca justificación del aumento de la edificabilidad y del aumento de la ocupación de la parcela.

Varios de los alegantes, casi todos, nos hemos pronunciado a propósito del increíble e injustificado  aumento de la edificabilidad del nuevo centro comercial, así como del aumento en la ocupación de parcela. No conozco los demás escritos, pero en el caso de EQUO Cantabria, hemos aducido incumplimiento de la propia ordenanza municipal del suelo productivo y de la propia ley del Suelo de Cantabria. Pues bien, el informe acude a una rocambolesca interpretación del art. 7 de la ley estatal del Suelo para justificar que el aumento de la edificabilidad (nada dice de la ocupación) se extralimite legalmente en este caso, es decir, que puesto que se van a producir cesiones de dotaciones a favor del Ayuntamiento, estaría justificado el aumento de la edificabilidad, dicho de una forma excesivamente simplificada por mi parte. Léanse las páginas, 20-22 del escrito de contestación, a ver si entienden algo. Vamos a ver, que si en el edificio de la Cofradía, por poner un ejemplo, se hiciera un reforma para aumentarlo en diez alturas, y ello implicara una edificabilidad que multiplicara por sietre lo establecido por la ordenanza de suelo urbano, esa reforma estaría ajustada a derecho porque el Ayuntamiento podría llevarse un buen pellizco en cesiones para dotaciones (por ejemplo, una planta entera para hacer un auditorio)  además de unos millones de euros en concepto de  aprovechamiento.

No sé a qué viene salirse por esos cerros cuando lo que se plantea no es que se haya producido un aumento de la edificabilidad (o de la ocupación) sino que la edificabilidad (y la ocupación) que se da al nuevo centro comercial está muy por encima de lo que permiten las ordenanzas del Plan General (que están para cumplirse) y de la propia ley del Suelo que fija que en suelo productivo la ocupación de parcela no deberá exceder de los dos tercios de superficie. Esta cuestión sigue sin contestarse, volveremos sobre ella cuando presentemos Recurso Potestativo de Reposición y espero que la CROTU ponga orden en este asunto.

 

El Ayuntamiento ha aprobado un convenio urbanístico bajo sospecha de apropiación de suelo público.

Siempre que he podido explicarme he manifestado que cuando me intereso por el convenio Lolín no espero encontrarme con que se ha esfumado el suelo público que rodeaba a la fábrica. En el escrito de alegaciones mi preocupación con este convenio es otra. En el propio Escrito de Alegaciones destacamos como positivo el traslado de las fábricas, pero reseñamos el plural y decimos, que “hay que hacerlo con todas las fábricas, no solo con la de Lolín”, lo que significaría una magnífica oportunidad para hacer una verdadera transformación urbana del entorno de Brazomar para permitir la recuperación de la ría de Brazomar, la obtención de equipamientos públicos, y la definición de los usos, comerciales, hoteleros o residenciales, los que sean más adecuados con las necesidades de la ciudad. Mi primera y principal preocupación era la de intentar demostrar que se puede hacer política urbana más allá de los resultados de un convenio particular, poniendo por delante objetivos más acordes con el interés general.

Enseguida me llama la atención que la propiedad pretende atribuirse un exceso de superficie en su parcela, justificándolo por errores topográficos de los planos del Plan General, pero lo que observo es que esos «errores topográficos» son en realidad espacios públicos (zonas peatonales) se han metido intramuros de la fábrica: unos de propiedad municipal del antiguo ferrocarril comprados por el Ayuntamiento a la FEVE en 1.974, y otros que debieran haberse respetado como espacio peatonal tal como se señala en el plano del PGOU. Espacios de dominio público presuntamente usurpados por el dueño de la fábrica.

Cuando se constata que ha habido una posible usurpación de suelo público no caben posiciones intermedias, hay que decirlo. Hay que denunciarlo. Es mi obligación como empleado público y como ciudadano. A pesar de ello, en el escrito de alegaciones que presentamos EQUO Cantabria, tras adjuntar los planos que demuestran la «transformación» del suelo peatonal en suelo de la fábrica de Lolín, lo que se pide es que SE INVESTIGUE:

“que se ordene la apertura de un expediente de investigación y recuperación de oficio de la propiedad municipal y de los espacios públicos presuntamente usurpados”

Esto es lo que pedimos, y lo que el Ayuntamiento ha rechazado. En el informe de contestación se omite esta consideración, y se justifica la inacción sobre la base de lo siguiente:

No sé si el informante nos está avisando de una posesión pacífica por la que los terrenos presuntamente usurpados hubieran usucapido a favor del propietario de la fábrica, pero me parece muy preocupante que una cuestión tan grave como esta se despache de esta manera tan… ¿cómo decirlo? ¿frívola? ¿Es que no hay nadie en este Ayuntamiento que sea capaz de entender que NO SE PUEDE HACER UN CONVENIO URBANÍSTICO SOBRE UNA PROPIEDAD EN LA QUE según se demuestra en la documentación aportada EL PROMOTOR DEL CONVENIO HA PODIDO ADUEÑARSE DE SUELO PÚBLICO?

No es nada cómodo para mí cuestionar el papel de los técnicos municipales, cuyo trabajo es imprescindible para que los servicios públicos se realicen en condiciones de calidad, pero tampoco voy a encajar que se culpabilice al ciudadano denunciante por exigir a la Ayuntamiento que actúe y defienda el dominio publico.

No sigo para no aburrir al paciente lector. Para más abundamiento dejo que constate el escrito de alegaciones de EQUO Cantabria impregnado de malas intenciones, y la contestación a las alegaciones razón por la que me he animado a escribir esta crítica tan destructiva.

 

Juantxu Bazán

26 de junio, san Pelayo, de 2017.