EL PARLAMENTO DE CANTABRIA INSTA A LA CONSEJERÍA DE CULTURA A QUE ELABORE UN PLAN PARA FOMENTAR LAS VISITAS PÚBLICAS Y GRATUITAS A LOS BIC’S DE CANTABRIA PARA QUE SE CUMPLA CON EL MÍNIMO LEGAL DE CUATRO DÍAS AL MES.

También se aprobó que Consejero de Educación, Cultura y Deporte  encargue a la Dirección General de Cultura la negociación inmediata con la propiedad del Castillo y Palacio de Ocharan la apertura de los jardines durante los fines de semana.

Ayer lunes, 6 de marzo de 2017, asistí a la sesión del Parlamento de Cantabria en la que se debatió la PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL FOMENTO DE LAS VISITAS PÚBLICAS EN LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE CANTABRIA. La PNL fue aprobada por los pelos, 18 a 17 (con los votos a favor de C’s – Podemos – PP). El gobierno (PSOE-PRC) votó en contra.
Vero Ordoñez (Podemos) defendió la moción y lo resolvió muy bien, a pesar de que algunos diputados regionales atacaron la moción con soberbia e ignorancia. Hubo un momento, con la intervención del diputado socialista que me pareció bastante irritante, y no comprendo cómo es posible que los diputados no recurran a su asesoría jurídica para que les digan que sí, QUE SI ES OBLIGATORIA EN TODA ESPAÑA QUE LOS BIC’S CUMPLAN CON LAS VISITAS PÚBLICAS Y GRATUITAS AL MENOS CUATRO DÍAS AL MES EN HORARIOS CONOCIDOS POR LA CIUDADANÍA.
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El debate sobre la PNL para el fomento de las vistas públicas y gratuitas en el momento en el es defendida por Vero Ordoñez. Parlamento de Cantabria, lunes 6 de marzo de 2017.

La medida es de enorme trascendencia, pero su desarrollo va a depender de la voluntad del Gobierno de Cantabria, especialmente de la D. G. de Cultura, y ahí es donde pienso que topamos con una triste inercia: la de no entender que cumplir con el mínimo legal de visitas es no sólo un derecho ciudadano, sino un objetivo primordial de los propios BIC’s.
Las Proposiciones No de Ley no tienen vinculación jurídica porque como su propio nombre indica no tienen fuerza legislativa. Pero son muy importantes porque son indicadores de la capacidad de los parlamentos para controlar la acción del gobierno. Así que pasado un tiempo los diputados pueden recordarle al Consejero de Cultura lo que realmente ha hecho para poner en marcha un plan para promover las visitas públicas en los BIC’s de Cantabria. Veamos qué es lo que realmente se aprobó:
Instar al Consejero de Educación, Cultura y Deporte a que encargue a la Dirección General de Cultura un Plan para el fomento de las visitas públicas de los BIC de Cantabria, en el que se observe el mínimo legal que establece el art.. 13.2 de la LPHE.
Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para que una vez redactado el Plan para el fomento de las visitas públicas proceda a negociar un calendario de visitas públicas y gratuitas lo más amplio posible pactado con los propietarios de los BIC.
Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para que ordene urgentemente a la Dirección General para que cumpla con las visitas gratuitas en aquellos BIC que actualmente cobran la entrada sin ofrecer la posibilidad de 4 días al
mes de visita gratuitas a dichos BIC.
Instar Al Consejero de Educación, Cultura y Deporte para que encargue a la Dirección General de Cultura la negociación inmediata con la propiedad del Castillo y Palacio de Ocharan la apertura de los jardines durante los fines de semana, y que asimismo se negocie con el Ayuntamiento de Castro Urdiales las tareas de limpieza, mantenimiento y vigilancia durante la apertura al público, incluyendo un régimen de visitas asimismo a los edificios (palacio, capilla, castillo-observatorio…) que forman parte del conjunto BIC.

APERTURA AL PÚBLICO DEL CASTILLO Y PALACIO DE OCHARAN.

Algunas intervenciones en el parlamento mostraron cierta perplejidad por el hecho de que en el caso del BIC OCHARAN de Castro, la diputada castreña Vero Ordónez defendiera la urgencia de una negociación para abrir al público los fines de semana de este BIC, “barriendo para casa”, a lo que contestó que “era especialmente llamativo el asunto del castillo Ocharan, que dentro de sus muros hay 11.ooo m2 de jardines que son también BIC, y siendo como es una propiedad pública no tiene acceso salvo por la puerta de la finca matriz que es de propiedad privada”. Es difícil imaginar que alguien no pueda acceder a su casa, o que para llegar a su huerta no tenga un paso de servidumbre… bueno pues eso es lo que pasa con la propiedad municipal intramuros de los jardines BIC de Ocharan.

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La línea verde delimita una parcela de 11.00 m2 de propiedad municipal que fue cedida por el propietario del Castillo de Ocharan, Miguel de al Vía para dar cumplimiento a un convenio urbanístico en el que el propietario del BIc Ocharan obtuvo una recalificación de la cantera de santullán, y de una parcela de su propiedad. Actualmente, y tras descartarse la  construcción de un muro y un acceso por la muralla este, la propiedad municipal no tiene acceso salvo por la puerta de la finca matriz privada que se encuentra cerrada al público.

Termino la crónica. Satisfecho ma non troppo. He informado (y persuadido)  para que desde los grupos locales del PSOE y PRC instaran a sus parlamentarios a que se ocuparan de esta PNL y la apoyaran. Hubiera sido estupendo obtener una unanimidad como en el caso del cargadero de Dícido (1). Mi planteamiento es colaborativo en aquello que podemos estar de acuerdo desde diferentes ideas y opciones políticas. Tengo que agradecer una respuesta favorable de Ciudadanos, a través de Roberto Morales, que ha entendido perfectamente que esta PNL es la reivindicación de un derecho de la ciudadanía y una obligación de los poderes públicos cumplir con la legalidad. Y también de Eduardo Van den Eynde, el portavoz del grupo PP en el parlamento de Cantabria, persona a la que conozco hace muchos años y sé de su sensibilidad para la protección del Patrimonio Cultural de Cantabria.

Juantxu Bazán, 7 de marzo de 2017.

(1). En marzo de 2016 se aprobó también una PNL en la que se insta al gobierno de Cantabria a la restauración urgente del BIC cargadero de mineral de Dícido. !! meses después seguimos sin conocer si la Consejería de Cultura tiene un plan para la restauración del cargadero de Dícido. 

MÁS INFORMACIÓN:

https://juantxubazan.com/2017/03/04/domingo-por-la-manana-en-el-castillo-de-ocharan-la-propiedad-del-bic-ocharan-imcumple-desde-1-985-la-obligacion-de-permitir-la-visita-publica-y-gratuita-al-menos-cuatro-dias-al-mes/

 

DOMINGO POR LA MAÑANA EN EL CASTILLO DE OCHARAN.

La propiedad del BIC Ocharan imcumple desde 1.985 la obligación de permitir la visita pública y gratuita al menos cuatro días al mes.

 

Sábado, domingo… cualquier día es bueno para pasear por el Castillo de Ocharan, por los jardines del Palacio, sentarse en un banco, al sol, a la sombra, bajo un paraguas. Solo, en pareja, con los niños, con los padres. Un hermoso lugar para la meditación, la relajación, la observación, el conocimiento, el juego. Un entorno magnífico para disfrutarlo durante horas.

Sábado, 4 de marzo de 2017. Las puertas del Castillo y del Palacio de Ocharan están cerradas.

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Las puertas del Castillo y del Palacio siempre están cerradas, salvo para sus dueños y personas autorizadas. Nadie debería sorprenderse pues es una propiedad privada, y tal como hacemos en nuestra casa, sólo entra en ella quien quiere su dueño. Así que mi desvelo por disfrutar un domingo por la mañana de los jardines del Castillo es una quimera. Sin embargo, el Castillo y el Palacio, con sus jardines y murallas, forman parte de un BIC, un Bien de Interés Cultural, y eso algo que lo diferencia de cualquier otra propiedad. Quiero decir con ello que, siendo como es una propiedad privada, tiene un valor añadido que lo convierte en una propiedad con una función pública, con una función social para ser más precisos. Y esto es así por imperio de la ley, de la Constitución Española y la Ley de Patrimonio Histórico Español y la legislación autonómica. Por si alguien sospecha que mi intención es asaltar el palacio de Ocharan, justificaré mi alegato en lo que dice la propia Constitución Española que proclama el  “derecho a la propiedad privada y a la herencia”, derecho que se matiza a continuación señalando que “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes” (art. 33.2 CE). Es simple, las propiedades que forman parte del BIC Ocharan son privadas pero han de cumplir un fin social.

¿Y cuál es la finalidad social que debe cumplir la propiedad del BIC Ocharan? Nada que resulte caprichoso, ni frívolo, ni excesivo. Esto es algo que ya está fijado por la propia  Ley de Patrimonio Histórico Español que lo enuncia entre sus principios, y que consiste en garantizar que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Castro Urdiales y personas que nos visitan puedan acceder a su herencia histórica y contemplar y disfrutar del patrimonio cultural. Ahora estoy convencido, pasear un domingo por la mañana por el Castillo y el Palacio no es un deseo. Es mi derecho.

LA PROPIEDAD DEL CASTILLO, PALACIO Y JARDINES DE OCHARAN DEBEN PERMITIR LA VISITA PÚBLICA Y GRATUITA AL MENOS CUATRO DÍAS AL MES.

Desde el año 1.985 en el que el Castillo y Palacio de Ocharan son declarados BIC, su recinto ha estado cerrado al público, salvo contadas excepciones en las que hemos podido disfrutar de actuaciones de danza y música en las noches del mes de agosto. De eso hace treinta años. Durante todo este tiempo se ha venido incumpliendo de forma continuada la Ley de Patrimonio Histórico. Hace dos años insistí sobre esta cuestión en mi blog; e incluso CastroVerde en su primer programa de 2011 estableció como objetivo electoral la apertura al público del Castillo. Pero por lo general, la política local ha estado ausente de esta pretensión. Ni siquiera hay una conciencia ciudadana para promover la apertura al público del Castillo y el Palacio. Los muros son demasiado altos, pero lo que realmente sucede es que hay ignorancia del alcance de nuestros derechos ciudadanos. Ignorancia de nuestros derechos, desconocimiento de la ley. De ahí mi insistencia en reproducir lo que es obvio:

…los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar (…) su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados. El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada.” (art. 13.2. LPHE).

No voy a dar ahora la chapa sobre los pronunciamientos que ha habido por parte del Tribunal Constitucional sobre la obligación de visitas públicas al Patrimonio Cultural. Quien quiera explorar más a fondo puede leerse la  Proposición No de Ley que el día 6 de marzo será defendida por el grupo parlamentario PODEMOS, y en la que se sostiene toda la fundamentación jurídica de la obligación de visitas públicas del BIC de Ocharan, de todos los BIC’s de Cantabria. Tan solo diré que la propia ley y el Tribunal Constitucional ha calificado como “expoliación del patrimonio cultural” cuando se ha hurtado a la ciudadanía el conocimiento y disfrute público, cuando se priva a la ciudadanía del mínimo de cuatro visitas al mes que establece la ley. En esta situación de expoliación la ciudadanía castreña llevamos desde 1.985, cuando se aprobó el BIC de Ocharan por el gobierno de Cantabria.

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Cabría preguntarse si además de ser un derecho, y una obligación legal, es justo que la ciudadanía entre y salga por una propiedad como la de los jardines históricos del Castillo y el Palacio de Ocharan. Dicho de otro modo ¿es justo que la propiedad cargue con esa servidumbre?

Nuevamente hay que acudir a la ley y poner conocimiento en lo que mucha gente ignora. Lo entenderemos fácilmente. Los propietarios de BIC’s tienen unas cargas (la obligación de preservar su inmueble, y permitir visitas públicas…) que están compensadas con importantes ventajas de las que no gozan las demás propiedades. Son ventajas fiscales que se concretan en deducciones, bonificaciones y exenciones en los impuestos más importantes (IRPF, IVA, Plusvalía, Impuesto de Patrimonio, Impuesto de Construcciones, Impuesto de Sucesiones…). Por ejemplo, el inmueble del BIC de Ocharan ubicado en el centro urbano de Castro está exento del pago de IBI. No tengo ni idea de qué cantidad estamos hablando, pero estimo que es mucho dinero teniendo en cuenta la ubicación y la extensión (algo más de tres hectáreas) de esta propiedad. Es decir, que a pesar de gozar de importantes ventajas fiscales, la propiedad del BIC no le ha devuelto a la sociedad su obligación de cumplir con al menos cuatro visitas gratuitas al mes. Las enormes ventajas fiscales compensan las cargas, por lo que la ausencia de vistas durante tantos años rompe la equidad que es preciso restaurar de forma urgente.

UNA PROPIEDAD PÚBLICA, BIEN DE INTERÉS CULTURAL, SIN ACCESO PARA LOS CIUDADANOS.

La situación es más grave aún. Lo es porque hay una parte del entorno BIC, concretamente la zona norte de los jardines del Castillo que es de propiedad municipal.  Se trata de una parcela de los jardines del Castillo de Ocharan de 11.000 m2 ya segregada y registrada, que fue cedida al Ayuntamiento por efecto del convenio urbanístico que se aprobó con la propiedad, Miguel de la Vía, en el año 2001. Esta parcela municipal es inaccesible. Para llegar a ella solo es posible hacerlo a través de la puerta principal que siempre está cerrada. La propiedad municipal no es que no cumpla con su obligación de ser disfrutada por la ciudadanía a quien pertenece, es que ni siquiera cumple con su función como propiedad. No hay ni servidumbre de paso que pueda ser practicada. Esto es una paradoja que hay que resolver, un insulto a la razón que exige una actuación inmediata por parte del Ayuntamiento [1].

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La línea verde delimita la propiedad municipal dentro del recinto del castillo que fue cedida hace dos años, dando cumplimiento la convenio urbanístico. A la propiedad pública no se puede acceder salvo por la puerta de la finca matriz (siempre cerrada).

¿En este contexto tan peculiar quien se encarga de tomar la iniciativa para reparar la obligación que restituya el derecho de la ciudadanía a disfrutar del BIC Ocharan?

De acuerdo con la ley de Patrimonio Cultural de Cultural de Cantabria debe ser la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria quien emprenda una negociación con la propiedad para establecer un régimen de visitas públicas. No me cabe duda de que en estas negociaciones debe estar presente activamente el Ayuntamiento de Castro como parte que debe defender el máximo interés para la ciudadanía y hacerse valer como propietario que tiene el inexcusable derecho a acceder a su propiedad intramuros. Desde mi punto de vista, no basta con establecer visitas graciables (como las que se producen de vez en cuando a los colegios a los que se permite visitar parte de los Jardines del Castillo de Ocharan). Debe imponerse una solución en el que se equilibren los intereses en juego, es decir, que sea justa para la ciudadanía, sin interferir en la privacidad de las personas que moren en dichas propiedades. Mi convicción es que nuestro municipio debe aspirar a que el Castillo de Ocharan sea el futuro parque urbano de la ciudad. Pero vayamos por partes. Primero es menester que se cumpla la ley, y se establezca un régimen de visitas públicas, conocidas por la ciudadanía. Un objetivo alcanzable debe ser la apertura al público en horario establecido, durante los fines de semana de los jardines del Castillo y del Palacio durante todo el año, y un régimen de visitas guiadas a las instalaciones interiores de los edificios (el palacio, el castillo-observatorio, la capilla, la torre…). No hace falta decir que mientras los jardines históricos estén abiertos, el Ayuntamiento debe encargarse de su cuidado y vigilancia, garantizando la protección del Bien de Interés Cultural.

Domingo por la mañana, cualquier mes del año, con mis nietos… un buen día para pasar unas horas disfrutando de los jardines del Castillo de Ocharan. Hasta entonces nos vamos de paseo virtual:

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Juantxu Bazán, sábado, 4 de marzo de 2017.

 

[1] Sobre esta cuestión escribí de forma detallada en Barbarie cultural y segregación social

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA VISTA EFECTUADA POR EL GRUPO ALCEDA AL BIC OCHARAN EN OCTUBRE DE 2014:

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PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PODEMOS AL PARLAMENTO DE CANTABRIA.

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En La Vorágine hablando de REPARTO DE TRABAJO PARA CREAR EMPLEO

El próximo jueves estaré en Santander, invitado por la librería Vorágine para hablar de REPARTO DE TRABAJO (REMUNERADO, aclaro) para CREAR EMPLEO, una propuesta que llevo estudiando desde hace varios años y que ha tenido acogida en el gobierno de Navarra, gracias al empeño de Banatu Taldea . El acto ha sido organizado por La Vorágine un referente en Cantabria para el fomento de la cultura crítica, el debate, y las propuestas alternativas al mundo en el que vivimos, y por EquoCantabria.

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Planteo el acto como una charla abierta, salvando las conferencias al uso, si bien el hecho de que así se reproduzca va a depender de la propia asistencia, y de cómo interactuemos. En principio, mi planteamiento, al igual que he hecho otras veces, en Pamplona, es reflexionar sobre la pregunta ¿Es posible en una sociedad como en la que vivimos poner en marcha una programa de REPARTO DE TRABAJO PARA CREAR EMPLEO?

Esbozaré mi planteamiento por el que por cada cuatro trabajadores y trabajadoras que decidan voluntariamente reducir un 20 % de jornada y una parte de su salario (algo menos del 10%) con la condición de que el ahorro de costes se dedique a la contratación de una persona desempleada. Ese es mi punto de partida, plantear un programa viable que haga posible aquello de  TRABAJAR MENOS PARA PODER TRABAJAR TODOS.

Hablaremos de la necesidad de que sean los trabajadores y trabajadoras quienes controlen su tiempo,  EL TIEMPO DE TRABAJO REMUNERADO Y DEL TRABAJO NO REMUNERADO.

No cabe duda de que ello nos lleva a hablar y reflexionar sobre el difícil contexto para poder moverse en la dirección de que este tipo de políticas puedan hacerse realidad. Por eso haré especial hincapié en las premisas y condiciones para que el Reparto de Trabajo sea viable, de cómo lo pueden recibir l@s trabajador@s, el empresariado, y el conjunto de la sociedad. y también hablaremos de cuáles son las direcciones que hay que tomar para que estas políticas puedan ser una realidad en los centros de trabajo.

Así pues, de esto hablaremos el jueves, 9 de febrero. Nos vemos en  La Vorágine.

Juantxu Bazán, a 4 de febrero de 2017.

Más información:

Hablando de Reparto de Trabajo

Recalificación urbanística de la fábrica de Lolín (capítulo 2º) en el que se explica que el concejal dueño de la empresa no puede hacer un convenio urbanístico con el Ayuntamiento y del extraño agrandamiento del solar de la fábrica, entre otras historias.

En la primera entrega Recalificación urbanística de la fábrica de Lolín (capítulo 1º) en el que se reflexiona sobre el dilema entre el interés privado y el interés público y sobre la obligación de cumplir con lo prometido  hablaba de la filosofía que entraña esta operación de recalificación urbanística, una operación que desde mi punto de vista es contraria al interés general. Este artículo ha recibido 510 visitas entre el 6 y el 12 de enero. Durante ese mismo periodo esta cuestión no ha sido tratada en los medios de comunicación locales. Es a través de las redes sociales donde ha habido cierta repercusión. Debo seguir ahora con el segundo capítulo en el que es importante entrar en las cuestiones jurídicas que afectan a esta operación empezando por analizar una cuestión previa de enorme importancia.

Jesús Gutiérrez al ser concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales no puede hacer convenios urbanísticos con el propio Ayuntamiento.

Tal y como anunció su promotor, Jesús Gutiérrez, para que el traslado de la fábrica de anchoas sea viable y se recalifique su solar como zona comercial es necesario tramitar un modificado del Plan General de Ordenación, y tal modificado será resultado de la firma de un convenio urbanístico entre la propiedad y el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Ya avisé en su momento de mi extrañeza de que esto pudiera llevarse a efecto teniendo en cuenta que el promotor resulta ser concejal, portavoz del PRC, y la concejalía de Urbanismo está en manos de CastroVerde, partido que alcanza el poder municipal para contribuir a otra forma de gobierno, y para hacer posible otro urbanismo.  La cuestión es si es éticamente admisible y jurídicamente posible que un concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en nombre de la empresa de la que es propietario y administrador, pueda hacerun convenio urbanístico con el propio Ayuntamiento. Es una cuestión de tal importancia que espero no haya pasado desapercibida al equipo de gobierno, y al concejal de Urbanismo, y entiendo que el Ayuntamiento debe evacuar informes antes de asumir decisiones sobre las que tenga que dar marcha atrás.

Mi respuesta es que no, y lo digo con convencimiento, siempre a salvo de respuesta mejor fundada en derecho.  Jesús Gutiérrez, dueño de su empresa, está en su derecho de hacer negocios con el Ayuntamiento de Castro Urdiales siempre respetando la ley. Pero el concejal del PRC Jesús Gutiérrez no debe hacer contratos con el Ayuntamiento del que es cargo electo, no debe por su manifiesto conflicto de intereses, y porque su presencia como cargo político, concejal del Ayuntamiento, condiciona sin duda la postura del propio Ayuntamiento en el que ocupa una posición de ventaja. No basta con que se abstenga en los órganos o comisiones en los que haya un posicionamiento sobre este asunto; es más simple, no puede contratar: ni puede venderle una caja de latas de anchoas al Ayuntamiento, ni mucho menos hacer un convenio urbanístico de la envergadura que estamos hablando, y que consiste en recalificar el solar que ocupa la fábrica de anchoas Lolín (que pasaría del uso industrial  a comercial), para implantar en ese lugar un futuro centro comercial, una recalificación que implica la obtención de 2.479 m2 de más suelo construido del que ahora dispone actualmente la fábrica. Aclaro para quien no lo sepa que los convenios urbanísticos son contratos administrativos, y entre todos los tipos de contratos que se pueden hacer con un Ayuntamiento es seguramente en este ámbito, el de la recalificación urbanística, en el que hay que cuidar algo más que las apariencias. Jesús Gutiérrez debió optar: o se es concejal, o se hacen negocios con el Ayuntamiento, pero no se pueden ser o hacer ambas cosas a la vez.

Hasta aquí las consideraciones éticas. Las consideraciones jurídicas van por el mismo camino. La legislación española recoge los supuestos de incompatibilidad y conflicto de intereses de los cargos de la Administración. El precepto más claro lo establece la Ley de Contratos del Sector Público en cuyo art. 60.g establece la prohibición de contratar con las administraciones públicas de los cargos electivos, extendiendo tal prohibición a las empresas en cuyo capital participen, y a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y cuñados. Por lo tanto, siendo Jesús Gutiérrez, concejal, y al mismo tiempo dueño y administrador de las empresas Notna S. L. y Anchoas Lolín S. L. no puede firmar este convenio a no ser que renuncie a su condición de concejal.

Digo esto aclarando que no tengo ninguna animadversión hacia Jesús Gutiérrez a quien considero una persona agradable y educada con la que siempre he tenido un buen trato. Tal como defendí en mi primera entrega, esta operación urbanística merece mi interés porque sea  quien sea su promotor es un gran error, y encierra algunas de las perversiones que recuerdan la calamitosa forma de hacer urbanismo en nuestra ciudad, y defiendo que la misma es perjudicial para el interés público. Por lo tanto hay que continuar para tratar de desentrañar aspectos muy oscuros en el fondo del asunto.

El extraño agrandamiento de la fábrica de Lolín delata una apropiación de suelo público.

No puede pasar desapercibido que el autor del proyecto de Modificado del Plan General nº 23 que sustenta esta operación sea Javier Leonardo, de la empresa de ingeniería DIRSUR. Javier Leonardo, ingeniero de caminos, fue director del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales aprobado en diciembre de 1.996. El ingeniero de caminos que redacta el proyectode la fábrica de Lolín es Antonio Martínez Alonso, miembro del estudio de ingeniería DIRSUR. El proyecto se tramita como una reforma de la fábrica de Oleotécnica, sin embargo el volumen se sobrepasa con creces del edificio original, un edificio con una fisonomía que siempre llamó la atención. Un amigo me decíaentlnces: “Esta fábrica que parece un hotel terminará siendo un hotel… al tiempo”.  Bueno, no parece que vaya a terminar siendo un hotel, pero si puede terminar siendo un centro comercial. En aquel proyecto de 1.996 se reconoce una parcela de 5.343 m2. El caso es que en la memoria del proyecto de Modificado del P. G. nº 23 que da forma a esta operación se dice que la parcela de la fábrica es de 5.538 m2 pero a continuación añade que “sin embargo es preciso llamar la atención sobre el hecho de que la cartografía en la que está dibujado el Plan General data de los años 80 y por tanto es bastante inexacta ya que los accesos a la autovía no estaban realizados por lo que el  PGOU recoge el proyecto y no lo realmente construido”(…)”la parcela tiene según medición topográfica reciente 6.178 m2”(…) “Es preciso llamar la atención como los errores cartográficos provocan una diferencia de superficie de 600 m2.”Es decir, el director del Plan General reconoce, ahora trabajando para un particular, los errores cartográficos sobre los que asentó en Plan General. Increíble. Y además falso. Para demostrarlo merece la pena hacer una reconstrucción gráfica de este misterioso agrandamiento de la parcela de la fábrica Lolín. Para ello merece la pena tirar de archivo, y hacer una reconstrucción de su evolución:

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En la imagen puede observarse en seis instantáneas la evolución de la parcela y la delimitación de la calificación que ocupa la fábrica de Lolín, una evolución en la que se aprecia el aumento de ocupación de la parcela y el aumento de la edificabilidad. En la primera se observa la ocupación de la antigua fábrica de Oleotécnica antes de ser comprada por Anchoas Lolín S. A. que también adquiere las parcelas de las dos casas contiguas. Cuando se redacta el Plan General la primera idea que se plantea, es decir, la que figura en el avance de planeamiento que se hizo público (imagen 2), el planificador previó la cesión de espacios en el entorno de la fábrica como zona verde que luego, en el plan aprobado definitivamente (imagen 4) desaparecieron. Curiosamente en el proyecto encargado meses antes y en el que participa un técnico del equipo DIRSUR que redacta el Plan General se reducen considerablemente las cesiones de zonas verdes y espacios peatonales (imagen 3), y en el Plan General aprobado definitivamente se reducen aún más (imagen 4). Un conflicto de intereses manifiesto que se desplaza a favor del promotor perjudicando la cesión de espacios públicos. En cualquier caso, la previsión del Plan General aprobado, y vigente actualmente (imagen 4) es la de ceder un espacio peatonal que nunca se concretó en la realidad y que queda diferenciado del espacio rayado. La realidad (imagen 5) es la de la ocupación más allá del suelo calificado industrial, ocupando finalmente la fábrica el suelo que debió ser peatonal. En la imagen 6, la del centro comercial, se consolida esa ampliación de suelo industrial de facto y contraria al Plan General.

Lo cierto es que no hay errores de topografía ni cartografía, o al menos no son tan apreciables como los que se dicen. La parcela de la fábrica era y ha sido siempre similar a 5.538 m2. Según el registro de la propiedad es de 5.666 m2. ¿Cómo es posible que entonces haya engordado la parcela hasta 6.178 m2? Pues porque en ella se han incluido más suelo del que pertenece a la propiedad, concretamente se ha incluido suelo público. Lo primero que apreciamos es que se incluye como propiedad de Lolín una porción de terreno que corresponde al espacio peatonal y viario que no se cedió en el momento de construir la fábrica. Alguien cometió un error muy grave (por decirlo de una forma amable) y no obligó a la propiedad a respetar las cesiones correspondientes tal como señala el plano del Plan General. La tapia de la fábrica se levantó más allá de los lindes de su propiedad y dentro de la fábrica hay suelo peatonal. Una negligencia incomprensible de los servicios técnicos delante de las narices del director del Plan General.

Sin embargo, si seguimos rascando en esta realidad nos topamos con que el asunto es aún más grave. Los 6.178 m2 que se atribuye la propiedad incluyen suelo de propiedad municipal. No puedo precisar la cantidad pero estimo en al menos 600 m2 la porción de suelo que formaba parte del talud de la antigua vía de ferrocarril de Castro Traslaviña cuyo trazado pasaba por la actual calle Leonardo Rucabado que ahora linda con la fábrica. El suelo que formaba parte del ferrocarril y que a finales del siglo XIX fue expropiado a particulares (en este caso fue siempre municipal pues formaba parte de las campas de san Pelayo y san Antonio pertenecientes al Ayuntamiento) fue comprado en el año 1.974 por el Ayuntamiento de Castro Urdiales a la FEVE siendo alcalde precisamente Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín” en la que fue una magnífica operación que supuso un considerable aumento del patrimonio municipal en suelo. En la planimetría que fue elaborada entonces por el aparejador municipal se observa con absoluta claridad:

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En la imagen superior tenemos a la izquierda un croquis que representa la vía de Castro-Traslaviña. Se muestra con el talud dibujado a ambos lados de la vía en una zona en la que la vía del ferrocarril separaba las campas de san Pelayo (que posteriormente se destinaría para hacer el colegio de Formación Profesional Dr. Zapatero) y la campa de san Antonio que en el año 1.952 sería subastada para adjudicarse a la fábrica REGRASA que más tarde se denominaría OLEOTÉCNICA y sobre la que se construyó la fábrica de anchoas Lolín. Tanto la vía como los terrenos que ocupan sus taludes pasan al organismo estatal FEVE cuando el ferrocarril entra en desuso a mediados de los años sesenta. En 1.974, el Ayuntamiento de Castro Urdiales, siendo alcalde Manuel Gutiérrez Elorza “Lolín” compra al FEVE las propiedades del trazado de la vía de Castro-Traslaviña y Castro-Alén. En la imagen de la derecha se observa la delimitación de la parcela según plano levantado por el aparejador municipal y que formó parte del expediente de compraventa y que se inscribieron en el registro de la propiedad. En ese tramo se señala una subparcela de 2.405 m2. En amarillo se subraya el espacio que puede estimarse es apropiado por la parcela de la fábrica.

Así pues, este asunto, más allá de su necesaria enmienda, es de suma gravedad y va mucho más allá de una discutible recalificación urbanística. Lo es porque se descubre una apropiación de espacio público, por lo tanto lejos de pretender agrandar la propiedad debe procederse a lo contrario, es decir, a respetar las alineaciones del Plan General y devolver el suelo usurpado. En el próximo gráfico, el que se reproduce en la memoria del borrador del modificado del Plan General nº 23 elaborado por Javier Leonardo (DIRSUR) se señala el suelo público ilegalmente ocupado:

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En esta imagen se reproduce la nueva topografía que recoge el agrandamiento de la fábrica en relación con el suelo industrial calificado por el Plan General. La zona que se subraya en verde fosforito y naranja corresponden a los espacios públicos sustraídos, la mayor parte pertenecientes al suelo de propiedad municipal comprado a la FEVE y que formaban parte del talud que lindaba con la fábrica Oleotécnica. El de color naranja (aproximadamente 300 m2 es suelo de propiedad municipal calificado como industrial que tendría que haber participado como un propietario más el aprovechamiento urbanístico, y el trazo de color amarillo fosforito es zona peatonal que no ha sido respetada en las cesiones. Estimo que en total son más de 600 m2 a salvo de una mejor medición.

Error, negligencia, falta de control… necesito hacer un esfuerzo de contención. El caso es que la figura clave en toda esta historia, vuelvo a insistir es Javier Leonardo, ahora contratado para dar forma con este modificado que coloca bajo sospecha de fraude a esta operación urbanística que parte de un extraño y torpe agrandamiento de la parcela a costa del espacio público que pertenece al común de la ciudadanía.

Exceso de edificabilidad y aprovechamiento con una planta de más.

El futuro centro comercial amplía considerablemente la superficie edificada de ocupación de la parcela pasando de los 3.313 m2 que ocupa ahora el edificio de la fábrica de anchoas, a los 4.874 m2 que ocupará el futuro centro comercial. Ello implica un incremento del porcentaje de  de ocupación de la parcela del 60% al 88%. Las normas urbanísticas del P. G. establecen un porcentaje de ocupación del 65% (capítulo X.9.8 de las normas urbanísticas del PGOU) por lo que el nuevo centro comercial proyectado sería ilegal.

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El nuevo centro comercial ocupa el 88% de la parcela, aumentando en un 28% la ocupación de la parcela de la fábrica. Sin embargo, las normas urbanísticas del Plan General permiten un máximo de ocupación de la parcela del 65%.

En cuanto a la edificabilidad vuelve aparecer otra cuestión que me deja bastante perplejo. Según el  Plan General  en suelo productivo de grado 2 el coeficiente de edificabilidad es de 0,70 m2/m2, sin embargo la fábrica de Lolín según el plano tiene las alineaciones y alturas prefijadas, algo que es perfectamente ajustado al Plan General (apartado 2 del capítulo X.9.9 de las normas urbanísticas del P. G.), por lo tanto la edificabilidad se amplía según lo indicado en dicho plano. Lo extraño es que según el plano del P. G. las alineaciones se corresponden más o menos con el edificio construido, pero el nº de plantas no. El Plan General establece tres plantas, es decir, baja más dos, y en su lugar se han construido cuatro plantas, baja más tres, una planta de más. Ninguna otra fábrica del municipio, ni ninguna de las superficies comerciales (Eroski, Netto, Lidl, Dia) ha tenido este tipo de prerrogativas que ahora se trasladan al futuro centro comercial que, según mis cálculos, alcanzará una edificabilidad de 3,12 m2/m2 y 15.454 m2 de espacio construido (un exceso de 5.515 m2).

Esto que es una ilegalidad (otra más) que no fue advertida por los servicios técnicos municipales en el momento de dar la licencia se traslada ahora al nuevo centro comercial, algo que es contrario a derecho, pues las infracciones urbanísticas graves  en modo alguno deben consolidarse con la nueva recalificación enterrando una actuación negligente, la del Ayuntamiento, que en su momento debió actuar.

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El nuevo centro comercial amplía la ocupación de la planta baja y primera, y mantiene las alturas de la edificación de la fábrica. Pero esta ya tenía una altura de más: cuatro en vez de tres.En el cómputo general, si damos por buenas las tres plantas que son acordes al Plan General, la edificabilidad resultante sería de 3.313 x 3 = 9.939 m2. Sin embargo la edificabilidad que resulta de la propuesta de modificado del P. G. es de 15.454 m2, por lo que se produce un exceso de 5.515 m2 de suelo construido que no tiene ninguna justificación. Hay que recordar que el modificado que se propone es de uso industrial a comercial, pero la edificabilidad no puede variar, a no ser que queramos hacer unas normas urbanísticas a la carta, algo que no puede bendecirse si quiera por un convenio urbanístico. Ya sé que esto es muy prolijo para la mayoría de los lectores, pero hay que decirlo.

Termino. No sé cuál será el devenir de este asunto. Su promotor tenía bastante claro que el proceso de negociación con el Ayuntamiento estaba suficientemente avanzado y en breve se iba a proceder a la firma del convenio urbanístico. Ya dije hace unas semanas que asistimos a una convenio oneroso para los intereses muncipales porque si se eligiera otra forma de planificar seguro que se derivarían mejores resultados para el interés público. Pero es que ahora sabemos que este convenio encierra irregularidades que avisan de responsabilidades penales para quien lo sostenga o siga cerrando los ojos a lo que aquí se denuncia.

Juantxu Bazán, 27 de enero de 2017.

Recalificación urbanística de la fábrica de Lolín (capítulo 1º) en el que se reflexiona sobre el dilema entre el interés privado y el interés público y sobre la obligación de cumplir con lo prometido.

Hace ya más de un mes fue presentado por su promotor, Jesús Gutiérrez, el proyecto de traslado de la fábrica de anchoas Lolín de Brazomar al polígono Industrial de Vallegón, una operación que no ha sorprendido a nadie pues ya hace años que lleva urdiéndose y a la que solo faltaba darle forma y encaje. Quizás lo sorprendente es que la misma adquiera publicidad en un momento en el que su promotor es concejal del Ayuntamiento, portavoz del grupo PRC en la oposición, y que se transmita la convicción de ser él quien controla el proceso sobre el que no se atisba ningún tipo de obstáculo. Tampoco se observa que esta operación esté provocando algún tipo de controversia en la opinión pública, y la verdad es que desde mi punto de vista tiene unos agujeros tan grandes que merecen analizarse. En principio, me dedicaré a informar sobre el contenido del proyecto y a reflexionar sobre la filosofía que subyace en esta iniciativa, y en otra ocasióń me posicionaré sobre los aspectos relativos al cumplimiento de la legalidad.

Empecemos por decir que el traslado de la fábrica en cuestión es algo que va más allá de una mera transacción empresarial y que implica una operación urbanística de mucha envergadura que supone la recalificación de los aproximadamente 5.500 m2 de suelo que ocupa la actual fábrica. Tal recalificación consistiría en lo siguiente:

  • Cambio del uso productivo de nivel b a nivel d, lo que significa un cambio en el uso del suelo que permitiría actividades comerciales y deportivas. Hasta ahora solo era posible la actividad industrial.
  • También se produce un aumento considerable en la edificabilidad bruta, añadiendo 1.561 m2 de suelo edificable en planta, y aumentando en 2.479 m2 el suelo construido que se distribuye en espacios comerciales, aparcamientos, gimnasio y pistas de pádel.
  • Se señala la cesión de un espacio peatonal (810 m2) y la construcción de una pasarela para bicis y peatones que conectarían con la vía verde de Castro a Traslaviña salvando la rotonda, así como un espacio deportivo en la última planta del nuevo edificio de unos 1000 m2 (esto último no aparece en la documentación estudiada si bien así ha sido declarado por su promotor).
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Cuadro de superficies según la memoria del borrador del modificado del Plan General del proyecto de traslado de la fábrica de Lolín. El cuadro que expone la propiedad es equívoco pues señala que la superficie actual es de 6.178 m2 cuando la superficie de suelo industrial según el Plan General es de 5.538 m2. La diferencia (640 m2) no es un error de medición como se dice en la documentación aportada por su promotor sino una detracción (apropiación) de suelo público. 

La recalificación tiene su elemento más característico en la conversión de la fábrica de anchoas en un centro comercial y deportivo y se presenta como altamente beneficiosa para mejorar los usos de la zona, el tránsito peatonal, la economía, así como la generación de puestos de trabajo. Se afirma incluso que esto puede ser bueno para el comercio local. Es una manera de interpretar la realidad, aunque no coincide con la que yo mantengo una vez estudiados los documentos a los que he podido acceder (al final de este artículo se ofrece bastante documentación). Diré, no obstante, algo a favor de esta iniciativa: es imprescindible hacer urbanismo, debatir sobre urbanismo, y desde este quehacer plantear la posibilidad de que espacios como la fábrica de Lolín sean susceptibles de albergar otros usos.  Pero también tengo que decir que el camino elegido siendo muy útil para su promotor no es el que conviene al Ayuntamiento. Para poder defender este planteamiento es preciso comprender el entorno en el que nos ubicamos. Desde el monte Cueto, se aprecia muy bien:

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Foto tomada desde la cima del monte Cueto de la zona de Brazomar a finales de noviembre de 2016, en la que pueden observarse las cuatro fábricas que quedan en la zona. 

El entorno de la fábrica Lolin (construida en el solar de la fábrica de Oleotécnica) es el del barrio de Brazomar, espacio que ha albergado la principal actividad fabril en el municipio desde finales de los años 50, y que ha sido acechado por el crecimiento urbano de Castro. Al lado de la fábrica de Lolín subsisten otras tres fábricas: Herrán y Díez, Asco Numatics y Ashland Chemical (esta última ya ha decidido su traslado a la zona industrial de Bizkaia). Esta zona va adquiriendo en los últimos años una vocación comercial tal como se constata con la instalación del híper DIA, el Bazar Chino Bazamar y el híper Eroski. Muy próximo hay otras dos grandes superficies comerciales (Netto y Lidl), y un polígono industrial (La Tejera) en el que se ubican pequeñas empresas comerciales y de reparaciones. Un colegio, dos gasolineras… En fin un mosaico de actividades que, desde mi punto de vista, reúne muchos contenedores con diferentes usos y un lamentable hábitat para peatones y ciclistas, con una pésima circulación, peor movilidad, y sin espacios comunes ni elementos que le den identidad vecinal o un espacio común de relaciones. Además hay algunas parcelas limítrofes sin edificar. En total unas siete hectáreas de superficie, que quizás debieran ampliarse a diez o quince, dependiendo de dónde queramos localizar nuestra área de estudio. No hace falta insistir en la importancia estratégica de esta zona para el desarrollo de la ciudad. Es un área con una topografía muy favorable para albergar diferentes usos, pero en la que se producen otras características muy relevantes a tener en cuenta:

  • Es la zona con mayor tensión del municipio en cuanto al tráfico al ubicarse en las rotondas de salida y entrada de vehículos en dirección a Bilbao, Sámano, La Loma, Mioño, Cotolino y la playa. La fábrica de Lolín se ubica al pie de dos rotondas. La zona es un obstáculo que entorpece la comunicación peatonal y ciclista entre Mioño, La Loma, y Sámano con el centro urbano, algo que repercute de forma muy desfavorable para la movilidad sostenible del municipio en general.
  • El conjunto presenta un elemento determinante para mejorar el hábitat y la calidad de vida de la zona: la ría de Brazomar. Recuperar la ría y configurarla como un espacio de uso y disfrute público preservando los valores ecológicos de este entorno debería ser el nexo de interés común para con ello mejorar la calidad ambiental del conjunto de la ciudad.
  • El traslado de las fábricas (las cuatro) es una oportunidad inmejorable para albergar otros usos públicos y privados que podrían revitalizar el conjunto. Ello permitiría planificar usos residenciales, comerciales y hoteleros, con un espacio aún notable para espacios y equipamientos públicos, articulando tales usos sobre el entorno de la ría.
  • Del resultado de planificar una gran porción de suelo (unas 7 hectáreas que podrían ser ampliables), frente a urbanización de una de sus fincas (unos 5.500 m2), se consigue que el Ayuntamiento pueda recibir una mayor cantidad de aprovechamiento y cesión de dotaciones y espacios públicos permitiendo con ello planificar mucho mejor el conjunto de la zona y articularla con las demás zonas del municipio.
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Ortofoto del entorno fabril y comercial de la fábrica de Lolín en el que se aprecia la importancia de la red de comunicaciones entre el casco urbano con las periferias y las salidas a la autovía y núcleos urbanos menores del municipio, y la centralidad de la ría de Brazomar. 

Hasta aquí el diagnóstico de la situación, sobre la que a buen seguro se podrán hacer matices, apreciaciones, o revocaciones de diferente índole, pero creo que en buena medida podemos estar de acuerdo, incluso desde cualquier posición política o ideológica. Cuando pensamos en el tejido industrial de Brazomar seguro que a muchos se nos representa el ejemplo de Bilbao, y su ejemplarizante transformación urbanística. La constitución de Bilbao Ría 2000 tras el desmantelamiento de la zona industrial de Abandoibarra podría ser un referente a tener en cuenta en el que es posible la colaboración público y privada y defender sin fisuras el interés general, porque en el fondo en la planificación de la ciudad no hay dilema entre el interés privado y público cuando es el Ayuntamiento quien toma las riendas. 

Ello significa que el control sobre el proceso le corresponde al Ayuntamiento, no al dueño de una de las fábricas. Esa es la clave para que el urbanismo tenga consecuencias favorables para el interés general. La propia ley del Suelo establece que en los procesos de transformación urbana es válida tanto la iniciativa privada como la pública, pero la dirección del proceso debe ser siempre pública (art. 8.2 del RDL 7/2015 del texto refundido de la ley del Suelo).

Con el proyecto Lolín sucede lo contrario. Si no lo remedia el equipo de gobierno en el que CastroVerde tiene la competencia de Urbanismo es muy posible que se pierda una gran oportunidad y se recaiga en uno de los sucesivos errores que han teñido el urbanismo en nuestro municipio en los últimos cincuenta años: hacer prevalecer el interés particular sobre el interés general, o lo que es lo mismo, ceder el control del proceso urbano a la iniciativa privada. Eso es lo que sucede (tenemos un montón de ejemplos en el crecimiento urbano de los últimos años) cuando el espacio urbano se trocea para satisfacer los intereses de un propietario, promotor, o empresario, obviando la principal competencia urbanística que le corresponde a un municipio, es decir, la planificación de la ciudad para conseguir mejorar la calidad de vida del conjunto de los vecinos. De ello resultarán siempre beneficios (y cargas) para la parte privada, pero lo primordial es que el Ayuntamiento ponga sobre la mesa la opción más ventajosa para el interés público, algo que solo puede entreverse si se planifica desde la globalidad, atendiendo a todo el territorio, y no solo a la parte que afecta al dueño de un solar.

La obligación de cumplir con lo prometido: “Un urbanismo al servicio de la ciudadanía, no de intereses especulativos”.

El proyecto Lolín  acaba de solventar el “trámite estratégico ambiental”. Según el itinerario marcado por su promotor a continuación se dará forma a un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento se comprometerá a tramitar el modificado del Plan General para justificar legalmente el cambio de uso de la parcela que precisa esta operación urbanística. Es el modificado del plan general nº 23. Hay que decir además que es el vigésimo tercer modificado de un plan general que no está siquiera adaptado a la ley del Suelo de Cantabria.

El equipo de gobierno formado tras el pacto CastroVerde – PSOE lanza un mensaje a la ciudadanía en el que pretende “implantar una nueva forma de gobernar, basada en la ética, el servicio al ciudadano, la búsqueda del interés general, la transparencia y la participación ciudadana”. Una nueva forma de gobernar, o si se prefiere un nuevo modelo de gobernanza, implica otro modo de hacer urbanismo, algo parecido a lo que CastroVerde (responsable del Urbanismo) declaraba en su programa electoral: “Un gobierno para reconducir la situación del urbanísimo y regenerar la política urbanística de nuestra ciudad, un urbanismo al servicio de los ciudadanos no de los intereses especulativos”. En el nuevo modelo de gobernanza que se predica lo fundamental es que se cumplan los pactos adquiridos con la ciudadanía. Esto es justamente lo que a mí y a muchas personas que fundamos CastroVerde nos animó a apoyar e impulsar este proyecto. Por lo tanto, aquí no hay dilema entre el interés privado y el interés público, el dilema, el auténtico dilema, es cumplir con lo que se dice. Y este es un dilema que si se quiere se resuelve bien, pues sólo cabe una dirección posible, la de tomar medidas para hacer aquello que fue prometido.

Y eso es lo que reclamo: que el Ayuntamiento tome las riendas del Urbanismo, que los planes urbanísticos, como el que nos ocupa, vayan acompañados de la necesaria transparencia, y de la participación ciudadana que predica un nuevo estilo de gobierno. Eso significa convocar a ciudadanos, profesionales, asociaciones. Abrir espacios de debate y de participación. Estudiar fórmulas que propicien una mejor relación entre los espacios públicos y privados, la evaluación de las necesidades sociales, la gestión del espacio común, la previsión de espacios para equipamiento públicos y zonas verdes. Gobernanza y política urbana en la que se defienda el interés público.

Quizás, resultado del necesario debate sobre el futuro de la ciudad y sobre el urbanismo lleguemos a la conclusión de que los convenios urbanísticos con particulares han resultado ser un pésimo negocio para los intereses municipales, y que lo que urge ahora es repensar la ciudad, diseñar el futuro del municipio, reflexionar sobre lo que nos interesa y sobre lo que queremos, y cuando lo tengamos claro hacer lo que toca: revisar el Plan General y que el Ayuntamiento tome la iniciativa sobre el futuro del municipio.

Juantxu Bazán, 5 de enero de 2.017.

Información obtenida en periodo de información pública en la Dirección General de Urbanismo, el pasado 30 de noviembre, en el que pude ver la documentación que acompaña al Informe Ambiental Estratégico y fotografiar algunos documentos que lo acompañan.

Publicación BOC del Informe Ambiental Estratégico

Memoria Borrador Modificado del Plan General nº 23

Informe de la D. G. de Ordenación Territorial del Gobierno de Cantabria.

Alegaciones presentadas por ARCA en trámite de consultas.

Intervención de Jesús Gutiérrez en CastroPuntoRadio presentando el proyecto:

http://www.ivoox.com/entrevista-a-jesus-gutierrez-castro-sobre-traslado-audios-mp3_rf_13992448_1.html

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Fotografía del plano del futuro centro comercial en el que se ha ampliado en planta 1.561 m2.

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Fotografía del plano con las cuatro plantas del futuro centro comercial con una ampliación del suelo edificado de 2.479 m2. 

Calendario Cargadero 2017… para que la Administración anote su obligación de salvar el Cargadero.

Tal como vengo haciendo en los últimos años el calendario para el próximo 2017 con la imagen del cargadero de Dícido para anotar y observar el paso del tiempo. Siempre digo lo mismo sobre este monumento BIC. “…una obra única y de gran belleza en la que se encuentran la tierra y el mar. Actualmente en riesgo de desaparecer por efecto de la corrosión y del paso del tiempo”. Y añado: “…y por la inactividad de la administración”

A lo largo del 2016 se han producido algunos acontecimientos para llamar la atención sobre la situación del Cargadero y reclamar una urgente intervención. Mencionaré algunos:

  • El 31 de enero CastroVerde hizo una marcha, bastante concurrida, para explicar la situación del cargadero. Esta es la crónica.
  • El 4 de abril el parlamento de Cantabria aprueba por unanimidad (esto no sucede casi nunca) una Proposición No de Ley  del grupo parlamentario Podemos para apremiar al consejero de Cultura a intervenir de forma urgente sobre el Cargadero de Dícido.
  • Esta proposición viene precedida por otro acuerdo también inédito, el de los tres colegios profesionales (Ingenieros Industriales, Arquitectos e Ingenieros de Caminos) para  solicitar la urgente rehabilitación del BIC. Más recientemente el decano del colegio de Ingenieros Industriales ha vuelto a insistir en necesidad de una actuación urgente, tal como puede leerse en CastroPuntoRadio.
  • Incluso el presidente del gobierno de Cantabria, Revilla, se ha interesado por el problema del Cargadero, ha mostrado su interés, y propósito para  “impulsar la acción conjunta de las consejerías”.
  • Finalmente, tras firmarse un protocolo de actuaciones entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Dirección General de Cultura y Demarcación de Costas de Cantabria, el alcalde de Castro Urdiales anunció el 16 de octubre que en dos semanas podrá reunirse la comisión técnica para dilucidar lo que debe hacerse con el cargadero, comisión técnica compuesta por técnicos de las tres administraciones. Han pasado diez semanas y la comisión no se ha reunido. 

Así estamos. Un año en el que se ha hablado mucho del Cargadero, y en el que se ha plasmado sobradamente la relevancia de este monumento y la necesidad de actuar urgentemente. Sin embargo, tengo la impresión de que hay una saturación de buenas intenciones, pero muy pocas acciones. Propósitos de actuar,  declaraciones de voluntad… y blablablá. 

Mientras tanto, el Cargadero de Dícido subsiste en su  inquietante incertidumbre. Y llegamos al 2017 en el que quizá se nos anuncie una fecha en la que por fin se reúna la famosa comisión técnica, y otra fecha en la que el Cargadero tenga un plan para su restauración, y quizás otra en la que se inicien los trabajos de restauración, o de consolidación o lo que es lo mismo su salvación, y todo ello a pesar de que el tiempo y la sonrojante inactividad de la Administración  podrían terminar dando la razón a aquellos que por su ignorancia persisten en creer que el cargadero no se puede rehabilitar. A ellos va dedicado este calendario, para que recuerden su obligación de proteger este singular patrimonio, y anoten fechas. 

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Calendario 2017 adaptado al calendario laboral de Castro Urdiales.

 

Juantxu Bazán, 23 de diciembre de 2016.

 

Más información sobre el cargadero de Dícido:

https://juantxubazan.com/2015/02/08/imagen-del-cargadero-de-dicido-despues-del-temporal/

https://juantxubazan.com/2015/12/26/calendario-2016-para-recordar-que-hay-que-salvar-el-cargadero-de-dicido/

http://www.viasverdescastrourdiales.es/index660e.html?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=22

https://juantxubazan.wordpress.com/2013/12/02/75o-aniversario-del-cargadero-de-dicido-conferencia-de-maria-luisa-ruiz-bedia/

https://juantxubazan.wordpress.com/2013/12/02/75o-aniversario-del-cargadero-de-dicido-conferencia-de-joaquin-carcamo/

 

 

Tablero (cuatro tiempos).

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Tablero de ajedrez (o campo de batalla) en cuatro tiempos. Elaborado con programas de edición GIMP y Scribus. 1 de diciembre de 2016.

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Observo que los cursores de la presentación se superponen a la parte inferior de la imagen. Peo no lo voy a cambiar. La vida, a veces, también es así. Superposición.

 

J. B.

2 de diciembre de 2016.

Cartel para ponerse en marcha… (tres versiones).

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Primera idea para cartel de marcha al cargadero de Dícido, organizada por CastroVerde. Enero de 2016.

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Cartel publicado. Enero de 2016.

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Tercera versión.

Comida Basura.

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Fotomontaje a base de collage de fotocopias de papel. Octubre, 2016.

Castro Urdiales, ciudad rápida.

Hace treinta años nació el Movimiento Slow en Italia como un acto de indignación, de protesta ante la inauguración de un restaurante de la cadena Mc Donald’s, en la piazza di Espagna de Roma. A partir de ese momento el Movimiento Slow, simbolizado por el caracol, se extendió muy despacio por Italia y luego al resto del mundo predicando el control de las personas de su propio tiempo, promoviendo una vida lenta, una vida sana y tranquila, el apoyo a la gastronomía local y el respeto por la naturaleza. En este mismo periodo la cadena Mc Donald’s se ha extendido por todos los continentes de manera fulgurante generando altísimos beneficios para la multinacional y propagando su filosofía: comer rápido y comer barato. Es decir, comer mal.

En Castro se inaugura dentro de unos días un establecimiento de la cadena Mc Donald’s, el Mc Auto de la rotonda de Brazomar. Este tipo de establecimientos, los macautos, añaden a los hábitos de comer rápido la arriesgada decisión de no detenerse mientras se viaja, o la impagable contribución de ser el cliente el que acude al proveedor para llevarse sus hamburguesas a casa sin salir del coche, preparadas para comer. El nuevo McDonal’s se localiza en un lugar estratégico, muy visible y accesible a los vehículos motorizados, justamente a la entrada y salida del casco urbano, en el cruce de carreteras que dan acceso a la autovía A-8, a la carretera de Sámano, al centro urbano, a la playa, y a la N-634. Esa rotonda, ahora dominada por la imagen del Mc Donald’s, es probablemente el lugar que almacena mayor tensión en cuanto a tráfico se refiere de todo Castro Urdiales, y a nadie le ha parecido contraproducente que un Mc Donald’s justamente ahí, al pie de la rotonda, a pesar del riesgo y de las dificultades de tránsito. Mc Donald’s añade estrés en una zona ya estresada.

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Mc Donald’s llega a Castro con el distintivo de ser el primer Mc Auto de Cantabria un año y medio después de la inauguración del Burger King en el centro histórico de Castro Urdiales. Este establecimiento ocupa los bajos de uno de los edificios más sobresalientes y mejor ubicados del centro histórico de Castro Urdiales, la casa de Isidra del Cerro, frente al parque de la ciudad y a unos metros de la bahía de Castro Urdiales. Mc Donald’s perfectamente visible en la entrada de la ciudad, y Burger King en el mejor edificio del ensanche histórico. Las multinacionales de la “fast food” se ubican estratégicamente en el espacio urbano haciendo patente su opulencia. Castro Urdiales se convierte así en plataforma de las encarnizadas luchas de competencia entre las dos grandes multinacionales de la comida rápida (para muchos “comida basura”, o “comida chatarra”), desterrando cualquier posibilidad de acercarse al movimiento slow como ya han hecho las cercanas villas vizcaínas de Munguía, Lekeitio o Balmaseda.

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Nunca he comido en un Burger King, ni tampoco en un McDonald’s, a pesar de que mis hijos cuando eran pequeños a veces me lo reprochaban con resignación. Mantengo la convicción de que hay cosas en las que no debe cederse, y si, en cambio, resistir a la imponente acción del marketing en la que los niños son precisamente los más vulnerables. Al margen de la literatura negra que versa sobre la mala calidad de la comida que se expende en estos locales, siempre me han parecido de una estética gritona, muy incómodos para compartir un rato agradable con quien sea. La uniformidad y la mediocridad de sus menús me producen aburrimiento, y creo que las familias deberían estar mejor informadas de lo que se cocina en estos locales. Sé que, como casi siempre, navego a contracorriente, y es imposible detener una fiebre por consumir barato algo que a la gente le parece bueno. Hay que advertir que estamos muy condicionados por aquello que comemos, y si estuviéramos más informados, quizás aquello que nos parece bueno y barato resulte ser malo y caro… caro para la salud. Estas grandes cadenas norteamericanas invierten muchísimo dinero en campañas de marketing y publicidad para transmitir a sus consumidores que una hamburguesa Big Mac está deliciosa antes de comérsela, y sus productos están diseñados de tal manera que después de comérsela seguirá pensando que su hamburguesa Big Mac era efectivamente tan deliciosa como parecía en la imagen publicitaria, y así de buenos nos parecerán también el Big Chicken, o el monumental Double Whopper. Si Burger King dice que su carne procede 100% de carne de vacuno, no tenemos por qué sospechar lo contrario pues es lo que reza en su publicidad, y ello es garantía de certeza, y así lo creemos.

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Pero deberíamos pensar en lo que no se dice: las partes del vacuno que nutren la super hamburguesa, las condiciones de crianza de los pollos que componen sus famosos nuggets y ensaladas, y las condiciones de almacenamiento y conservación de sus carnes, vegetales y salsas. Unas buenas patatas fritas tienen dos ingredientes: patatas, aceite (y sal si se quiere). Las de Mc Donald’s tienen catorce ingredientes, entre ellos varios aceites de muy bajos costes modificados genéticamente, y aditivos para añadir sabor, además de conservantes que pueden ser muy nocivos para la salud, como por ejemplo el pirofosfato ácido de sodio, “una sal comestible fosfórica que evita la decoloración de los alimentos, como en las patatas crudas, y en este caso se utiliza para mantener el color de las patatas fritas más tiempo” (1). ¿Alguien puede decirme por qué Mc Donald’s necesita mantener el color de las patatas fritas más tiempo? Lo digo por si acaso: porque necesita hacernos creer que sus patatas fritas son realmente buenas.

La comida es uno de los principales momentos de la vida y debiera vivirse con tranquilidad. Presiento que Mc Donald’s y Burger Kings lo están llevando al terreno de la banalidad: comer cuanto antes para que los niños se pongan a jugar con el payaso, el regalo sorpresa, o los videojuegos. Todos los vicios de la mala educación que queremos evitar en el hogar en Mc Donald’s están permitidos. Observo muchas veces al pasar los comedores del Burger King bastante concurridos, sin duda nº 1 durante el último año en las preferencias de consumo de comida rápida para muchas pandillas de jóvenes, parejas y familias con niños pequeños. Auguro un éxito similar en el macauto de Mc Donald’s, ahora su competencia directa. Así que por mucho que me empeñe, la cultura del estrés y del malcomer se impone en mi ciudad que ya nunca será una ciudad lenta.

Juantxu Bazán, 9 de octubre de 2016.

(1). David Díaz Gil “La verdad sobre las patatas fritas de Mc Donad’s. Vitónica, abril de 2014: http://www.vitonica.com/alimentos/la-verdad-sobre-las-patatas-fritas-del-mcdonald-s